Alberto Nava, doctor en Derecho e investigador del Instituto de Ciencias Penales (Inacipe), comentó que la extradición a México del exgobernador Javier Duarte tardará entre cinco meses y un año y medio; además, aclaró que en caso de acogerse a la extradición, el exmandatario estatal no tiene derecho a enfrentar su proceso en libertad.
En entrevista para el espacio de José Cárdenas, explicó que los 60 días para que México presente formalmente la solicitud de extradición del exgobernador Javier Duarte corren a partir del momento de la detención y es precisamente para que no exista un limbo y se le haga saber, como se hizo el día de ayer, de los motivos de su aprehensión.
«Como hay fines de extradición, tenía la posibilidad de aceptar y entregarse él voluntariamente, que eso es el allanamiento, o bien esperar a conocer las acusaciones para defenderse. Durante estos 60 días, la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá que armar un expediente donde explique a Guatemala los tipos penales que se le están imputando», señaló el doctor en Derecho.
Detalló que en este caso, en ambos países debe existir una conducta similar para que pueda ser extraditado; es decir, el delito de asociación delictuosa, por ejemplo, debe ser lo mismo en Guatemala que en México, «tiene que haber figuras afines, no es necesario que cumplan con los mismos requisitos o que estén hechos bajo la misma fórmula, pero sí que exista ese tipo de delitos castigados en ambas legislaciones».
Al referirse a la solicitud del gobierno del estado de Veracruz, para que delitos del fuero común presuntamente cometidos por Javier Duarte durante su gestión sean sumados a la solicitud de extradición, señaló que existe un Tratado entre México y Guatemala donde se establece una Regla de Especialidad, en la que se señala que en caso de aparecer otro delito el cual se le pudiera imputar al detenido, en este caso Javier Duarte, México tendría que pedir el Visto Bueno de Guatemala para poder juzgarlo.
«De hecho, aun cuando la persona fuera extraditada, por digamos dos cargos que ya conocemos, lavado de dinero y delincuencia organizada, aun cuando fuera extraditado sólo por esos dos delitos, existe una Regla que se conoce como Especialidad, donde si aparecieran más delitos, se le pide el Visto Bueno a Guatemala para también procesarlo por ese tipo de delitos; esto es, la extradición por dos delitos no cierra la causa o cierra la extradición a Javier Duarte en ese sentido», indicó.
Aclaró que Duarte en estos momentos tiene abierta su defensa tanto en México como en Guatemala, y existen recursos para poder impugnar o llevar un procedimiento, «pero finalmente estamos hablando que la extradición no tardará más allá de un año o año y medio cuando mucho. Esto va para largo, de cinco meses a un año y medio más o menos»
Descartó, asimismo, que en caso de acogerse a la extradición, Javier Duarte pueda enfrentar su proceso en libertad. «Eso no es una cuestión de que se entregué y tenga un beneficio, simplemente es reconocer que tiene o puede enfrentar el proceso en México, y precisamente por la cuestión de delincuencia organizada, tendría una prisión preventiva oficiosa».
Finalmente, en relación con la pena que podría solicitar el Ministerio Público federal en México, y por la cual, por ambos delitos podría sumar hasta 55 años de prisión, comentó que «para Guatemala, lo único que se solicita es conocer las penalidades y sería en el proceso en México donde la propia PGR pueda pedir la pena máxima, que rebasa los 50 años, sumando los dos tipos penales, pero esa ya será una autoridad jurisdiccional quien decida que el señor merece la pena mayor o decide bajo qué proporción impone la pena».