Una decena de organizaciones de la sociedad civil rompió con el régimen la Alianza para el Gobierno Abierto, compromiso internacional de confianza, transparencia y rendición de cuentas, convocado por Barack Obama en 2011, con el aval de la ONU, en el que México había pretendido erigirse como un ejemplo mundial.

 

La acusación de espionaje contra activistas en materia de salud y obesidad, promotores del mayor impuesto a los refrescos, es un escándalo.

 

–¿Por qué denuncian espionaje del gobierno?

 

Al parecer los agraviados aseguran que en el mundo de las instituciones de inteligencia nacional “alguien” los vigila mediante la utilización un software llamado Pegasus, fabricado en Israel, que solo se vende a gobiernos para asuntos de seguridad interna (información basada en un documento de la agrupación canadiense Citizen Lab, avalado por la Universidad de Toronto, Canadá, difundido por el diario The New York Times).

 

Dentro del gobierno, a ese “alguien” se le ocurrió la idea de que los organismos no gubernamentales representan una amenaza contra las instituciones y por lo tanto se les debe aplicar el mismo tratamiento que a los cárteles de la droga o las bandas de “huachicoleros”, a pesar de que esas organizaciones de la sociedad civil han fungido –a lo largo de casi seis años– como referencia, fuente de propuestas y contrapeso necesario ante resistencias naturales de la estructura del Estado para abrirse y ofrecer información.

 

¿O será que precisamente por eso los espiaron?

 

¿Organizaciones incómodas como el Instituto de salud Pública, El Poder del Consumidor, ContraPESO, Cultura Ecológica, Artículo 19, Causa en Común, o el Centro de Investigaciones Espinoza Iglesias, deben ser tratados como bandas criminales?

 

¿Olvidó el gobierno que los agraviados son interlocutores “amigos” reconocidos por la administración del presidente Peña?

 

El espionaje se denunció en febrero pasado y cien días después las autoridades responsables de investigar no han brindado respuesta alguna, al contrario, han ocurrido hechos que avivan la sospecha de acoso oficial contra personas y organizaciones incómodas, como en los casos de María Elena Morera, de Causa en Común, a quien allanaron sus oficinas para robar discos duros de sus computadores, al igual que a Genaro Lozano, columnista del diario Reforma, o a Enrique Cárdenas, director del Centro de Investigaciones Espinoza Iglesias, amenazado por el senador Carlos Puente, del Partido Verde, con “utilizar” al SAT de Hacienda para escudriñar sus finanzas. Ha trascendido que, a otro activista “incómodo” le cayeron encima cinco auditorias del SAT, el mismo día y a la misma hora; ¿habrá sido pura casualidad?

 

Tanto el espionaje ejercido por alguna entidad encargada de la seguridad, como el probable uso del SAT como instrumento de golpeteo político, son acusaciones que manchan al gobierno federal con la tinta del autoritarismo y la represión; una sospecha que desprestigia a México, que cancela cualquier posible acto de legitimidad otorgado por el reconocimiento de la sociedad civil, que devalúa la confianza pública en las instituciones y contamina el ambiente político.

 

La ruptura de las ONG’s aludidas es mucho más que un berrinche; académicos y activistas confrontan a las autoridades del Estado, hasta en tanto no se aclare el agravio que abre un enorme boquete en la credibilidad que del gobierno.

 

Desde Washington, La Open Government Parternship, que concentra las gestiones de la Alianza para el Gobierno Abierto en Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, Noruega, Filipinas y México, hace un llamado a la conciliación de intereses entre las organizaciones civiles y las autoridades nacionales. De este lado, la Secretaría de la Función Pública hace un llamado a los “rupturistas” para que presenten las denuncias correspondientes.

 

EL MONJE SUSPIRANTE: Sin evasivas, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, confirma sus aspiraciones para convertirse en una opción viable cuando el PRI decida su candidato presidencial: “un servidor público de vocación pues sí tiene esa aspiración, pero depende de las condiciones y del escenario; lo que la gente agradece es que seas directo”, nos dice el hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, quien no acostumbra especular, pedir prestado sin aval, y menos lanzarse por “la libre”.