Las Fuerzas Armadas están tragando gordo; se intenta denostarlas para demostrar que los soldados no son héroes sino asesinos.

Videos difundidos en redes sociales no son un juego virtual; muestran escenas de una probable emboscada perpetrada por “huachicoleros” contra elementos del 25avo.  Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, y la presunta ejecución alevosa de Paulino Martínez Silva, alias El Pavi o El Pavín, detenido y previamente sometido, a manos de un soldado que le dispara un tiro en la cabeza.

La Defensa Nacional asegura que todo lo ocurrido la noche del 3 de mayo en la población de Palmarito Tochapan, en el municipio poblano de Quecholac, será investigado; que no se trata de ocultar la verdad, proteger a nadie y menos evadir responsabilidades.

De acuerdo con el actual Código de Justicia Militar, cuando haya civiles implicados en un probable delito cometido por soldados, toca a la PGR armar el rompecabezas para averiguar con celeridad y precisión, si lo ocurrido fue cierto o no, si los videos son auténticos, si fueron manipulados y editados a conveniencia de los “huachicoleros” quienes controlaban las cámaras de video y administraron la difusión del material para exhibir a las Fuerzas Armadas por abuso de la fuerza, y en tal caso, deslindar responsabilidades sin cortapisas. En caso de culpabilidad comprobada, el infractor pagará el delito, primero ante la justicia civil y posteriormente ante la justicia castrense.

Mientras, los videos han resultado un misil contra la institución militar, que otra vez ha sido colocada en el banquillo de los acusados; la opinión pública tiene razón en verlo de esta forma.

La sociedad podrá lamentar la agresión criminal contra los miembros del Ejército, cuatro de los cuales perdieron la vida y otros 11 resultaron heridos en el operativo para capturar a los “chupaductos”, pero no tolera que los soldados víctimas se conviertan en victimarios.

Las Fuerzas Armadas de ninguna manera deben ser vistas como instrumento de venganzas, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos. El video de la supuesta ejecución extrajudicial es de un impacto brutal.

El soldado hasta ahora desconocido parece haber reaccionado de la peor manera, pero al haber sido parte en un operativo y portar el uniforme militar no deja de ser un representante del Estado; no es un infiltrado sino un elemento que daña la imagen de la institución más respetada del país. ¿Una parte define al todo?

De llegar a confirmarse la actuación del probable soldado asesino, el calor de la refriega, la tensión y el peligro constante a que están sometidos nuestros soldados en combate al crimen no son atenuantes. De ninguna manera se puede argumentar uso legítimo de la fuerza.

La diferencia entre quienes defienden la ley y las fuerzas criminales es que los primeros no pueden salirse del marco de la justicia a riesgo de que el abuso en sus acciones los iguale a los criminales.

Lo ocurrido en Puebla pone a prueba los protocolos de las Fuerzas Armadas tanto en la realización de operativos como en la preparación de sus elementos para enfrentar la violencia.

La transparencia de la justicia militar está a prueba. Un hecho tan público como el que ahora nos horroriza, solo puede juzgarse y sentenciarse de cara a la sociedad.

La ejecución videograbada revela la urgente necesidad de un marco regulatorio de las actividades militares en el combate a la delincuencia y un reglamento estricto que evite a elementos incapaces poner en tela de juicio la labor de toda la milicia.

 

EL MONJE INDIGNADO: Human Rights Watch, peso pesado en la promoción de los derechos humanos en el mundo, se subió al debate sobre las Fuerzas Armadas. José Miguel Vivanco, director de la organización exige castigar al presunto culpable de la ejecución extrajudicial; reta al Estado Mexicano a demostrar que la palabra del Secretario de la Defensa no es hueca. De ese tamaño es la presión a la que están sometido el Ejército Nacional.