La madrugada de este jueves una juez dictó al exsecretario de Finanzas de Javier Duarte, Mauricio Audirac, un año de prisión preventiva para que enfrente en la cárcel el proceso por el delito de coalición.
Además, dio a conocer que la pena por el delito de coalición que se le imputa va de seis meses a seis años privado de su libertad.
La determinación estuvo a cargo de la jueza de control de la Sala 2 de Juicios Orales que se ubica en el penal de Pacho Viejo, cercana a la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Los servidores públicos cometen el delito de coalición cuando se coaligan para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas, según el Código Penal Federal.
La autoridad consideró necesaria la medida debido a que el vinculado a proceso tiene los medios para sustraerse de la acción de la justicia.
Los abogados de Audirac, Ulises García Martínez y Álvaro Flores, alegaron que la detención realizada en Puebla pasado el mediodía del miércoles violentó el debido proceso, pues aseguraron que su representado obtuvo el amparo de suspensión 337/2017, que se promovió desde el 27 de marzo.
También argumentaron que al momento de la captura, su representado sufrió un trato discriminatorio contra sus derechos humanos.
Sin embargo, la Fiscalía General de Veracruz informó que el amparo se otorgó posterior a que el exfuncionario fuera aprehendido en un operativo de colaboración entre las policías de Puebla y Veracruz, en una acción que de acuerdo a lo que expuesto en la audiencia de imputación no violó los derechos humanos del detenido.
La Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción cometidos por Servidores Públicos señaló a Audirac de haber sostenido una reunión cuando fue secretario de Finanzas y Planeación (2014-2015) con otro vinculado a proceso por desvío de 2,300 millones de pesos. Se trata de Leones Bustos, entonces director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular.
El encuentro, en donde también participó el que fue tesorero del estado y actual diputado federal, Tarek Abdalá, tuvo la finalidad de realizar medidas contrarias a la Ley de Salud, según la fiscalía.
La acusación directa fue que se impidió el ejercicio de 2,300 millones de pesos que estaban destinados a programas sociales como Oportunidades y Seguro Popular para desviarlos a una cuenta de Banorte.
La jueza de control consideró que la defensa no aportó pruebas suficientes para evitar la prisión preventiva y fijó fecha parea nueva audiencia el próximo 4 de abril.
Fuente: Expansión
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Y EL DINERO QUE SE ROBO ??