Benjamín Torres Uballe
Hablar de la justicia en México es abordar una de las deudas más añejas y grandes del Estado con la sociedad. Sin justicia plena, ningún país puede enarbolar la bandera de la democracia. En todo caso, a lo más que podrá aspirar es al nivel de nación bananera. La historia conoce, de manera vasta, un sinnúmero de casos en todo el mundo, donde la impartición de justicia es mera farsa.
México, tristemente, encaja en esa clasificación. El sistema judicial mexicano no goza de buena fama; por el contrario, y eso toda la población lo sabe, incluso muchos ciudadanos han padecido alguna vez la vergonzosa corrupción, ineficacia, malos tratos y burocratismo que irremediablemente, y de manera oprobiosa, forman parte de dicha estructura.
Desde los policías ministeriales, pasando por el detestable Ministerio Público, hasta jueces, magistrados, y ministros integran —salvo honrosas excepciones— la penosa y profunda cadena de corrupción. La podredumbre —según lo ha evidenciado una larga lista de asuntos judiciales conocidos por la opinión pública— es imposible de ocultar. El caso de la secuestradora francesa Florence Cassez o el del narcotraficante Rafael Caro Quintero son plena muestra de ello.
Y para que no quede duda de lo anterior, está el lamentable tema de las tres mujeres hñähñú: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes injustamente pasaron más de tres años en prisión, luego de ser acusadas en el 2006 del secuestro de seis “indefensos” agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en un tianguis de Querétaro.
Lo endeble de las “pruebas” con las que fueron incriminadas las mujeres y lo torcido del proceso, junto con las presiones de diversas ONG, finalmente obligaron al gobierno mexicano a excarcelarlas. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) sentenció a la PGR —después de un extenso litigio— a indemnizarlas y ofrecerles una disculpa pública. Como suele pasar en México, la dependencia dio largas para acatar el fallo. Finalmente, la procuraduría a cargo de Raúl Cervantes Andrade —uno de los primos consentidos del sexenio— anunció el pasado martes —el Día del Amor y la Amistad— que cumplirá la orden y llevará a cabo el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública para Jacinta, Alberta y Teresa.
El reconocimiento se realizará el próximo martes 21 de febrero, a las 12:30 horas, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México, “para reivindicar la identidad de las mujeres indígenas”, señaló la Procuraduría. La obligada acción que ejecutará la PGR constituye per se el reconocimiento pleno del gobierno federal a la sordidez con la que se “maneja y administra” la justicia en nuestro país. Se confirma que la justicia real se aplica favorablemente si se tiene para pagarla. Si no se cuenta con los recursos para ello, entonces se corre el riesgo de padecer un infierno, tal como lo vivieron las tres mujeres que fueron vituperadas por el abyecto sistema judicial, que está demasiado lejos de lo que demandan los mexicanos.
“Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades, o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales…”, así lo alertó en 1994 el entonces candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio. Sólo pasaron 17 días después del memorable discurso en el Monumento a la Revolución cuando lo asesinaron en Tijuana. De ese tamaño es la cloaca que tocó y que sigue existiendo. Quizá por eso la justicia en México dista de ser pronta y expedita. Es, más bien, una inagotable mina de oro para muchos que no están dispuestos a dejar de explotarla.
Desde luego que México —a decir de especialistas y académicos— posee leyes a la altura de cualquier democracia avanzada. El problema estructural radica en su aplicación turbia, las más de las veces sujeta a intereses socio-económicos e incluso políticos. La discrecionalidad es un factor que rige en el sistema judicial; ello trae como consecuencia: impunidad, reincidencia y desigualdad, al tiempo de ubicar a nuestra nación muy distante de una democracia que sirva para el anhelado progreso del que tanto precisan los 120 millones de mexicanos.
En tanto no haya instituciones sólidas y respetables, cuya labor sea incontrovertible, la república mexicana no dejará de ser, en muchos aspectos, eso: un país bananero. Decirlo duele, pero es una verdad irrefutable. Está en las manos de la sociedad obligar a los órganos y a los integrantes que conforman el cuestionado y desprestigiado multicitado sistema judicial a cumplir estrictamente con tan delicada tarea.
Hoy nos congratulamos por la importante victoria de las tres mujeres originarias, y quienes se esforzaron para que a regañadientes se les hiciera justicia. La pregunta no puede evadirse: ¿Cuántas jacintas, albertas y teresas hay en las cárceles de México, condenadas a padecer el dantesco terror de la injusticia?
@BTU15