Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), indicó que a partir de una investigación periodística, la Fiscalía inició una averiguación previa el 18 de julio de 2015, en contra de la presidenta municipal de Suchiate, Matilde Espinoza Toledo, por presuntamente cometer delitos electorales.
Poco después, agregó, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Chiapas les remitió mil 537 actas de nacimiento, que habían sido escaneadas en el Registro Federal de Electores y que habían sido firmadas por el juez de Registro Civil entre los años 2013 y 2015, quien además era esposo de Espinoza Toledo.
En entrevista para el programa «José Cárdenas Informa» dijo que lo que les llamó la atención fue el número de actas de nacimiento extemporáneas expedidas a nombres de una persona adulta entre 18 y 60 años, a quienes por primera vez se les extendía el documento.
«Lo que hicimos fue hacer una inspección ministerial en el Registro Civil de Suchiate y lo que encontramos que el proceso fue inverosímil, se trataba de que estas actas de nacimiento extemporáneas estaban soportadas por una carta de parteras que habían presenciado el nacimiento 20 años antes, 30 años antes; oficios de médicos y constancias de residencia que habían sido emitidas por el Secretario del Ayuntamiento de Suchiate en Chiapas», expuso.
El titular de la FEPADE señaló que a partir de ahí realizaron con pruebas periciales y otro tipo de pruebas a efecto de corroborar que los registros con los que contaba el Registro Federal de Electores coincidía con personas que provenían del extranjero.
«Le solicitamos, con el apoyo de la Subprocuraduría Jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, a la Embajada de Guatemala información sobre bloques de personas, al entregarnos el primer bloque coincidentes con ciudadanos guatemaltecos en su nombre, en su imagen, en sus huellas dactilares nosotros ejercimos la acción legal no solamente contra las personas cuya identificación era de ciudadanos guatemaltecos, sino nuestro objetivo fue ir sobre los instigadores y los instigadores eran estas personas la presidenta municipal, su esposo y el secretario del Ayuntamiento como auxiliares dolosos bajo la perspectiva que habían instigado a los guatemaltecos para obtener credenciales de elector».
Precisó que el delito que persigue la FEPADE en este caso es la alteración del Registro Federal de Electores, que es lo que acreditaron ante el juez que dictaminó las órdenes de aprehensión de las cuales se cumplimentó la de Matilde Espinoza Toledo.
Santiago Nieto recalcó que ningún delito electoral es considerado como grave, es por ello que la jueza le dictó libertad caucional.
Ante ello, consideró que delitos electorales como este, el peculado electoral y condicionamiento de programas sociales deberían ser considerados graves porque hay una afectación a bienes jurídicos relevantes.
«Hay que pensar que en las reglas del nuevo sistema procesal penal de corte acusatorio no tenemos prisión preventiva oficiosa por los delitos electorales y eso significa que en todo momento van a seguir las personas que se encuentran inculpadas con el proceso en libertad».
Insistió en que no es posible que en un Estado democrático se afecte la certeza de los procesos electorales con la alteración al Registro Federal de Electores.
Santiago Nieto señaló que hay otros tres municipios en el estado de Chiapas que presentan esta misma situación, para lo cual la FEPADE continuará las investigaciones correspondientes para ejercer la acción federal en cuanto se acredite que se ha alterado el Registro Federal de Electores.
Recalcó que la FEPADE estará impulsando, en el caso de Suchiate, la inhabilitación de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos y la suspensión de sus derechos político-electorales.
Por otra parte, recalcó que la FEPADE y el INE han trabajado de manera coordinada para atender el fenómeno denominado como «turismo electoral», mismo que han detectado en muchas entidades de la geografía nacional.
«Lo tuvimos en el Estado de México, de manera muy grave en Veracruz durante los años 2013 y 2016, hay un caso relevante en el estado de Yucatán y Quintana Roo, tenemos 400 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en esos estados, 697 en Veracruz y adicionalmente hemos encontrado estos movimientos en Oaxaca, Sonora, Nuevo León».
En otros temas, señaló que la FEPADE ha recibido 24 denuncias relacionadas con el estado de Coahuila, hoy se anunció que recibirían una adicional; ha iniciado cinco investigaciones en Nayarit, además de cuatro carpetas de investigación y una averiguación previa de hechos anteriores; 303 indagatorias en el estado de Veracruz del proceso electoral de 2016 y están relacionadas con el fenómeno de «turismo electoral»; en el Estado de México tienen 117 carpetas de investigación con temas de turismo electoral, de compra de votos, condicionamiento a programas sociales y peculado electoral, además de 10 averiguaciones.
En este sentido, señaló que ayer se reunió con consejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Fiscal general del Estado, así como representantes de partidos políticos acreditados en el IEEM, ahí se indicó que la FEPADE ya tiene presencia física de los ministerios públicos especializados recibiendo las denuncias e integrando las carpetas de investigación.