Colaboración de Carlos Ferreyra 

 

Los señores diputados, preocupados por el avance del país en los casos que involucren la salud pública, el bienestar de las mayorías tanto en lo económico como en lo social, decidieron aprobar una Ley General de Desarrollo Forestal,  que anula derechos, cancela proyectos de conservación de nuestros bosques y aguas y privatiza el uso y explotación de esa riqueza natural.

Suponen, contra toda lógica, que una vez que se acaben los recursos forestales, se acabará el problema de los campesinos protestantes, y de los originarios que se oponen al progreso, a la pavimentación y fraccionamiento de los macizos de árboles de todo el país.

La iniciativa, aprobada el 7 de marzo, fue presentada por el grupo verde, esto es, los que piden pena de muerte para delincuentes y reclaman cuando se pisotea un hormiguero. Léase Partido Verde Ecologista, el principal apéndice del Partido Revolucionario Institucional, propiedad además de los farmacéuticos emparentados con el doctor Simi, el Niño Verde, que ya no es tan niño sino un labregón que hemos mantenido los contribuyentes durante más de veinte años.

En su defensa, admitamos que no sabe trabajar, porque no sabe lo que pudiese saber si hubiera acudido a la escuela a estudiar y no a corretear a las alumnas.

La propuesta de ley fue aprobada con oposición de Movimiento Ciudadano, Morena y PRD y se turnó a la Cámara de Senadores para su aprobación y promulgación. Hasta allí va el asunto.

Diversas organizaciones civiles pusieron una voz de alerta sobre el tema, señalando los retrocesos que habrá en materia de derechos humanos, salvaguardas sociales, legalidad en el mercado de madera y planeación forestal.

Señalan que las consecuencias previsibles, son mayores daños a los bosques y mayor pobreza en los territorios forestales que se sustraen, además, al control de sus dueños originales, las comunidades campesinos y los núcleos indígenas.

En un documento enviado a la Cámara de Senadores, los opositores a la promulgación de la legislación, a la que consideran un retroceso grave, detallan:

1.- Retira al Consejo Nacional Forestal (CONAF) atribuciones de supervisión, vigilancia y evaluación en materia de políticas forestales por lo que hay un retroceso equiparable a una renuncia en materia de derechos humanos.

2.- Elimina la obligación de velar por los derechos de Pueblos Indígenas y su acceso preferente a los recursos forestales, vigentes en la actual legislación como precepto constitucional.

3.- Debilita la transparencia del Fondo Forestal Mexicano que maneja, entre otros, recursos provenientes del presupuesto federal; recursos por cobro o transferencias de derechos y donaciones nacionales e internacionales. El manejo arbitrario de ese fondo en la nueva ley, significa opacidad y riesgo de corrupción.

Señala el documento que si la intención del Congreso es la actualización del marco legal para encarar los retos en materia ambiental, social, cultural y económica, debe respetar los derechos humanos con atención en los núcleos indígenas, campesinos y la sociedad civil en su conjunto.

Y concluyen pidiendo que la iniciativa de ley forestal se abra a la consulta pública, pero con participación de los sectores involucrados en el tema.

Lo evidente, se concluye de la lectura de la misiva recibida por los senadores que hasta ahora no se han dado por enterados, es que en la elaboración del nuevo texto participaron dos grupos definidos: los rapamontes y los diputados que, como siempre, acuden a levantar su dedito sin entender siquiera lo que están aprobando.

Y vuelve la memoria: uno de los íconos sagrados del perredismo, diputado, senador, representante del partido ante las autoridades electorales y varios encargos más sin que se haya ganado alguno disputando votos, Pablo Gómez, cuando le reclamaron su febril actividad en torno al Fobaproa –el mayor robo registrado en este país de nunca jamás—y luego de escuchar los argumentos de quienes lo interrogaban, periodistas desde luego, con total inocencia y sin  pudor alguno confesó: ¡Caray, es que no lo leí! (el dictamen).

Existe otra versión de que tal episodio se registró cuando fue aprobado el aumento del IVA de 10 al 15 por ciento, considerando alimentos básicos y medicinas.

Igual recordemos a ilustre zacatecano, por entonces priista, enviado a la tribuna a defender determinado punto de vista. El jefe de Prensa, yo, recibí el texto del ponente que no coincidía con lo que se quería sostener en tribuna. Enterado el líder senatorial, pidió al legislador que cambiara su discurso.

El noble señor con cara azorada, explicó: no hay problema, ataco; si me dicen que defienda, defiendo… no hay problema.

Y claro, no conocía el dictamen sobre el que había que especular o disertar.

Lo mismo sucede con la ley forestal. Con el agravante de que en este sector económico hay muchos intereses de personajes de la política nacional. Los principales talamontes, o rapacerros, se encuentran en el Estado de México, Michoacán, Guerrero y Chiapas. En la tierra de Lázaro Cárdenas, donde el propio Cuauhtémoc tuvo queveres con empresas forestales, se atreven incluso con el refugio de las mariposas Monarca. Santuario protegido por leyes internacionales que a la hora buena no son aplicables.

Habrá que esperar la reacción de los senadores, cuando se desocupen de brincotear de un partido a otro, de buscar a quienes lograron candidatura y a los que ya están de plano dedicados a la promoción de sus suspirantes a La Grande.

Eso es lo que importa… lo demás es lo de menos.

carlos_ferreyra_carrasco@hotmail.com