Los fiscales generales de 16 estados y del Distrito de Columbia dicen que permitir que las nuevas restricciones migratorias decretadas por el presidente Donald Trump entren en vigor amplificaría “el mensaje de miedo e intimidación” que se envía a los musulmanes.
En un documento presentado a la corte federal de apelaciones del cuarto circuito en Richmond, Virginia, los estados exhortaron a los jueces a rechazar el pedido del gobierno de permitir que las restricciones entren en vigor mientras consideran su apelación.
Un juez en Hawái extendió su fallo previo contra las restricciones de Trump. Incluso si la corte de apelaciones en Virginia aprueba el pedido del gobierno, la orden de inmigración seguiría bloqueada por la decisión del juez de Hawái.
Los fiscales estatales que presentaron el pedido son de Virginia, Maryland, California, Oregon, Connecticut, Nueva York, Delaware, Carolina del Norte, Illinois, Rhode Island, Iowa, Vermont, Maine, Washington, Massachusetts, Nuevo México y el Distrito de Columbia.
DEFIENDEN DETENCIONES
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, y el de Seguridad Nacional, John Kelly, defendieron a los agentes federales que hacen arrestos de inmigrantes en tribunales, después que la jueza de mayor rango en California les pidió que dejaran de hacerlo, según afirman en una carta dada a conocer ayer.
Sessions y Kelly enviaron la misiva el miércoles a la jueza Tani Cantil-Sakauye, presidenta del Tribunal Supremo de California, diciéndole que las políticas del estado, de sus condados y sus ciudades que prohíben a la policía entregar a los arrestados para su deportación han obligado a los agentes federales a tener que arrestar a los inmigrantes en los tribunales y en otros sitios públicos.
Las cortes son un sitio seguro para que los agentes federales hagan los arrestos, porque los visitantes suelen ser revisados con el fin de que no porten armas, se afirma en la carta.
“Aunque este personal policial se mantendrá atento a las preocupaciones del público y entidades del gobierno con relación a las actividades policiales, seguirá tomando acciones prudentes y razonables dentro de su autoridad legal para cumplir esa misión”, afirmó.
El intercambio de opiniones se produce en el contexto de un intenso debate en todo el país en torno a la relación entre las agencias policiales locales y las autoridades de inmigración.
Muchas jurisdicciones se han negado a colaborar con las autoridades migratorias después de que el presidente Trump firmó decretos para incrementar las deportaciones.
En respuesta, el gobierno ha advertido que esos condados y ciudades corren el riesgo de perder cierto financiamiento federal.
Cantil-Sakauye, nombrada por el ex gobernador republicano Arnold Schwarzenegger, pidió a las autoridades federales que dejaran de hacer arrestos de inmigrantes en los tribunales de California, diciéndoles que la práctica de los agentes de “acechar” a los inmigrantes está obstaculizando la impartición de justicia.
En su respuesta, Sessions y Kelly estuvieron en desacuerdo con la acusación de Cantil-Sakauye, y escribieron que “acechar” es un delito en el que una víctima es seguida u hostigada.
“Durante largo tiempo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha refrendado que el arresto de personas en un sitio público con base en causa probable es constitucionalmente permisible”, escribieron.
Cantil-Sakauye dijo el viernes que estaba decepcionada de que los tribunales no sean añadidos a la lista de “áreas sensibles” en las que las autoridades de inmigración no hacen arrestos con fines de deportación. Esas áreas incluyen escuelas, iglesias y hospitales.
“Aprecio la pronta carta y su reconocimiento de que están en los tribunales estatales haciendo arrestos federales”, afirmó Cantil-Sakauye en un comunicado. “Sin embargo, el efectuar detenciones en las cortes, desde mi punto de vista, socava la seguridad pública, porque las víctimas y los testigos temerán acudir a los tribunales para ayudar a que se respeten las leyes”.
Fuente: Milenio