Hace menos de un año, la brasileña Dilma Rousseff fue destituida en medio de un torbellino de reclamos sobre deshonestidad financiera. Y ahora la presidencia de su sucesor, Michel Temer, también está en peligro.

A mediados de mayo fueron filtradas unas grabaciones que parecen captar a Temer, quien ya había sido acusado por aceptar fondos de campaña presuntamente ilegales, sancionando el pago de sobornos a un legislador preso por corrupción. Muchos ahora creen que también enfrentará un proceso de juicio político como su antecesora. A finales del mes, Temer movilizó a las tropas para apaciguar protestas en su contra, lo que fue visto como una señal de inseguridad dentro del gobierno.

La ciencia política indica que lo que sucede en Brasil es un ejemplo de cómo las “islas de honestidad” en los sistemas corruptos —como los fiscales independientes y los tribunales con voluntad y autoridad de imponer el Estado de derecho— pueden chocar con redes de corrupción atrincheradas, lo que a la vez provoca esfuerzos de las élites políticas por protegerse a sí mismas, y llega a estropear estos mismos esfuerzos.

Y mientras las fuerzas honestas y las corruptas luchan unas contra otras, sus choques pueden tener efectos impredecibles en el sistema político.

“Debemos tener un pacto”. Romero Jucá, un influyente legislador, fue grabado en marzo de 2016 diciendo esto a Sergio Machado, un exejecutivo de una subsidiaria de la compañía petrolera Petrobras, cuando ambos debatían sobre la necesidad de remplazar a Rousseff para proteger a otros y a ellos mismos de cargos de corrupción.

Las palabras que usó fueron apropiadas: en el habla de la ciencia política, una “transición pactada” es aquella en la que los miembros de la élite, con frecuencia dentro del gobierno o en su círculo de aliados, unen fuerzas con la oposición para remplazar al presidente o al régimen con la esperanza de proteger sus propios intereses. El término se usa generalmente para explicar cómo un régimen autoritario transita a la democracia, pero también ofrece una explicación útil de cómo funcionan los procesos de juicio político y de destitución dentro de los sistemas democráticos.

En Brasil, los políticos de oposición y otras élites —incluyendo a Machado y a Jucá— cooperaron en la impugnación de Rousseff en agosto de 2016.

Muchos analistas creen que los cargos contra ella, por violar las leyes presupuestales al tomar prestado de un banco propiedad del Estado para compensar un déficit, fueron menores.

“Se estaban desarrollando múltiples juegos con la destitución de Dilma”, dijo Ken Roberts, un politólogo de la Universidad de Cornell experto en Latinoamérica. “En cualquier proceso de destitución existen intereses políticos y partidistas. Nunca es una cuestión estrictamente jurídica”.

Algunos políticos vieron el proceso de juicio político como una oportunidad de obligar al Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff a abandonar el poder, dijo. Pero otros parecen haber creído que un nuevo gobierno cerraría una investigación de corrupción expansiva que habría implicado a casi toda la élite política y económica de Brasil, y a la cual Rousseff rechazaba poner bloqueos.

La corrupción depende de un “equilibrio”, según han escrito la economista política Miriam Golden y el economista Ray Fisman. La gente paga o acepta sobornos porque cree que todos los demás lo hacen. Esto puede traer como consecuencia que los actos de corrupción se esparzan velozmente en un sistema, como metástasis de un cáncer, adueñándose de las instituciones políticas.

Sin embargo, cuando fiscales o jueces obtienen la independencia suficiente para investigar y procesar estos actos, la corrupción extendida se vuelve de repente una vulnerabilidad extendida, lo que incentiva a los políticos a tomar medidas drásticas con el fin de protegerse.

En Brasil, algunos políticos parecen haber visto la destitución de Rousseff como una medida drástica pero necesaria. En la conversación grabada, Machado le dijo a Jucá que quería ver “la partida de Dilma”, agregando que Temer “integraría un gobierno de unidad nacional, haría un gran acuerdo, protegería a Lula y a todos. Este país volvería a estar en calma”.

No obstante, las llamadas transiciones pactadas pueden ser vulnerables. Si las instituciones o los electorados poderosos no se comprometen con los términos del pacto, pueden actuar como aguafiestas, lo que debilita al nuevo gobierno.

Los políticos que presionaron para abrir el juicio político contra Rousseff parecen haber asumido erróneamente que la poderosa oficina del fiscal y la judicatura se alinearían y que el gobierno de Temer sería capaz de derribar o limitar la investigación sobre corrupción.

Eso no ha sucedido. Los procesos por corrupción han continuado bajo la presidencia de Temer y se han enfocado en algunas de las personas más poderosas del país.

Eduardo Cunha, exvocero de la Cámara de Diputados y un arquitecto clave de la destitución de Rousseff, fue encarcelado por cargos de corrupción y lavado de dinero en marzo y lo sentenciaron a quince años de prisión. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta múltiples cargos criminales.

El pueblo brasileño también pudo haber sido un aguafiestas importante. El nuevo gobierno fue impopular desde el principio, dijo Amy Erica Smith, una profesora especialista en Brasil de la Universidad Estatal de Iowa. “Temer llegó y desde el primer día estuvo hundido en cuanto a su popularidad.”

El apoyo de las masas es clave para el éxito una transición pactada, dijo Tom Pepinsky, profesor de Cornell que estudia el autoritarismo y el cambio de régimen. En los países en los que han tenido éxito tales transiciones, el respaldo público le ha conferido al nuevo gobierno la autoridad para gobernar, lo que a su vez ayuda a que las instituciones se fortalezcan y sean más estables.

Pero si la gente se opone a la transición, dijo Pepinsky, el poder y la autoridad del gobierno se debilitan.

El clamor contra Temer sugiere que el pueblo no va a tolerar la corrupción política y que el sistema legal brasileño tiene la fuerza suficiente para sacar a la luz la conducta dolosa.

Sin embargo, a los expertos les preocupa que cada ronda de alegatos, acusaciones e impugnaciones debilite de manera terminal al sistema político y disminuya la confianza pública. Eso torna más difícil que las instituciones políticas del país recuperen credibilidad y que se mantenga la estabilidad.

En otros países, situaciones semejantes han resultado ser una oportunidad para los líderes populistas que prometen despachar por completo al sistema defectuoso y empezar de nuevo.

Los expertos que siguen la crisis de Brasil vuelven repetidamente a un mismo ejemplo: la investigación “Manos limpias” en Italia en los años noventa. Allí, una serie de juicios arrancó de raíz redes de corrupción, lo que limpió el sistema político.

“Pero en el proceso, el sistema partidista que fue el ancla del régimen democrático en el periodo de posguerra básicamente se derrumbó”, dijo Roberts. “Con lo que te quedas es con un vacío político que llena un populista externo como (Silvio) Berlusconi”.

Y en Venezuela, una serie de escándalos de corrupción dañó la confianza del pueblo en el gobierno, lo que abrió espacio al populismo de Hugo Chávez. Con el tiempo, Chávez debilitó las instituciones gubernamentales y concentró su propio poder, lo que puso al país en la senda hacia el autoritarismo y la crisis económica que enfrenta hoy en día.

Brasil puede estar en riesgo de un desenlace similar. “Realmente me preocupa que, al limpiarlo, el sistema se derrumbe por completo”, dijo Roberts. “En verdad temo cómo sería un Berlusconi brasileño”.

Smith coincidió diciendo: “Es una torre de naipes. Si hay suficientes cartas débiles, es imposible apuntalarla”.

Fuente: NYTimes