La justicia militar mexicana ha condenado a ocho militares a 26 años de prisión por colaborar con el Cartel de Los Zetas. El presidente y los vocales del consejo de guerra han obviado los alegatos del abogado defensor, que pedía, ante todo, la anulación de la mayoría de evidencias con que contaba la fiscalía. Según explicó el letrado durante el consejo, agentes de la policía judicial militar torturaron a sus compañeros durante tres días, obligándoles a reconocer su colaboración con el grupo criminal. El abogado apoyó su teoría en las declaraciones de los acusados, las conclusiones del experto que mandó el propio Ejército después de que los nueve denunciaran la tortura y en dos informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH.
En el caso de dos de los condenados, el teniente Sócrates López y el subteniente Francisco Javier Soto, la Secretaría de la Defensa reconoció la tortura e incluso llegó a indemnizarles por ello. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, ha declarado que «resulta inconcebible que Soto y Sócrates obtuvieran indemnizaciones por las torturas de que fueron objeto en sus días detenidos por el Ejército, y aún así hayan sido condenados. No tiene precedente en la región… Como si las torturas no tuvieran relevancia».
Respecto a otros cuatro condenados, la CNDH reconoció en su día que habían sido víctimas de tratos inhumanos y degradantes y la secretaría se comprometió a proporcionarles atención médica.
El perito de la fiscalía militar, que declaró ante el consejo esta semana, reconoció secuelas de tortura en los nueve, además de diferentes niveles de síndrome de estrés postraumático.
El caso viene de hace seis años. El 13 de marzo de 2011, agentes de la policía judicial militar llegaron a la sede del 69 Batallón de Infantería, con base en Coahuila, en el norte de México. Detuvieron a 15 militares. De acuerdo a sus testimonios, los judiciales les torturaron. Querían que confesaran su colaboración con Los Zetas. Amarrados, con los ojos vendados, recibieron patadas y puñetazos durante tres días. Les taparon la cara con bolsas para dejarles sin aire. En el caso del teniente Sócrates, la golpiza fue tal que tuvieron que trasladarle al hospital, desmayado. El subteniente Soto ha recordado esta semana durante el consejo que llegaron a amenazarle con violar y descuartizar a su hija y a su esposa si no confesaba.
De los 15, ocho enfrentaron el juicio esta semana. Los otros siete esperan su turno. Otro, el teniente Julián Castilla, absuelto este domingo, fue detenido en Chiapas en 2011. La fiscalía lo acusaba de lo mismo que a sus compañeros: antes de Chiapas, habìa estado en Coahuila. El consejo ha decidido dejarlo libre.
Los principales apoyos de la fiscalía han sido las declaraciones de dos testigos, integrantes de Los Zetas. Detenido en 2011, el primero, alias El Gerry, declaró ante la Procuraduría General de la República, PGR, que los militares colaboraban con ellos, pasándoles información a cambio de dinero. El Gerry negó sin embargo su propia declaración poco tiempo después, alegando que los agentes de la PGR le habían torturado para que los incriminara. El segundo, alias El Guacho, explicó que los militares les ayudaban a cambio de dinero y aludía a una lista en que aparecían sus nombres y las cantidades que cobraban. La defensa ha insistido durante el consejo en las incoherencias entre el contenido de la lista y las declaraciones de El Guacho.
El otro argumento de la fiscalía era el ramillete de declaraciones de los acusados que, como ya han explicado y tratado de probar ellos mismos, se obtuvieron mediante tortura.
Vivanco ha señalado que «por triste y escandaloso que parezca el proceso y la sentencia, no debe sorprendernos. Las técnicas de investigación en el ámbito civil -y peor en el militar- son tan primarias que usualmente recurren a los apremios, incluyendo la tortura, para arrancar confesiones y así dar por resuelta una investigación. Este caso», ha añadido, «es un excelente ejemplo de ello».
Fuente: El País