«Defensoras y defensores de delincuentes», «te vamos a hacer pedacitos», «la mujer no debe salir de casa», son algunos de los calificativos y amenazas que han recibido los defensores y las defensoras de los derechos humanos en México por parte de funcionarios públicos, miembros del crimen organizado y otros sectores de la sociedad, quienes tratan de desestabilizar su trabajo que busca reforzar el Estado de Derecho en el país.

En el foro «Personas defensoras de derechos humanos, retos y experiencias» convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, expertos en el tema coincidieron que en territorio mexicano se vive una crisis de derechos humanos lo que complica el trabajo de los defensores de las garantías, quienes están vulnerables ante los ataques de varios sectores, lo que inhibe su importante trabajo.

Durante su participación, José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, denunció que se ha detectado una campaña repetida de desprestigio en contra de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en México, con la cual se busca debilitar su trabajo, como ha ocurrido en el caso de Ayotzinapa.

Guevara pidió atención en esas acciones que incluso van en contra de mecanismos internacionales, y que tienen como finalidad desestabilizar el desarrollo del trabajo que denuncia las «violaciones gravísimas» en la materia que se comenten en México de manera sistemática y generalizada, incluso por policías, ministerios públicos, militares y marinos.

«Licenciadito deja de difamar a las autoridades, ya nos debes varias, en todos te metes […] te vamos a hacer pedacitos», fue una de las amenazas en contra de Vidulfo Rosales, hoy abogado de las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y expuesta durante el foro por Abel Barrera, director de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, quien acusó que inclusó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) tiene fichados a los defensores y defensoras de derechos humanos.

Barrera pidió denunciar la situación que viven, sobre todo las personas que trabajan en regiones donde no existe el Estado de Derecho, e incluso pidió a las autoridades a comprometerse a que no existan más «te vamos a hacer pedacitos». El director de Tlachinollan habló sobre la colusión entre crimen organizado, policías y el Ejército, y acusó que esa es una de las razones por la que no se puede llegar a la justicia y verdad en el caso Ayotzinapa.

Alejandra Nuño, consejera del Mecanismo Nacional para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pidió sensibilizar a la sociedad de la importancia del trabajo de la defensa de derechos humanos y poner un alto a los ataques de los servidores públicos que incluso los han llegado a llamar «defensoras y defensores de delincuentes».

La consejera pidió poner atención en siete puntos en torno a la situación de los defensores en México: no existen diagnósticos unificados de manera integral sobre los ataques a defensores; los perpetradores se han multiplicado y diversificado bajo el común denominador de la falta de acción de las instituciones del Estado; la variedad en ataques que repercuten en distintos ámbitos; los mecanismos de protección tienen aún retos importantes; la falta de conocimiento de las autoridades, las cuales no cumplen con su rol; la impunidad es la regla; y la criminalización de las y los defensores ante la justicia.

Nuño recordó que México es el país más caro del sistema de Ombudsman en América Latina, y, a pesar de eso, en muy pocas veces se investiga de forma adecuada los ataques a las defensoras y los defensores de los derechos humanos.

Por su parte, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, describió la situación en derechos humanos que se vive en México como una «macrocriminalidad rampante, en donde ya no hay frontera entre el crimen organizado y el poder público» y pidió que se reconozca la realidad que viven las defensoras y los defensores.

Patrón acusó también que el organismo que encabeza ha sufrido ataques e incluso responsabilizó al gobierno de generar condiciones de riesgo, ya que no reconoce la situación actual y se desacreditan los diagnósticos de organismos nacionales e internacionales.

El director del Centro Pro Juárez pidió el reconocimiento a aquellas víctimas que en el sufrimiento «deciden tomar el camino de la justicia» y se convierten en defensores y defensoras de los derechos humanos, y tienen que suplir las obligaciones del Estado en condiciones de vulnerabilidad.

Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, lanzó una dura crítica a los funcionarios que acudieron a la inauguración del foro, a quienes dijo que al menos uno se debió quedar a escuchar las mesas para que hubiera una interlocución. «Inauguran y se van, así es en México».

La defensora oaxaqueña acusó que si la situación es difícil, ser mujer, indígena y activista es aún peor, ya que se las ataca desde una visión patriarcal y machista en donde se les dice aún que no deben salir de la casa. Recordó que ella ha tenido que abandonar su comunidad por amenazas por oponerse a proyectos eólicos de las grandes empresas, además que en 2012 fue acusada de atentar contra la riqueza nacional y tuvo un largo proceso penal que duró cuatro años.

Cruz criticó que a los pueblos indígenas se les violenta por el Estado de forma histórica, ya que se les ha excluido y marginado; en México «ser indígena es sinónimo de la escala mas baja de la sociedad mexicana, se les sigue considerando como los más pobre y los más atrasados, se les tacha de ignorantes», denunció.

En su participación, Edgar Corzo, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indicó que no es un dato nuevo el hecho de que hay un aumento en las agresiones a los defensores de los derechos humanos en México, incluso por parte de los servidores públicos, quienes en una situación de alto grado de impunidad llegan a criminalizarlos.

El funcionario de la CNDH dijo que en algunos casos a los defensores se les llega a acusar sin ningún proceso en su contra, situación que los expone al descrédito y deslegitimización. «Se está lesionando, erosionando a la defensa de los derechos humanos en México».

Previamente durante el acto de inauguración, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pidió a la Secretaría de Gobernación que se impulse una campaña para la promoción en defensa de los defensores y las defensoras de los derechos humanas.

En el tema internacional, agregó que se debe formar un frente común en contra de la discriminación y el racismo. «En la CNDH decimos no a los muros», en clara referencia a una de las políticas del próximo presidente de Estados Unidos.

En el acto también estuvieron presentes Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República; Armando Luna, presidente de la comisión de derechos humano en Cámara de Diputados; Angélica de la Peña, presidenta de la comisión de derechos humano en Cámara de Senadores.

Además de Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos; José de Jesús Orozco, relator sobre los derechos de defensores y defensoras de derechos humanos de la CNDH; Jan Jarab, representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; y Mariclaire Acosta, consejera de la CNDH y directora de Freedom House México.

Fuente: EconomíaHoy

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