Juan José Esparragoza Monzón, alias «El Azulito», gozaba de privilegios dentro del penal de Culiacán previo a su fuga.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el hijo de Juan José Esparragoza Moreno, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, se encontraba en una celda especial con baja seguridad, con mayores dimensiones a las de otros presos, tenía atención especial y podía disponer de horarios para visitas y tomar aire limpio afuera de su celda.
Cristóbal Castañeda Camarillo, subsecretario de Seguridad Pública, dijo que las concesiones de las que gozaba el interno Esparragoza Monzón hasta el jueves pasado, cuando se fugó, ya habían sido comunicadas a la Federación, pero que por amparos promovidos por el acusado no podía ser trasladado a un penal de máxima seguridad.
«Nosotros inclusive hemos pugnado para detener ese tipo de aspectos, seguimos trabajando, pero es una realidad, hay algunos aspectos que estamos checando con la Federación para que nos apoyen para que los presos estén donde deban estar», dijo.
¿Cuáles eran esos privilegios?, se le preguntó.
«Que tienen lugares más amplios, tienen mejores atenciones, algunas canonjías en cuanto a horarios, diferentes cuestiones».
Esas condiciones también las gozaban Alfonso Limón Sánchez, «El Limón»; Jesús Peña González, «El 20»; Rafael Guadalupe Félix Núñez, el «Changuito Antrax»; y Francisco Javier Zazueta Rosales, «El Pancho Chimal», quienes también se fugaron y eran considerados presos de alta peligrosidad.
Esparragoza Monzón fue capturado el 19 de enero en el Centro de Culiacán, en un operativo liderado por la Secretaría de Marina.
Cinco días más tarde se dio a conocer, mediante la Secretaría de Gobernación, sobre su captura y, además, que él tenía cargos en México y Estados Unidos por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Además de Esparragoza Monzón y las cuatro personas que se fugaron con él, existen otros 500 presos recluidos en Culiacán por delitos federales, como portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, crimen organizado y delitos contra la salud.
De esas 500 personas, 98 son considerados como reos de alta peligrosidad, que por amparos también continúan en ese penal, el cual, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, carece de personal para vigilar a los presos, tiene un sistema de videovigilancia obsoleto y no cuenta con inhibidores de señal para celulares.
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