Todos los gastos de seguridad autorizados que están detrás de la prevención de las tomas clandestinas en México ascienden a 158 mil 333 pesos cada hora, o 3.8 millones de pesos al día, de acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Pemex.
Estos gastos son los que destina la petrolera nacional a arreglar las perforaciones, paro de bombeo, personal para reparar, agentes de investigación, vigilancia permanente de los tubos, entre otros, y que finalmente se integran en el costo de cada litro de gasolina que consumimos en el país.
Estos costos, clasificados como “prevención del delito” fueron aprobados por la CRE en la resolución 224/2016 publicada el 22 de marzo del 2016, y enlista las tarifas que aquellos que utilizan los poliductos del país tendrán que pagar en el periodo de 2016 a 2018.
Las tarifas se aprobaron según la ubicación del ducto, la incidencia reconocida estadísticamente, entre otras variables.
Cada litro de gasolina los considera, pues la tarifa de transporte es uno de los componentes en la fórmula del precio que aprueba la Secretaría de Hacienda para las estaciones de la franquicia Pemex del país, así como en los estados donde ya está liberalizado.
Estos costos de prevención están calculados con la capacidad de uso actual promedio, de 26 por ciento, de todos los poliductos que transportan petrolíferos.
Si los ductos se utilizaran al 100 por ciento, como se espera que suceda con la liberación del mercado y el crecimiento de la demanda de combustibles en México, entonces los costos pro prevención del delito ascenderían a 645 mil pesos por hora, es decir, 15.5 millones de pesos diarios.
Uno de los mayores riesgos es que con la liberación del mercado y la temporada abierta, estos costos deberán ser reconocidos por las empresas privadas y pagados a Pemex, teniendo como posible consecuencia que sean directamente trasladados al consumidor final, advirtió Ramses Pech, analista del sector energético de Caravia y Asociados.
“Son sobrecostos de Pemex, que en su momento los privados tendrían que adicionar o al ser un mercado abierto considerarlos como un riesgo del país.
“Hay que ver cuánto tendría que colocar adicional en sus costos directos por este concepto”, puntualizó Pech.
En algunos casos como en el ducto Guaymas-Obregón se reconocen costos de hasta 49 mil 450 pesos diarios en el caso de la utilización al 100 por ciento.
Consultada al respecto, la CRE explicó que los costos de prevención del delito no son para combatir o remediar la inseguridad, porque verlo de esa manera “legalizaría” el robo de combustibles.
Sin embargo, para Cesar Cadena, director de Grupo Energéticos, en términos prácticos, lo anterior sí implica que se está legalizando el robo mediante esta medida.
“Pemex no reconoce el robo y la CRE no le reconoce a Pemex esa posición, hacemos entonces una solución a la mexicana, porque llegan a cobrar hasta un 2.5 por ciento adicional del volumen por seguridad. Para mí, eso significa que estamos legalizando lo robado, o sea ya hay una fórmula para que me pagues lo robado”, dijo Cadena.
Fuente: El Financiero