Daniela, Rosa y Elena no se conocen, pero las tres tienen algo en común: un día tuvieron que salir de su casa en San Luis Potosí, Zamora (Michoacán) y el Estado de México para poder abortar libremente. Lo que solo en la Ciudad de México es legal desde hace 10 años –la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12– a escasa distancia de la capital se convierte en un delito.
Después de recorrer 425 kilómetros, seis horas en autobús, durante las cuales se sentía muy nerviosa, Daniela, de 23 años, quien prefiere no dar su apellido, llegó a un centro de salud público en la capital y allí se encontró una sala de espera repleta de gente. Le sorprendió ver «a niñas acompañadas de sus padres y a adolescentes con sus novios». Recuerda que el médico anotó en su libreta: «8,5 semanas». El suyo fue un aborto «muy doloroso», por aspiración –succión del contenido del útero–, frente a la otra alternativa que se ofrece que es con medicamentos, para estados menos avanzados y que se utiliza en un 86% de los casos, según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. «Pensé que me estaba muriendo. La anestesia no me hizo nada, sentía todo lo que me estaban haciendo», explica Daniela.
El único motivo de aborto legal en México es la violación. Dependiendo de cada Estado la ley contempla algunos supuestos. Entre los más comunes, se encuentran que la vida de la madre esté en riesgo, que el feto tenga malformaciones o que haya «una conducta imprudente o culposa de la mujer embarazada», es decir, en el caso de que se produzca un aborto espontáneo o provocado.
«Tenía 27 años y fue una decisión difícil», dice Elena, procedente del Estado de México, quien prefiere no revelar su verdadero nombre. «Quería ejercer mi carrera, trabajar de bióloga, hacer algo más con mi vida», explica. Rosa, de 29 años, coincide con Elena: «Una mujer tiene que poder elegir y me gustaría que los Estados tuvieran leyes que nos permitieran tomar nuestra decisión». Esta encargada de una tienda de ropa en San Luis Potosí, al igual que Elena, apunta que no contaba con recursos económicos cuando se quedó embarazada.
Como ellas, 174.113 mujeres interrumpieron su embarazo en la última década en la Ciudad de México en hospitales y centros de salud públicos, según los datos de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México. 50.185 (28,8%) procedían del Estado de México, próximo a la capital, seguido de otros estados como Puebla, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Veracruz y Guanajuato. Tras la aprobación de la ley capitalina, hubo un aumento del número de abortos hasta 2012, año en que se ha estabilizado la cifra.
«En Ciudad de México, la gente es más abierta que aquí en los ranchos», critica Daniela por teléfono desde Zamora de Michoacán. «Si se enteraran, me mirarían como a un caballo verde», relata. A pesar de las presiones, Tania Franco, quien forma parte del programa de acompañantes de la asociación Fondo María, afirma que las que abortan «son conscientes de lo que hacen y sienten que se quitan un peso de encima».
La mayoría de mujeres que deciden interrumpir su embarazo tiene entre 18 y 24 años, es soltera, ha estudiado hasta la preparatoria, formación previa a la entrada en la universidad, y no tiene ingresos. Una interrupción del embarazo puede ser gratis –en los centros públicos– o llegar a costar más de 8.000 pesos (unos 407 dólares) en la Ciudad de México. La clínica Marie Stopes, donde el aborto tiene un precio intermedio, también ha realizado en los últimos ocho años más de 130.000 intervenciones. Por lo que el costo es considerado, en unos casos, un mal menor y, en otros, es sufragado en su totalidad o en parte por asociaciones proabortistas.
«El hecho de estar ahí, de ver a otras chicas que están llorando, es difícil. Es un proceso que merece atención y que sea legal», señala Elena. «Me gustaría que hubiera algún tipo de atención psicológica después porque es fuerte, es feo», añade. Tanto Daniela como Rosa van a empezar a recibir ayuda psicológica. «Te desahogas y sacas emociones que hasta ahorita no había expresado», explica Rosa.
Pese al amparo de la ley, y debido a un fuerte estigma, a las mujeres se les niega además el aborto bajo determinados supuestos en sus lugares de origen. «Hay Estados que están pagando el traslado a la capital, por ejemplo, la Secretaría de Salud de Hidalgo. En Jalisco, Michoacán e Hidalgo llevamos casos de chicas a los que les han negado el aborto por violación», afirma Regina Tamés, directora de la organización por el derecho a decidir GIRE.
El Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán, en la delegación Venustiano Carranza, es una de las 13 clínicas públicas y gratuitas de la Ciudad de México en las que se puede abortar. Las mujeres tienen que hacer una fila antes de las seis de la mañana, pegadas a una verja de barrotes rojos, para conseguir ser atendidas ese día, sin cita. Fuera, suelen instalarse grupos antiabortistas que las intentan convencer de que sigan adelante con su embarazo. “Te dicen que te harán un ultrasonido para saber de cuánto tiempo estás y te enseñan imágenes crueles para que te arrepientas”, recuerda Rosa.
La penalización del aborto libre en el resto del país, para la directora de Marie Stopes, Araceli López Nava, es una cuestión de “voluntad política 100%”. Recientemente, 17 de los 32 Estados han aprobado en sus constituciones el derecho a la vida desde la concepción, una declaración de intenciones que podría generar conflicto con las actuales normativas sobre el aborto. “En Fondo María éramos conscientes de que esto iba a suponer una diferencia terrible para las ciudadanas de un mismo país”, apunta Oriana López, portavoz de la organización.
En el caso de Daniela, la posibilidad de que ella y su novio utilizaran un condón ni se había planteado. “Nunca nos cuidamos mucho”, afirma. Después de abortar, las clínicas públicas insisten para que vuelvan a sus casas con un método anticonceptivo permanente. Los más comunes son el DIU –dispositivo intrauterino– y el implante subdérmico –tratamiento hormonal–. Según datos de la secretaría de Salud de la Ciudad de México, el 98% de las mujeres que abortan en una clínica pública salen con uno de estos dispositivos. Daniela recuerda la conversación que tuvo con la enfermera: “– ¿Qué pasa si no quiero ponerme ninguno de ellos? – Que entonces no haremos el aborto”. Como era gratis, finalmente optó por el implante.
Aunque la Ciudad de México se presenta como la solución para las mexicanas que deciden abortar, la lista de mejoras pendientes es larga. Para la directora de GIRE, deberían asegurarse las interrupciones del embarazo, más allá de la semana 12, por otros causales; además tendrían que ampliarse el número de semanas para poder abortar. La portavoz de Fondo María, por su parte, cree que la regulación de la Ciudad de México es un “mínimo básico” que debería existir en el resto de Estados. “Ojalá un día existan leyes de verdad para que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo”, remata la acompañante Franco.
Fuente: El País