¡Extra!, ¡Extra!, ¡Nos están matando!, ¡Ya Basta!, ¡Ni uno más!; conmocionan los gritos de rabia acumulada entre la prensa nacional.
La muerte de Javier Valdez Cárdenas, acribillado a plena luz del día en Culiacán, es otra gota que derrama el vaso. Nunca antes se había visto indignación igual en el gremio informativo.
Van seis informadores asesinados en lo que va del año; 35 en el sexenio; 98 desde 2006; 126 en lo que va del siglo (uno cada 12 días), lo cual pone en evidencia que los mecanismos para proteger a libertad de expresión, y la labor de los informadores, no han demostrado eficacia.
En México ser periodista es una profesión de alto riesgo, y no se ven acciones contundentes del Estado para garantizar que no se repita una muerte como la de Javier Valdez Cárdenas, quien al igual que Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, y muchos otros antes, fueron ejecutados a mansalva.
No sabemos si esos colegas fueron ultimados por los cárteles de la droga, o por caciques del poder que ven florecer sus intereses al amparo de la corrupción bajo la impunidad y la ineficacia que de ella emanan, como alicientes para instaurar el reino del miedo; periodistas, acosados, agredidos y asesinados son carne de cañón del estado fallido, incapaz de diseñar una estrategia eficaz del tamaño de la urgencia para atender un padecimiento crónico.
México encabeza la lista de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo, sumido como está en una cultura de violencia imparable.
Parece olvidarse que sin periodistas no hay información, sin información no hay crítica, sin crítica no hay Gobierno, sin gobierno no hay democracia, sin democracia no hay desarrollo y crecimiento, ni oportunidades, ni igualdad ante la ley, ni equidad en la distribución de la riqueza, ni justicia ni seguridad y ni respeto a las obligaciones y a los derechos humanos; sin periodistas la sociedad queda al garete.
Las agresiones contra periodistas reflejan una profunda descomposición de las estructuras del Estado.
–¿De que ha servido la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que ha tenido cuatro titulares desde su creación en 2011, y solo ha emitido tres sentencias?
El órgano ha sido cooptado por la burocracia inoperante, lo cual a fin de cuentas sólo ha servido como aliciente para que el crimen organizado de cualquier manera pueda cometer cada vez más crímenes contra periodistas con plena garantía de impunidad.
A los periodistas que nacieron para la información, no para guardar silencio, los matan por incómodos, y porque no pasa nada. La cruda realidad es indigesta.
Los ataques a comunicadores, los atentados a la libertad de expresión y al derecho a la información son el punto extremo de la podredumbre que afecta a todos los esquemas de gobierno y a todas las autoridades de país.
A estas alturas no valen los pretextos resolver todos los casos pendientes ni terminar con la impunidad, lo cual solo podrá ocurrir cuando los asesinos dejen de estar protegidos por autoridades ineptas y negligentes, en los tres niveles de gobierno.
El presidente Peña advierte que cada crimen contra un periodista es un atentado contra la libertad de expresión y causa una herida profunda a la sociedad. Anuncia medidas para combatir la impunidad larvada detrás de los crímenes contra informadores; prometefortalecer la estructura y presupuesto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión; proteger a los informadores y activistas de los derechos humanos y crear Ministerios Públicos especializados en libertad de expresión para reducir situaciones de riesgo en todo el país y garantizar el derecho a la verdad que no se mata matando periodistas.
Pero…
Mientras no se cumpla la palabra presidencial empeñada en la voluntad de todas las autoridades, los periodistas vamos a seguir muriendo, y México seguirá siendo un infierno para los del oficio y un paraíso para la impunidad.
EL MONJE INDIGNADO: Para exigir justicia no bastan moños negros.