La filial de General Motors en Venezuela despidió por vía telefónica, a través de mensaje de texto, a casi 2,700 trabajadores en el país, confirmaron dos empleados de la empresa, que sufrió un embargo judicial de sus activos.
General Motors Co anunció la semana pasada que autoridades venezolanas habían «confiscado» ilegalmente su planta en la ciudad industrial de Valencia, una incautación que, según un comunicado de la compañía, les causó un daño «irreparable».
«GMV informa que se realizó a su cuenta la transferencia de sus prestaciones sociales por la finalización de la relación de trabajo», indica el mensaje de texto que le llegó a los trabajadores desde un número en Estados Unidos, según lo que contaron dos ex empleados de la automotriz a Reuters.
Durante el 2016 y 2017 General Motors no ensambló ningún vehículo en la planta que por 35 años operaba en el país, y sólo continuaba fabricando repuestos con menos de un tercio del personal puesto que más de 2,000 empleados permanecían de permiso por la falta de materia prima, indicaron a Reuters los trabajadores.
«A todos nos llegó un pago y un mensaje de texto el viernes», dijo bajo condición de anonimato una persona que trabajó por casi dos décadas en la automotriz estadounidense. El fin de semana su correo electrónico corporativo fue desactivado.
Otro empleado, que tenía cinco años trabajando en la empresa y que contó que recibió el mismo mensaje en su móvil personal y un pago a su cuenta, comentó por su parte: «Nuestros ex jefes nos dijeron que los directivos se fueron y todos fuimos despedidos. Ya no hay nadie en el país».
Dos líderes sindicales dijeron no tener información oficial de la empresa sobre los despidos, pero admitieron que la mayoría de trabajadores recibió el mensaje junto con un depósito en sus cuentas bancarias. Uno de ellos agregó que la planta había comenzado a ser desmantelada desde hace unas semanas.
Una corte local ordenó la semana pasada embargar los activos de la compañía a favor de dos concesionarios que habían interpuesto una querella en el año 2000 contra la filial venezolana de GM, por supuestamente incumplir con la venta de unos 10,000 vehículos.
Fuente: El Economista