El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, dijo que la Ley de Seguridad Interior, para regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad no es lo más deseable, ya que no resuelve la violencia en el país.
Durante la presentación del informe anual de actividades en la residencia oficial de Los Pinos, el ombudsman nacional dijo que «los problemas de inseguridad y justicia deben verse bajo una óptica integral», ya que «enfoques parciales sólo producirán soluciones parciales que no resolverán los problemas de fondo».
«La existencia de un marco normativo que regule las tareas, que con carácter extraordinario llevan a cabo las fuerzas armadas desde hace más 10 años, respecto a la seguridad de las personas, no implican por sí mismas la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia.
«La participación de fuerzas armadas en actividades vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado», aseguró.
Explicó que la Ley de Seguridad Interior necesita de un debate amplio con expertos y víctimas para analizar su viabilidad, ya que la seguridad de las personas debe de estar a cargo de instituciones civiles.
«Las fuerzas armadas deben volver cuando las condiciones del país así los permitan a las funciones que le son propias, pero bajo un programa gradual y verificable. El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad, sobre todo en su interacción con la población civil no debe asumirse como algo permanente ni promoverse que así sea», aseguró.
Dijo que el gobierno debe centrarse en combatir la corrupción, replantear el sistema penitenciario, dar un carácter preventivo al tema de la seguridad, promulgar una ley contra la tortura y desaparición, en lugar de regular la actuación de los militares.
«Se daría una muestra clara de empatía con las víctimas y de sensibilidad a los reclamos la sociedad, si con el mismo interés y empeño que con que actualmente se promueve el proceso legislativo para una Ley de Seguridad Interior, se impulsasen los procesos relativos a las leyes generales sobre desapariciones y tortura, se reconociera la competencia del Comité Contra la Desaparición forzada de la ONU y se elaborase una ley sobre el desplazamiento forzoso interno».
Fuente: Milenio