Las llamadas son cada vez más frecuentes: hallaron otro cuerpo, desmembrado, con la ropa hecha jirones, con heridas de bala. El teléfono suena de día, a la medianoche y a la madrugada.
Los colegas se reúnen de inmediato para rendirle honores; sus fotografías y mensajes son un testimonio sombrío de otro periodista que murió aquí en el Estado de Veracruz, al este de México: el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en todo el hemisferio occidental.
«Ya tiene rato que hemos estado viviendo en este infierno», cuenta el periodista Octavio Bravo, mientras miraba fijamente el ataúd de un colega muerto a balazos el año pasado. «No te imaginas la impotencia, la frustración que sentimos».
México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha hay registro de 104 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos y, se cree, muertos.
En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado fueron asesinados 11 periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo.
Hay pocas esperanzas de que la situación cambie en 2017.
Marzo ya fue el peor mes desde que hay registros, según los datos del capítulo local de Artículo 19, grupo que monitorea la violencia contra los periodistas en todo el mundo.
Siete periodistas fueron baleados en todo el País en marzo y tres de ellos murieron. Fueron asesinados afuera de sus casas, sentados en sus autos, saliendo de un restaurante o mientras hacían un reportaje, por hombres armados que desaparecieron sin dejar rastro.
Los motivos detrás de los asesinatos varían: hay matones de cárteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria e, incluso, casos de reporteros que cambiaron de bando y se unieron a los mundos criminales que cubrían.
De acuerdo con los datos del Gobierno, servidores públicos como alcaldes y policías han amenazado a los periodistas con más frecuencia que los cárteles; eso pone en peligro las investigaciones y despierta dudas sobre el compromiso gubernamental para hallar a los responsables.
Algunos periodistas fueron torturados o asesinados a petición de alcaldes; otros fueron golpeados en sus redacciones por hombres armados bajo órdenes de funcionarios locales y policías, que habían amenazado con matarlos por sus coberturas.
No obstante, de los más de 800 casos graves de acoso, ataques u homicidios contra comunicadores en los últimos seis años, sólo han sido emitidas dos sentencias por la Fiscalía creada especialmente para investigar delitos contra la libertad de expresión.
«No es que no puedan resolver esos casos, sino que no quieren o no los dejan», comentó un funcionario de alto nivel que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias por parte del Gobierno.
«Es una cuestión política. Los periodistas muertos hacen quedar mal al Gobierno, pero es peor si su muerte se debe a que estaban haciendo su trabajo».
El Gobierno responde a las críticas con el argumento de que ha aprobado leyes que protegen a los periodistas y que les ha entregado botones de pánico, equipo de vigilancia e incluso les ha contratado guardias armados en casos en los que la amenaza es considerada lo suficientemente seria.
«Es un hecho indefectible que en México existe el ejercicio de la libertad de expresión», indicó en un comunicado la Procuraduría General de la República, «este constante ejercicio ha implicado riesgos y obstáculos».
«(Es)un ejemplo del esfuerzo que hace el Estado Mexicano para hacer valer (la libertad de expresión) y oponer ante cualquier amenaza que atente en contra de su libre ejercicio», añadió.
Cientos de periodistas han sido puestos bajo protección gubernamental en años recientes. Ninguno de ellos había sido asesinado, hasta julio de 2016, cuando un reportero de nota roja que había recibido varias amenazas de muerte fue baleado afuera de su domicilio y murió camino al hospital.
Los mismos funcionarios que dirigen el programa de protección reconocen que gastar millones para prevenir el asesinato de los periodistas no es suficiente para atender la situación.
«Es un problema que no se resuelve con la protección, uno por uno, de los periodistas», dijo Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. «Sin duda tenemos un enorme reto, que es el de la impunidad.»
Las consecuencias para México son mucho más graves que unas cuantas muertes más en un País donde el 98 por ciento de los homicidios quedan impunes. En la opinión de muchos periodistas, la delincuencia, la corrupción y la indiferencia están acabando con la premisa básica de una prensa libre, así como con un pilar central de la democracia del País.
«La libertad de expresión en México se convierte en un mito», dijo Daniel Moreno, Director general de Animal Político, una agencia de noticias independiente.
«El Gobierno federal es incapaz de resolver casos de violencia, y que aparte ejerce esta misma, entonces el estado del periodismo nacional legítimamente se puede considerar en estado de emergencia».
Tras casi una década de violencia en aumento contra los medios, ya sea por el crimen organizado o por funcionarios, la prensa se ha adaptado al censurar buena parte de lo que informa. La autocensura no solo es común, se podría decir que es casi la norma.
En marzo, una respetada periodista recibió ocho tiros cuando salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela. En respuesta, uno de los periódicos para los que escribía anunció su cierre de manera repentina y lanzó una advertencia sobre el paisaje mortífero en el que los periodistas se ven obligados a vivir.
«Luchamos contra corriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción», escribió el editor en jefe del diario Norte en una carta abierta. «Todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio que pagar. Y si esta es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con mi persona».
El Presidente Enrique Peña Nieto se ha prometido atender la violencia contra los medios nacionales.
No obstante, el Gobierno federal ha establecido de manera reiterada que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión, lo cual quiere decir que no ameritan la participación de éste.
Los investigadores federales han revisado 117 casos de asesinatos de reporteros desde el 2000, pero sólo decidieron investigar ocho. De esos, sólo ha sido resuelto uno.
En ocasiones, algunas autoridades se apresuran a decir que el asesinato de un periodista no está relacionado con su labor poco después de que se dé a conocer la muerte y mucho antes de que siquiera arranque la investigación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales. Sin embargo, la decisión del máximo tribunal todavía no es vinculante y sólo aplica para delitos nuevos, lo cual quiere decir que una gran cantidad de casos se quedarán en los tribunales locales donde actualmente están. Estos cuentan con pocos recursos y son muy vulnerables a la corrupción.
Tres bolsas de basura
«En Veracruz es muy fácil matar periodistas», dijo Jorge Sánchez Cerezo, cuyo padre, Moisés, fue secuestrado y asesinado hace dos años.
Moisés Sánchez Cerezo fue editor del periódico La Unión por más de una década, aunque, a decir de su familia, el peligro llegó hasta que comenzó a escribir notas sobre el desvío de fondos por parte de un Alcalde local en una zona que se había tornado cada vez más violenta.
En enero de 2015, hombres armados irrumpieron en la casa de Sánchez y lo sacaron a rastras, ante la mirada impotente de su familia. Días más tarde su cuerpo fue encontrado destazado y los restos metidos en tres bolsas de basura negras.
Durante meses, sus familiares y periodistas de Veracruz exigieron que el Gobierno federal investigara el caso como un ataque a la libertad de prensa. La Fiscalía Especializada que se creó para proteger la libertad de prensa se resistió a hacerlo.
«No pudimos encontrar ni una sola prueba que sustentara esa afirmación», dijo Ricardo Celso Nájera Herrera, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
La negativa dejó atónita a la familia de Sánchez, ya que los funcionarios en Veracruz habían obtenido pruebas de que el asesinato se había dado por fines políticos. Un guardaespaldas del Alcalde de la localidad veracruzana, Medellín de Bravo, admitió que su jefe le había ordenado secuestrarlo y asesinarlo.
«Por supuesto que este caso está relacionado con su periodismo», aseveró Luis Ángel Bravo Contreras, ex Procurador estatal de Veracruz, a finales del año pasado.
El Gobierno federal aceptó tomar el caso después de que la familia ejerció presión de manera constante y presentó una demanda legal. Durante los casi dos años que transcurrieron de por medio fue capturado uno de los seis principales sospechosos y el ex Edil se dio a la fuga.
Al igual que decenas de periodistas entrevistados en Veracruz, la familia de Sánchez tiene pocas esperanzas de que se vaya a hacer justicia. Para ellos, las muertes de periodistas caen en el cementerio de la impunidad que acompaña a la mayoría de los homicidios en México.
«Lo único que podemos hacer», dijo Jorge Sánchez, quien ha seguido publicando el periódico de su padre, «es escándalo».
Sin relación a su labor
Este 28 de abril, por quinta ocasión, los reporteros en la capital veracruzana, Xalapa, rindieron honor a su colega asesinada Regina Martínez.
Usualmente ponen una placa en una plaza en el centro de la ciudad, la cual renombran «Plaza Regina Martínez». Los últimos cuatro años que lo han hecho, la placa ha sido quitada por el Gobierno.
Tal vez no haya otro caso más simbólico de la lucha de los periodistas mexicanos en Veracruz que la de Martínez, corresponsal de Proceso, un baluarte del periodismo independiente y una revista que históricamente ha tenido una postura crítica hacia el Gobierno local y nacional.
Sus reporteros lo han pagado caro; se encuentran entre los más amenazados, no sólo en Veracruz, sino en todo el País.
Martínez, una reportera aguerrida con más de 20 años de experiencia, era vista como el ejemplo de una periodista seria que no tenía miedo de cubrir los problemas más críticos de su tiempo, en especial los del nexo entre la delincuencia y la política.
La periodista fue hallada en el piso de su baño, tras ser golpeada y estrangulada, la noche del 28 de abril de 2012, un día después de que se publicaran artículos suyos -uno sobre la misteriosa muerte de un político y otro sobre el arresto de nueve policías que trabajaban para narcotraficantes-.
La muerte conmocionó al País. Los periodistas aquí son al mismo tiempo investigadores, cronistas y víctimas de la violencia y la corrupción desatada por la guerra contra el narcotráfico. Algunos reporteros incluso han llegado a ser partícipes; varios de los que viven en estados donde no impera la ley admiten que han aceptado dinero de los cárteles a cambio de cambiar sus coberturas.
«No me enorgullece recibir su dinero», confesó un reportero de Veracruz que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias de los cárteles. «Pero una vez que empiezas, ya no hay vuelta atrás».
Los colegas dicen que Martínez era intachable, una periodista aguerrida y respetada. Si pudieron matarla a ella, entonces nadie está a salvo.
La revista para la que trabajaba, Proceso, exigió una investigación minuciosa y que se le diera acceso a los archivos del caso para asegurarse de que las autoridades lo estaban tomando en serio. El Gobierno aceptó y, según periodistas y ex funcionarios, de inmediato fueron evidentes las deficiencias de la investigación.
Del lugar de los hechos había desaparecido evidencia como botellas de cerveza vacías, junto con rastros de ADN, ya sea a propósito o por una labor policial pobre. Los investigadores federales que llegaron para brindar asistencia no tenían casi nada con qué trabajar debido a ese manejo inadecuado de la escena del crimen.
Jorge Carrasco, el reportero de Proceso que cubría la investigación, comenzó a recibir amenazas de muerte, por lo que tuvo que ser puesto bajo protección las veinticuatro horas del día; ello limitó su capacidad de darle seguimiento al caso.
La versión oficial de lo sucedido decepcionó al gremio. Las autoridades dijeron que el asesinato no estaba relacionado con la profesión de Martínez, sino que uno de los hombres que la mató presuntamente tenía una relación sentimental con ella y que se trató de un robo frustrado.
El sospechoso se dio a la fuga y fue detenido su cuñado, un hombre analfabeta, acusado de ser cómplice. El hombre confesó, pero meses más tarde, durante una audiencia pública, declaró ante el tribunal que lo había hecho bajo tortura, lo que provocó que el juez anulara su sentencia. La condena fue impuesta de nuevo por el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.
Los periodistas veracruzanos estaban devastados al sentir que nunca se sabría la verdad detrás de la muerte de Martínez. Las autoridades anunciaron que el caso estaba cerrado.
Había una última opción: denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene autoridad para iniciar investigaciones cuando se han agotado todas las instancias del sistema judicial de un país. Proceso prefirió no acudir ante la CIDH.
«Para ser honestos, no lo hicimos debido al miedo, sino la inseguridad, dadas las pruebas reales de que matan a periodistas», dijo Carrasco en entrevista. «Cuando comienzas a recibir amenazas, ¿qué haces? Sería poner en riesgo a aquellos que están en las calles, reporteando».
Señaló que Proceso esperaba en vez que el furor público resultante de la muerte de Martínez evitara que se repitiera otro caso como el de ella.
Esas esperanzas se desvanecieron poco después.
En Veracruz se sigue matando a los periodistas y no pasó mucho tiempo para que la muerte volviera a llevarse a un colaborador de Proceso.
En julio de 2015, dos meses después de huir de Veracruz tras denunciar ser víctima de acoso gubernamental -las autoridades lo seguían e intimidaban-, el fotógrafo Rubén Espinosa fue asesinado junto con cuatro mujeres en un departamento de Ciudad de México.
La mañana siguiente, los editores de Proceso y los defensores de los medios marcharon y exigieron una reunión con el Procurador de la capital.
Una de las primeras cosas que les dijo fue que el asesinato no había tenido nada que ver con el periodismo.
Vivir con precaución
Jesús Olivares escuchó la sirena de una ambulancia mientras estaba sentado en un restaurante de mariscos tomando un refresco. Giró en la silla para echar un vistazo por la ventana y alcanzó a ver el reflejo de las luces rojas y blancas mientras el vehículo pasaba a toda velocidad.
«Podría ser algo», dijo, y se levantó.
Pero, en esa ocasión, no había nota. Después de un rápido recorrido por la autopista a bordo de su motocicleta descubrió que la columna de humo en un campo no era un cuerpo, ni despojos, ni ningún final macabro como los que conocía debido a su profesión como periodista de nota roja.
En esta ocasión, se trataba de agricultores haciendo quema de suelo.
«Nada que ver aquí», dijo, dejando ver una sonrisa.
Durante casi tres años, Olivares ha sido reportero de El Dictamen, uno de los diarios de mayor tiraje en Veracruz. Su trabajo es una muestra del costo de la guerra contra el narco: cuerpos desmembrados, balaceras, secuestros.
El trabajo ha tenido su precio. En febrero, un comandante de policía lo amenazó de muerte si no dejaba de tomar fotos de una escena del crimen. Él reportó el incidente y ahora lleva consigo un botón de pánico que le entregó el Gobierno, que dijo le sirve de poco consuelo, pues llama al mismo cuerpo policial por el que se siente amenazado.
«El Gobierno es el peor», expresó. «Por lo menos las amenazas de los narcos son directas, claras».
Es así como Olivares ha decidido encargarse de su propia seguridad, al igual que la mayoría de los reporteros aquí, ha adoptado un sistema de vigilancia y seguridad en grupo.
Habla con cautela entre funcionarios públicos y escribe con eufemismos para evitar términos populares que no son del agrado de los cárteles, como «balacera», «secuestro» y «ejecución». También se hizo amigo de los bomberos, cuya estación se ha vuelto casi como su segundo hogar.
Entabló amistad con ellos tras la muerte de su madre hace dos años, ya que los vulcanos se llevaron su cadáver. Los hombres asistieron a su funeral, lo cual dejó una honda impresión en el reportero, que se sintió agradecido con la calidez del gesto.
Al principio, Olivares comenzó a pasar algunas noches con los bomberos para escapar de la tristeza de su casa. Cuando siguió apareciendo por allí, le dieron un uniforme y un lugar para dormir en la estación.
Sin embargo, una vez que las amenazas comenzaron, sus visitas fueron más útiles de lo que hubiera imaginado: el lugar se convirtió en un santuario, ya que estaba rodeado de defensores bien entrenados en todo momento.
Estos días, se pone el uniforme y acompaña a los bomberos, ayudando cuando puede mientras toma nota para sus reportajes. Le gusta la idea de vestirse con el uniforme cuando el deber llama.
Una noche reciente, Olivares se encontraba en el estacionamiento de la estación, ajustando su chaleco reflejante, mientras sus amigos intercambiaban historias. Uno de ellos relató cómo, hasta hace poco, la delincuencia organizada era quien estaba a cargo de la estación de bomberos, como una forma de extorsionar a aquellos que necesitaban sus servicios.
La situación cambió con la llegada de un nuevo comandante. La estación se abrió al público y los que pasaban hacían sonar la bocina de sus vehículos como un saludo a los hombres, reunidos en la banqueta bajo el resplandor amarillento de una farola.
Olivares parecía relajado tras haber terminado el ajetreo del día laboral. Se retiró a la trastienda de la estación de bomberos.
Obstáculos para la justicia
A finales de julio, el periodista de nota roja Pedro Tamayo Rosas estaba en la entrada de su casa, ayudando a su esposa con el puesto de hamburguesas que tiene en su modesta casa de Tierra Blanca, una ciudad de Veracruz.
Rondando las 23:00 horas, un hombre armado salió de una camioneta negra. Pidió una hamburguesa antes de vaciar el cargador de su arma contra Tamayo, y desapareció.
El hombre, quien estuvo desangrándose casi media hora en la acera y murió camino al hospital, fue el primer periodista mexicano en ser asesinado cuando estaba bajo protección del Estado, lo cual puso fin al saldo blanco de los casi 500 periodistas y defensores de los derechos humanos sujetos a un programa de resguardo gubernamental establecido hace unos cinco años.
Después de varias amenazas de muerte, funcionarios gubernamentales habían ayudado a Tamayo y a su familia a huir de Veracruz. Seis meses después, sin trabajo y nostálgico, regresó y le dijo a sus amigos que prefería morir en Veracruz que vivir en Tijuana.
Como sucede con muchos casos, no se sabe quién ordenó el asesinato. Su esposa cree que la Policía estuvo involucrada. Los oficiales estacionados en su calle no fueron tras los que dispararon.
La viuda afirma que uno de ellos le apuntó con el arma cuando trató de ayudar a su marido. Ahora está convencida de que el Estado tuvo que ver dada una serie de amenazas, de acosos y el arresto de su hijo.
Los amigos del reportero piensan que los cárteles estuvieron involucrados. De acuerdo con personas cercanas, Tamayo estaba revelando información sobre el robo de gasolina en su tierra natal y sus alrededores.
El hecho de que puedan ser responsables del homicidio el Gobierno y la delincuencia organizada -o ambos- refleja la crisis existencial a la que se enfrentan los reporteros en México.
La crisis no acabó con la muerte de Tamayo. Al menos no para su familia.
Su esposa, Alicia Blanco Beisa, informó a sus abogados y a las autoridades estatales encargadas de proteger a los periodistas que había sido amenazada en varias ocasiones por funcionarios de Tierra Blanca, incluso en el día del funeral.
Su casa fue incendiada y su hijo arrestado por el robo de un vehículo, un delito en el que ella asegura no estuvo involucrado. Blanco Beisa declaró haber recibido amenazas de un funcionario de seguridad de alto rango que, apuntándole con un arma, le ordenó guardar silencio sobre su marido.
El caso de homicidio está en un punto muerto, dicen sus abogados. En una reunión reciente en la Procuraduría estatal, los abogados de Tamayo solicitaron al Fiscal que incluyera el ataque, el incendio y el arresto de su hijo en el mismo caso.
Éste se negó, considerando que todos eran episodios inconexos y que no estaban relacionados con el homicidio de su esposo, según dijo la gente que estuvo presente en dichas reuniones.
Entonces reviró la pregunta a la señora Tamayo, preguntándole por qué no había denunciado los hechos formalmente ante las autoridades.
«Lo hice», contestó Blanco Beisa, quien aseguró que fue a las oficinas gubernamentales correspondientes a presentar las denuncias. «Se negaron a registrarlas».
Sus abogados, que trabajan para el grupo de defensa de derechos de los periodistas Artículo 19, ahora están preocupados por la seguridad de la viuda. Dicen que las denuncias de acoso contra funcionarios públicos son una maniobra mortal en Tierra Blanca, un lugar especialmente mortífero en un estado especialmente mortífero.
«Este es uno de los casos más emblemáticos», dijo Erick Monterrosas, abogado de Artículo 19.
Y como en muchos de estos casos, añadió, los homicidas de Tamayo siguen libres.
Fuente: Reforma