Cientos de miles de argentinos se movilizaron en la noche del miércoles en rechazo a un fallo reciente de la Corte Suprema que redujo casi a la mitad la pena de un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

La decisión que el tribunal supremo del país sudamericano tomó la semana pasada -y que se fundó en una ley derogada hace más de quince años- generó amplio rechazo y fue cuestionada por prácticamente todo el arco político, luego de que cientos de condenados pidieron el beneficio.

Pero para evitar que se aplique a otros casos, el miércoles el Senado votó por unanimidad cambiar esa norma para excluir a los acusados de delitos de lesa humanidad del beneficio conocido como «dos por uno», que implica contar dos veces cada día de prisión para los detenidos por más de dos años sin condena firme.

«Señores jueces: Nunca más. Ningún genocida suelto», se leía en una de las banderas de la multitud que marchó hasta la Plaza de Mayo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires.

En los últimos días, varias cortes argentinas rechazaron pedidos de represores para acceder al mismo beneficio que recibió del tribunal supremo Luis Muiña, que en 2011 fue condenado a 13 años de prisión por el secuestro y la tortura de cinco personas durante la dictadura.

Dos de los tres jueces de la Corte Suprema que apoyaron el controversial fallo fueron postulados por el presidente liberal Mauricio Macri, por lo que muchos manifestantes dirigieron sus quejas al Gobierno. Sin embargo, en los últimos días varios funcionarios criticaron el fallo, entre ellos el propio Macri.

«Siempre estuve en contra (del dos por uno) porque estoy en contra de cualquier herramienta que sea a favor de la impunidad, y más aún cuando esa herramienta se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad», dijo más temprano el miércoles Macri, que mantiene una relación tensa con organismos de derechos humanos.

La dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 secuestró, torturó y asesinó a cerca de 30 mil opositores, según organismos de derechos humanos. Muchos de los cuerpos aún están desaparecidos.

Fuente: Excélsior