La Cámara de Diputados decidió aplazar la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior, rechazada por diversas organizaciones civiles, y abrir un periodo de consulta.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, aseguró que se busca generar una mayor participación y evitar dudas sobre un asunto que hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado posponer.

De acuerdo con la agenda que tenían los diputados, la Ley de Seguridad Interior, que buscaba regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen, iba ser dictaminada a finales de febrero, aunque en la reunión de ayer de la Jucopo se tomó un acuerdo.

El martes pasado, el titular de la CNDH, Luis Raúl González, y especialistas en derechos humanos demandaron al Congreso posponer la aprobación de la ley, pues consideraron que un aval apresurado podría poner en riesgo los derechos humanos.

Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), basado en información oficial de 3 mil 327 combates registrados en el sexenio de Felipe Calderón, reveló que cuatro de cada 10 enfrentamientos fueron eventos de letalidad perfecta: todos muertos y ningún herido.

Las bancadas del PRD y Morena habían acusado que el PRI y el PAN los habían dejado fuera de foros que han organizado con expertos que están a favor de las iniciativas propuestas por sus diputados.

La propuesta de los priistas César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo es revisada para su dictaminación en las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública, antes de pasar al Pleno.

Al respecto, Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, consideró positiva la decisión.

Añadió que la ley, tal y como se encuentra hoy en día, no va a brindar protección a los militares, pues por principio de cuentas, estos carecen de la preparación para llevar a cabo labores de las policías