El caso de sobornos que salpica ahora a políticos de toda Latinoamérica arrancó hace casi un año en Brasil, cuando la policía de ese país detuvo a la secretaria de Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora multinacional que lleva su apellido. Él estaba detenido desde junio de 2015 en el marco del caso Petrobras, que investiga la corrupción entre las élites de poder brasileñas. Esto era diferente. Este golpe no iba contra una persona, sino contra la mismísima empresa, la joya de la corona brasileña, uno de los mayores casos de éxito de América Latina, el gigante de 128.000 empleados e ingresos de 40.000 millones de dólares que casi desde su fundación en los años cuarenta se presentaba como ejemplo de transparencia y buen hacer. Había levantado líneas de metro de Perú, carreteras en Argentina y centrales hidroeléctricas en Panamá. En Brasil es más difícil encontrar un aeropuerto, una autopista o un estadio de fútbol que no lleve su huella que al revés. Pero aquel 22 de febrero de 2016, como diría un ejecutivo meses más tarde, comenzó a salir la basura.

La secretaria, María Lucía Tavares, llevaba documentación de un departamento llamado Sector de Operaciones Estructuradas, literalmente una parte de la multinacional encargada de gestionar una impresionante red de sobornos a políticos por toda América Latina. Solo en Brasil, según calcula la policía, se gastó 320 millones de dólares en sobornos, generalmente en forma de donación para campañas electorales, para que los cargos públicos les dieran contratos de obras públicas e hincharan las facturas (la multinacional recibió así 2.250 millones de dólares desviados de los fondos públicos brasileños). Y la red no se detenía ahí. Los sobornos, distribuidos a través de una compleja red de empresas, transacciones no contabilizadas y cuentas bancarias offshore, se extendían a las principales economías de la región: por Argentina, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Perú. Ha salpicado al expresidente peruano Alejandro Toledo y, más recientemente, al presidente Juan Manuel Santos en Colombia. En diciembre, la multinacional aceptó pagar en un juzgado federal de Nueva York 3.500 millones de dólares, la multa más grande jamás impuesta a una empresa por un delito así.

La multa histórica fue en realidad el mal menor: se pactó dentro de un acuerdo internacional con Estados Unidos, Suiza y Brasil (tres países implicados) y servía para reducir el castigo. De la misma manera, en marzo de 2016, 77 ejecutivos de Odebrecht habían aceptado dar todos los detalles de su red de sobornos a las autoridades brasileñas y, a cambio, se reducirían los castigos por el caso. En diciembre terminaron de declarar. El contenido exacto de la que ya se conoce como La confesión del fin del mundo sigue bajo secreto de sumario en Brasil pero se rumorea que aquí el golpe será mayor. Que no hay techo a los cargos que puede salpicar, de los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva o Dilma Rousseff al actual Michel Temer, pasando por muchos de quienes buscan liderar el gobierno en las elecciones de 2018. Quienes conocen el contenido de las declaraciones sostienen que la sangría no ha hecho más que empezar.

Esto es lo que se va conociendo de las diferentes investigaciones:

COLOMBIA

Este martes, la Fiscalía aseguró que parte del dinero recibido como soborno por el exsenador del Partido Liberal Otto Bula, detenido a principios de año, habría terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Bula fue contratado por Odebrecht en agosto de 2013 para asegurarse el tramo de una vía de la Ruta del Sol, en Colombia. Según la investigación de la fiscalía, Bula recibió una comisión de 4,6 millones de dólares. Según la investigación, un millón de dólares de esa cantidad habría ido a parar a gerencia de la campaña Santos Presidente-2014. El gerente, Roberto Uribe, ha rechazado las acusaciones.

No es la primera vez, sin embargo, que la participación de Odebrecht en la Ruta del Sol llega a manos de la justicia colombiana. El pasado 12 de enero fue detenido Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte (2009-2010) durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe. La Fiscalía le acusó de recibir 6,5 millones de dólares de la constructora brasileña para garantizar que esta fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la ruta.

BRASIL

Las tramas corruptas que afectan a la clase política y empresarial de Brasil se entremezclan y el caso Odebrecht no es una excepción. Según la investigación en torno a la causa abierta que afecta a la petrolera estatal brasileña Petrobras se calcula que de los 20.000 millones de reales (6.400 millones de dólares) desviados, 7.000 (2.250 millones de dólares) fueron a parar a Odebrecht. Se cree que la multinacional accedió a esa fuente de dinero pagando hasta 1.000 millones de reales (320 millones de dólares) en sobornos a políticos y otros agentes públicos, generalmente en forma de donaciones para campañas electorales.

Hasta el momento, la pieza judicial vinculada a Odebrecht requería de que una instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de sus ejecutivos. Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La confesión se encuentra bajo secreto de sumario pero la prensa brasileña ha ido filtrando al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, Michel Temer y a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva. Están también dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de José Serra, actual ministro de Exteriores, a Geraldo Alckmin, gobernador de São Paulo y hombre fuerte para las generales de 2018.

PERÚ

La Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo, que se encuentra en París junto a su mujer Eliane Karp, se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Desde la capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde negó haber recibido los sobornos denunciados.

Toledo no es sin embargo el único expresidente peruano salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del expresidente Ollanta Humala se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha de Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su campaña presidencial. Antes de esta revelación, la justicia peruana ya investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.

Además, el pasado 31 de enero, las autoridades peruanas detuvieron a su llegada de Estados Unidos a Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones durante el segundo mandato presidencial de Alan García, predecesor de Humala. La Fiscalía acusa a Cuba de obtener dos millones de dólares por ayudar a Odebrecht a quedarse con la licitación de unas obras de metro.

Pero no sólo por corrupción ha salpicado Odebrecht la vida de los peruanos. Perú tuvo que cancelar la semana pasada el contrato para construir el Gasoducto del Sur, cuya inversión de 7.000 millones de dólares ha sido la mayor en infraestructura en la historia de este país. El consorcio encargado de la obra, encabezado por Odebrecht, no contó con la financiación necesaria para terminarla. Ha sido multado.

MÉXICO

En el caso de México, también según la sentencia del tribunal federal de Brooklyn, los pagos fueron de 10,5 millones de dólares, entre 2010 y 2014, generando beneficios de 39 millones. Por ejemplo, en octubre de 2013, revela la investigación, Odebrecht pagó seis millones a un alto cargo de una compañía pública mexicana a cambio de ganar un contrato.

ARGENTINA

Según la investigación estadounidense, entre 2007 y 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Odebrecht pagó más de 35 millones de dólares a intermediarios que confiaba que llegaran a funcionarios argentinos relacionados con tres proyectos de infraestructura. Los sobornos le propiciaron beneficios por valor de 278 millones.

La empresa brasileña se quedó con contratos para la ampliación de gasoductos en 15 provincias, la construcción de una planta potabilizadora de agua para la estatal AySA y el desarrollo de una refinería de la petrolera de capitales públicos YPF. Su proyecto de obra más emblemático fue el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que une la ciudad de Buenos Aires con su extrarradio. La obra no se inició durante el kirchnerismo y fue retomada por el Gobierno de Mauricio Macri, pero con otro contratista.

Por el momento, de esta ramificación de la trama corrupta se sabe, según el diario La Nación, que Gustavo Arribas, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia designado por el presidente Macri, del que es amigo íntimo, recibió unas transferencias de la misma cuenta que utilizaba un intermediario de Odebrecht para pagar sobornos, por lo que se sospecha que podrían ser coimas por una gran obra en Buenos Aires que se adjudicó la brasileña.

VENEZUELA

Según el detalle del caso abierto por la justicia norteamericana, en el caso de Venezuela, los pagos fueron de 98 millones de dólares a varios intermediarios que dijeron tener acceso directo a compañías públicas. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.

REPÚBLICA DOMINICANA

Odebrecht pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La Fiscalía reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe, detalles del acuerdo firmado con la empresa brasileña, alcanzado el pasado 20 de enero, por el cual esta se comprometió a abonar dicha cantidad.

Según el acuerdo, «dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025, iniciando con un primer abono de 30 millones de dólares, desembolsado a la firma del acuerdo el pasado miércoles». Destacó que, además de Brasil, República Dominicana es «el único país latinoamericano que, a la fecha, ha logrado una compensación que duplica el monto de los sobornos reconocidos».

ECUADOR

Sobre Ecuador, la investigación llevada a cabo en el tribunal de Nueva York asegura que entre 2007 y 2016, Odebrecht hizo pagos por valor de más de 35,5 millones de dólares a “funcionarios del Gobierno”, lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.

PANAMÁ

Así como ha pasado con República Dominicana, la firma Odebrecht ha cerrado un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer lugar, pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es necesario. Según informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares.

Fuente: El País