La pregunta no es si la Procuraduría General de Texas será llevada a la Corte por la propuesta de ley del Senado estatal para prohibir las políticas “santuario” en Texas, sino más bien cuándo se le pedirá defender el proyecto de ley número cuatro del Senado (SB4) en un tribunal federal. “Hay manera de impugnar el proyecto de ley antes de septiembre para evitar su implementación y esperamos impugnar esto lo más pronto posible”, dijo Marisa Bono, abogada de personal del Fondo Educativo para la Defensa Legal de los Mexicoamericanos.
La legislación hará que sheriffs, agentes, jefes de la Policía y a otros líderes locales queden sujetos a una acusación de delito menor de Clase A si no cooperan con las autoridades federales honrando las solicitudes de los agentes de inmigración para retener a reos que no son ciudadanos y que están sujetos a ser deportados. También impone sanciones civiles a las entidades que violen dichas provisiones con multas desde mil dólares por la primera ofensa y que pueden llegar hasta los 25 mil 500 dólares para cada infracción subsiguiente. La propuesta también aplica a las universidades públicas.
El proyecto de ley también incluye una controversial enmienda de la Cámara que permite que los oficiales de la Policía cuestionen a las personas sobre su estatus migratorio durante una detención, no sólo cuando se realiza un arresto legal. Los demócratas y grupos a favor de los derechos de los inmigrantes argumentan que esto hace que la propuesta se convierta en una legislación del tipo “muéstrame-tus-papeles” que le permitirá a la Policía inquirir sobre el estatus migratorio de una persona durante cualquier tipo de detención de rutina, incluyendo detenciones de tráfico.
Abbott y otros partidarios de la propuesta de ley aseveran que se trata sobre el estado de derecho y de disuadir a las personas que ya de por sí viven en el país de manera ilegal de cometer más delitos en casos en los que son arrestadas pero subsecuentemente son liberadas debido a que las cárceles se rehúsan a retenerlas por más tiempo del que deben.
Pero los demócratas y otros oponentes de la propuesta están furiosos por la medida, y se han enfocado con ahínco en la enmienda de la Cámara de Representantes.
Bono, cuya firma representa a algunos de los demandantes, quienes exitosamente impusieron una demanda contra el estado por los mapas de redistritación del 2011, dijo que el litigio podría enfocarse en varias cuestiones, como por ejemplo: cuáles estados de poder tienen que elaborar sus propias leyes de inmigración. Otra cuestión es si las solicitudes de las autoridades federales, conocidas como órdenes de detención, son obligatorias o voluntarias.
Fuente: Diario.mx