El miércoles 1 de marzo comenzó el proceso de dejación de armas de la guerrilla comunista FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el cual debe culminar en tres meses.
Las FARC se comprometieron a entregar ese día a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la lista de todo su armamento: cantidad y tipo de armas de toda la tropa guerrillera.
En primera fila, en fecha próxima renuncian a su armamento los comandantes y guerrilleros que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), una instancia tripartita de la ONU, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, prevista en el acuerdo de paz, rubricado en septiembre y modificado y ratificado en noviembre.
Son, actualmente, 140 excombatientes desplegados en el MM&V, moviéndose por todo el país.
La guerrilla está proporcionando también las coordenadas donde se encuentra la principal arma de la artillería de guerrillas, que son los explosivos, como explicó el comandante de nombre de guerra Pastor Alape el mismo miércoles 1.
La destrucción de la primera parte de esta artillería comenzó el año pasado.
Estos acontecimientos son el primer paso del adiós a las armas de la guerrilla y termina a finales de mayo.
En total son cerca de siete mil ex combatientes, que ya se encuentran concentrados en 26 zonas rurales, sus nuevos campamentos de transición a la vida civil.
Hace 12 días terminaron de movilizarse a esas llamadas zonas veredales. Recorrieron durante tres semanas cientos de kilómetros en todo tipo de transportes, protegidos por el Ejército, confraternizando con los soldados, y sin incidentes.
El número de habitantes de las zonas crece, pues en las filas de las FARC están naciendo bebés a razón de 1.9 al día: es el baby boom de la paz.
Estas zonas fueron delimitadas con ayuda de la Misión de Naciones Unidas, dispuesta por el Consejo de Seguridad en enero de 2016.
Allí, la ONU recibirá en custodia las armas, de acuerdo a un cronograma. Luego las fundirán, para hacer tres monumentos conmemorativos. Uno irá a la sede de la ONU en Nueva York, otro a Cuba, anfitriona durante cuatro años de los diálogos de paz, y el tercero será instalado en Colombia.
«Llegamos a tener () fábricas de cohetes, llegamos a experimentar con cohetes de dos tiempos», dijo en una entrevista por televisión Iván Márquez, jefe negociador de las FARC.
IPS conoce, por haber estado presente en un territorio en disputa en el Norte del Cauca, que esos cohetes eran, o son, antitanque.
Precisamente la presencia internacional en el MM&V hace la diferencia clave, en comparación con anteriores intentos de paz fallidos en la guerra colombiana, surgida hace siete décadas.
Esta «pata» internacional del trípode es una misión política desarmada, que pasará prácticamente todo 2017 en terreno en Colombia. Los observadores internacionales serían, actualmente, 450, la mayoría latinoamericanos.
En este trípode, el dato más reciente, del siete de febrero, indica que 40 por ciento de los verificadores de la guerrilla son mujeres, 13 por ciento entre los internacionales y en el personal gubernamental, 6.5 por ciento.
Es un momento histórico.
Esta insurgencia campesina surgida en 1964 lleva en su ADN la lección aprendida de que las armas no se entregan; se guardan y no se usan mientras los pactos de paz se cumplan, previendo tiempos peores por la traición del Estado, recurrente, si se repasa la larga historia de las rebeliones en Colombia.
Pero son otros tiempos, y una diferencia adicional es que, esta vez, hay una sensación de fin de una era: las FARC están íntimamente decididas a retirarse de la guerra e irrumpir como partido en el escenario político, si bien unos 200 guerrilleros se declararon en disidencia y siguieron en insurgencia.
El acuerdo con las FARC prevé una reforma política inclusiva y soluciones para los campesinos y los cocaleros. Son reformas, en realidad, liberales, pero que, con tal de no hacerlas, los gobiernos de turno prefirieron mantener al pueblo en guerra.
Uno a uno, mediante un procedimiento abreviado (vía rápida), el Congreso legislativo aprueba desde diciembre los proyectos de ley que necesita el acuerdo de paz, y que el Gobierno le presenta. Los congresistas pueden discutir y aprobar o improbar los proyectos, pero no cambiarlos.
Una de estas iniciativas propone que se prohíba, por la Constitución, promover, organizar y financiar estructuras paramilitares, así como crear una unidad especializada en la persecución e investigación de este fenómeno, responsable de 80 por ciento de los crímenes de la guerra colombiana.
La desactivación de estos escuadrones, movidos por intereses privados, es uno compromiso crucial del estado en el acuerdo con las FARC. Aunque se ve mejoría desde que fueron desmantelados por el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), están copando los espacios que ha dejado esa guerrilla.
Mientras, arrecia el asesinato de líderes sociales y emergen escuadrones de la muerte en los campos.
La cifra más conservadora sobre el creciente asesinato de líderes populares es la del Gobierno, con 58 muertos el año pasado. El programa no gubernamental Somos Defensores contabilizó en 2016 el asesinato de 80 dirigentes, un incremento de 22 por ciento respecto a 2015.
¿Vuelve la ofensiva paramilitar? El estado dice que no tiene que ver con esos crímenes. Que no existen, hoy, escuadrones de la muerte que trabajen en coordinación con la fuerza pública. Frente a esta afirmación, las opiniones se dividen.
Calienta motores la campaña para las elecciones presidenciales de 2018, que definen si el acuerdo se cumple o no: el escenario será parecido al del plebiscito del 2 de octubre, en el cual perdió el «sí» a refrendar el acuerdo.
Aunque fue una derrota por escaso margen, obligó a Santos a renegociar 57 aspectos que había pactado en el acuerdo de paz.
Son los primeros pasos de la paz, luego de decenios de guerra.
Fuente: Reforma