Benjamín Torres Uballe
Perdida entre la avalancha de información —frívola, mucha de ésta—, los medios impresos, electrónicos y digitales prácticamente ignoraron la semana pasada un dato valioso que dio a conocer Integralia, la consultora dirigida por Luis Carlos Ugalde: el costo de la democracia electoral para 2017 asciende nada menos que a la exorbitante cifra de 29 mil 525 millones de pesos.
La cantidad es, en principio, no sólo una ofensa para los 55 millones de pobres que han generado los gobiernos desde hace décadas, sino una inmoralidad absoluta. No existe argumento alguno para justificar los vastos recursos públicos destinados a los nueve partidos políticos —que por sí mismo es ya una aberración— y a los organismos encargados de los procesos electorales y su vigilancia.
Es evidente la fragilidad democrática mexicana que, además, dista mucho de consolidarse. El camino para lograrlo está lleno de peligros a causa de múltiples factores. Todo indica que el más pernicioso es precisamente la facilidad con la que reciben dinero público los implicados en el lucrativo negocio que significa la “democracia electoral”, como la define atinadamente Integralia.
Por eso abundan los partidos políticos, porque constituyen la mejor manera de vivir a expensas de los impuestos aportados por los mexicanos; mediante estos, se obtienen envidiables prerrogativas, se hacen jugosos negocios, se practica el nepotismo, se pueden ofrecer los servicios de apoyo al mejor postor y se puede negociar favorablemente con el gobierno en turno.
Así de perversas son las leyes en la materia que permiten tales abusos. Leyes que, por cierto, han diseñado y aprobado quienes de una u otra manera mandan en los partidos políticos y que hoy se benefician de ese entramado impulsado por la nomenclatura desde los círculos más altos del poder y avalado por el servil Poder Legislativo. Todo en esta materia lo han colocado a su favor.
Un ejemplo del uso y abuso para mantener la dichosa democracia electoral son los 4 mil 028 millones de pesos que totaliza el costo presupuestario de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 4 de junio en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, donde deben renovarse 3 gubernaturas, 2 congresos locales (55 diputaciones) y 270 ayuntamientos.
De esa millonada, ¿qué creen?, el 58.8% corresponde al gasto operativo de los organismos públicos locales electorales (OPLE); 34.3% al financiamiento público a partidos con registro estatal, y 6.9% al presupuesto de los tribunales electorales locales. Es decir, se gasta en algo cuya aportación es, además de exigua, cuestionable. No está comprobado que a mayor despilfarro — pues no se puede llamar de otra manera—, so pretexto de la llamada democracia electoral, ésta mejore substancialmente. No son los ciudadanos los que se benefician, sino los vivales de siempre.
Y la epidemia de constituir partidos políticos a diestra y siniestra, lejos de acotarse, se extiende como plaga. En las elecciones de este año participarán los 9 institutos políticos con registro a nivel nacional, pero se sumarán 8 locales, ¡imagínense!, 17 partidos compitiendo y demandando dinero para ello. Por supuesto que los fondos provienen de los impuestos pagados por los mexicanos, que van a una causa inútil repudiada por no pocos ciudadanos.
Todavía la inconformidad social se exacerba cuando es del conocimiento general la opacidad y el modo con que se manejan y dilapidan los recursos asignados a partidos y organismos electorales. Sólo hay que ver, entre otras muchas cosas, los elevados e injustificados sueldos de consejeros y funcionarios del INE —empezando por su presidente— y los de los magistrados del TEPJF.
Sin duda que el vergonzoso monto destinado al mantenimiento de la referida democracia electoral es, por ahora, cuasi ocioso, considerando su ineficacia, puesto que no redunda en el bienestar de los mexicanos a través de una mejor democracia. Es necesario que las partidas monetarias dedicadas a mantener a tanto parásito que vive a expensas del erario bajo la bandera de la democracia electoral sean asignadas a otros rubros de valía como la educación, investigación, ciencia y tecnología, salud, y procuración e impartición de justicia.
Insistir obcecadamente en privilegiar a los lesivos partidos políticos y al obeso sistema electoral en su conjunto es un despropósito gigante que abona al mal “humor social”. México tiene prioridades urgentes con la población, sí, con ésa donde uno de cada dos habitantes está en la pobreza, según estadísticas del Coneval. Por esto, es condenable obsequiar recursos que literalmente se “chupan” sin pudor alguno los entes referidos.
El nivel de frustración y hartazgo en la sociedad está a niveles que se pueden desbordar en cualquier momento. El gobierno debe entenderlo así y corregir políticas erróneas que afectan a la ciudadanía y sólo benefician de facto a los grupos políticos —sin excepción— y a la élite gubernamental. Sobre todo si a pillos como Javier Duarte se le permite saquear un estado y, además, dejar que se escape. Ahí radica la incoherencia entre lo que se pregona oficialmente y la realidad cotidiana, como ya lo dijimos, del uso y abuso de los recursos públicos, máxime cuando esto se disfraza con la pretendida “democracia electoral”.
@BTU15