A las 7:41 de la mañana del 12 de octubre de 2016, lo último que a Javier Duarte se le escuchó decir en público fue “el lunes aquí nos vemos”. Así se despedía de Carlos Loret de Mola, en una entrevista en la que el todavía gobernador de Veracruz se comprometía a encontrarse con Miguel Ángel Yunes, gobernador electo, para sostener un debate en el mismo espacio informativo. “Para demostrar lo corrupto y delincuente que es”, dijo entonces Duarte sobre Yunes.
El debate no ocurrió. Duarte se esfumó. El 14 de octubre se subió a un helicóptero del gobierno de Veracruz y de-sapareció… hasta ayer, que fue capturado en Guatemala, según confirmó la PGR.
Javier Duarte era perseguido por la justicia mexicana por su participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y delitos electorales.
Las autoridades mexicanas no andaban lejos. El 18 de noviembre de 2016, en Tapachula, Chiapas, la Policía Federal, que vigila el aeropuerto internacional de esa ciudad fronteriza con Guatemala, detuvo a Mario Medina Garzón, que llevaba dos pasaportes con las fotografías de Javier Duarte y su esposa Karime Macías con los nombres de Alex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga.
Medina Garzón, que resultó ser familiar de Macías, fue pieza clave para seguirle la pista a Duarte que, además de haber creado junto con un grupo de sus subalternos una serie de empresas fantasma, para obtener dinero del gobierno veracruzano sin prestar servicio alguno, también tiene una orden de aprehensión por delitos electorales.
Como parte de la persecución que la PGR realizó contra Duarte, la dependencia federal ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por dar informes fidedignos para la captura del exgobernador de Veracruz entre 2010 y 2016.
La recompensa por Duarte, se anunció, se entregaría en un solo pago mediante un depósito a una cuenta bancaria y sólo a la persona que tuviera el número confidencial de identificación que se le asignaría al proporcionar y validar la información del paradero del exmandatario.
Las denuncias por corrupción contra Duarte comenzaron desde que aún estaba en el poder. Miguel Ángel Yunes, un expriista que se convirtió en panista, fue de los primeros en denunciar públicamente al entonces mandatario estatal.
En el primer acto de campaña de Yunes en pos de la gubernatura, la cual ganó como candidato de la coalición Unidos para rescatar Veracruz, fue ir a la Fiscalía General del estado e interponer una denuncia en contra del gobernador Javier Duarte y de otros servidores públicos estatales, por los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal; eso ocurrió en abril del año pasado.
Las cosas se le complicaron a Duarte cuando el portal Animal Político descubrió parte del modus operandi del mandatario estatal para quedarse con dinero: la creación de empresas fantasma.
Ya en fuga, las propiedades y las cuentas de banco de Javier Duarte aparecieron por distintos lados.
A mediados de enero pasado se dio a conocer que el 16 de diciembre, en una casa de la colonia Del Valle, propiedad del exgobernador veracruzano, agentes de la PGR encontraron 23 millones de pesos en efectivo en unas cajas de cartón y dos cajas fuertes.
En ese contexto, la PGR le entregó al actual gobierno de Veracruz un cheque por 171 millones 600 mil pesos y otro por 851 mil 80 pesos en el acuerdo reparatorio realizado con dos empresas en noviembre pasado por hechos de corrupción en esa entidad.
Miguel Ángel Yunes, quien recibió el dinero sustraído por Duarte, dijo que esta cifra era parte de una mayor, que supera los mil millones de pesos en recursos en bienes inmuebles, en obras de arte, en un avión y en un helicóptero que su gobierno logró recuperar antes de que tomara posesión.
Fuente: Excélsior