La capital del país, “ciudad de derechos y libertades, gana un lugar en la República y la soberanía nacional”, presume –con algo de pintoresca cursilería– Miguel Ángel Mancera.

Al contrario, el semanario católico Desde la Fe, órgano propagandístico del Cardenal, Norberto Rivera, regaña y cuelga descalificativos para subrayar que la capital del país ha optado por el camino al infierno.

La Arquidiócesis de México explica que la primera Constitución de la CDMX es ilegítima, atropellada, recetario de ideologías de la izquierda intolerante, y absurdos jurídicos; que el documento, para conceder identidad jurídica a la capital del país, es asesino y absurdo, porque esconde la inmoral figura de la eutanasia y el abominable y lucrativo negocio del aborto, lo cual es peor que legalizar el narcotráfico y el crimen organizado, dispara.

Para la Iglesia Católica, la Constitución de la CDMX nace maldita; encadenada a grilletes de injusticia e inequidad.

Más allá del berrinche de los ensotanados, vale cuestionar si la ley suprema de la Ciudad de México realmente cumple con una función tan ambiciosa como la que sus promotores nos han querido vender.

La capital de la República, no será por decreto ciudad de derechos y libertades como presume el texto constitucional; sus páginas están repletas con 71 artículos y 39 transitorios que pretenden garantizar lo que parece imposible: la inclusión, el derecho al tiempo libre, el derecho al trabajo y al ingreso digno, el respeto pleno a los derechos sexuales, al medio ambiente sano y a la dignidad de los animales.

La Constitución de la CDMX, más que un texto fundacional, es un libro aspiracional, plagado de idealismo; aterrizarlo será complejo.

Tampoco representa un gran cambio en cuanto a estructura política; seguirá siendo una entidad sui generis. No se cumple el anhelo de convertirla en el estado 32; la presencia de los poderes federales hace imposible la autonomía total. No queda claro si una nueva estructura administrativa generará beneficios para la población; cambiar de nombre las jefaturas delegacionales y crear cabildos supuestamente plurales parece más la receta del pastel político a repartir, que por dar a los capitalinos mejores servicios públicos.

¿La nueva ley terminará con la corrupción, mejorará la seguridad o generará un mejor entorno?

Sin duda, la flamante Constitución es una victoria del Jefe de Gobierno, que le servirá como plataforma política para beneficio de sus ambiciones presidenciales. ¿Qué mejor legado que una carta Magna para pasar a la historia?

La nueva ley nace maldita, no por lo que digan los liderazgos católicos, sino porque el orgullo que muestran sus autores no es compartido por la inmensa mayoría de los capitalinos a quienes no se solicitó la ratificación popular en favor de mayor legitimidad. ¿Por desconfianza?

La Constitución, como lo dijimos desde un principio, es aspiración de una élite política y por más que se haya convocado a ciudadanos casi todos notables, preparados, y de buena voluntad, padece la indiferencia de millones de ciudadanos que no pidieron ni necesitan una ley de este tamaño para vivir mejor.

EL MONJE PELUQUERO: Los padres constitucionalistas “mocharon” a la iniciativa de Mancera el modelo de plusvalía, el derecho a pensión para no asalariados, la edad para votar a los 16 años, el derecho al ingreso básico universal, el reconocimiento y protección del trabajo sexual voluntario y no aprobaron el Tribunal Constitucional que defendería el documento con aroma de poder.