El pueblo está furioso; perdió la poca confianza que tenía en el gobierno.

El “gasolinazo” enciende protestas y desborda pasiones. Miles de ciudadanos no se cansan de llorar y gastar la suela de los zapatos, ganar la calle, y alzar la voz, en rechazo a las alzas de lo básico; el llamado es a boicotear al Gobierno y pegar donde más duele. En lo económico.

La crisis social desatada por la amarga medicina recetada por Hacienda obliga a partidos, legisladores, integrantes del Poder Judicial y titulares de organismos públicos, a anunciar medidas de “sacrificio”: menos celulares, gastos de viaje, pompa… y circunstancia.

La clase política promete ir a la peluquería por un recorte… eso sí, con tijeras chiquitas; dizque se aprieta el cinturón para frenar el despilfarro.

En realidad, es apurada respuesta para intentar calmar el mal humor social, por infinidad de abusos cometidos con recursos públicos.

Las cuentas estimadas arrojarían ahorros por 6 mil millones de pesos, tomando en cuenta los mil 900 anunciados por el Poder judicial, los más de 1 mil 100 anunciados por el INE y los mil que podrían recortar diputados y senadores (500 en cada cámara).

Parece mucho, pero en realidad es poco; “cacahuates”, comparados con las toneladas de lana que requiere la administración pública para funcionar en tiempos siniestros. Tan solo para reponer el impuesto especial a los combustibles se necesitarán más de 250 mil millones.

La realidad, impone una verdadera reingeniería al gasto público, no solo caramelos para endulzar la amargura popular.

Los senadores panistas, Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth y Jorge Lavalle proponen terminar de tajo con la locura y el derroche de recursos ejercidos por el Gobierno. Plantean la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SeDATU), CAPUFE, la Procuraduría agraria y sus tribunales; fusión de las secretarías de Economía, Turismo y Energía, lo cual, según ellos, ahorraría el 50% de los recursos que actualmente gastan las tres dependencias gubernamentales.

Los panistas calderonistas proponen mantener programas con base en resultados; diseñar leyes presupuestales de responsabilidad hacendaria; crear mecanismos para imposibilitar el uso discrecional del dinero público; recortar 10% el gasto programable del aparato público; el 50% por ciento al llamado “fondo moche”; cortar a la mitad el presupuesto de partidos en campañas electorales, y eliminar el financiamiento para actividades ordinarias de esos paladines de la democracia.

Los blanquizaules no son originales. Varias de las propuestas ya han sido planteadas por la sociedad civil, abocada a la transparencia, la rendición de cuentas y contra la impunidad y la corrupción.

La terapia resucitadora para un enfermo moribundo, exprimido por el derroche, es técnicamente mucho más compleja que la formulación de las reformas estructurales, muchísimo más complicada de llevarse a cabo por la afectación de intereses y privilegios de aquellos “doctores” que deben administrarla.

La solución corre en dos vías. Efectivamente revisar y eliminar instituciones, oficinas y programas improductivos o con programas duplicados, y establecer mecanismos estrictos de evaluación y fiscalización.

Como todos los grandes asuntos de este país, el camino de las soluciones pasa primero por la voluntad para instrumentar acciones, y después, sólo después, por la capacidad para diseñarlas.

EL MONJE CALCULADOR: Faltan cuatro días para la toma de posesión del imprudente Trump quien siembra odio y tempestades intensas; el mundo tiembla… y los mexicanos más. La incertidumbre nos paraliza.