Ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, el profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, José Leonel Andrade Alarcón, interpuso el segundo amparo contra el llamado gasolinazo, con el argumento de que es una medida anticonstitucional.
Según su interpretación, en la Ley de Hidrocarburos no existen las bases para fijar dicho aumento. Por ello, en entrevista con MVS, explicó que con el amparo busca que la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expliquen la razón de tal incremento.
El académico detalló que al no contar con bases claras, el alza al precio de las gasolinas abre la posibilidad a “una escalada” de aumento en el costo de los productos que dependen de ese combustible.
Además, consideró que si obtiene una resolución favorable del juez—en el transcurso de la próxima semana–, el incremento se podría frenar. No obstante, reconoció que es poco probable que ocurra.
Andrade Alarcón es ya conocido por su cuestionamiento a las medidas tomadas por los gobiernos. En abril de 2016, por ejemplo, interpuso un amparo en contra del Programa Hoy No Circula que levantó polémica entre los capitalinos.
Dicho amparo se suma al que promovió el doctor en Derecho Constitucional, Óscar Valdés Ramírez, el pasado lunes 2 de enero en el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa y que quedó radicado en el expediente 4/2017.
Las autoridades señaladas fueron el gobierno federal, en específico la Secretaría de Economía, con el argumento de que al zonificar los precios de la gasolina de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado de consumo se vulneran principios de equidad, proporcionalidad e igualdad de la Ley.
En su alegato, el demandante manifestó que no pueden existir mexicanos de primera o de segunda clase y que la decisión del gobierno viola los artículos 1, 17, 28 y 31 fracción IV de la Constitución, así como las Leyes Secundarias de los artículos 253 y 254 del Código Penal Federal, lo mismo que el Artículo 8 de la Ley Federal de Competencia Económica.
No fue todo. Según la demanda, también se viola el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocido como Pacto de San José en cuanto a que los gobiernos están obligados a proteger los derechos de igualdad, equidad y proporcionalidad de sus ciudadanos.
El amparo fue admitido el miércoles 4. El juzgado citó a las dos partes involucradas a presentarse el próximo 31 de enero, con la advertencia de que si no acuden, serán multados con el equivalente a 50 días de salario mínimo.
Fuente: Proceso