Jorge Zepeda Patterson, periodista y escritor en su novela «Los Usurpadores» recrea una especie de golpe de estado a partir de la masacre urdida por un gobernador de estirpe militar, que deriva en la  desestabilización del país, México, cuando se avecina la sucesión presidencial. «Feroz pugna plagada de engaño, muerte y alta traición» que enfrenta a las fuerzas de mayor influencia en el país en una disputa por el poder político a cualquier precio. Por su parte, Anabel Hernández, periodista también, de investigación profunda, de las independientes, en su libro «La verdadera noche de Iguala», hace patente la intervención del ejército que protegió el operativo para atacar a los normalistas en la presunta cobertura de un cargamento de heroina que desembocó en la masacre e incineración  de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El «capitán José Martínez Crespo tendría potenciales vínculos con el crimen organizado» apunta sin miramiento.

Un agravio histórico, entre otros muchos que se manifiestan en estos tiempos en montón, contamina, enrarece, el brumoso clima social en el país. Es el factor fundamental y del cual derivan un sinnúmero de otros factores corrosivos. Tiene que ver con el odio y la violencia desbordada y brutal entre grupos sociales. Es el conflicto civilizatorio  y cultural que develo Guillermo Bonfil hace años. En un texto que el tiempo diluyó y que casi nadie refiere en la actualidad. Está fuera de la moda de la modernidad líquida. No permite que podamos construir una nación unificada. La confrontación permanente entre el México «profundo» y el «imaginario». El del país indio y de otro, muy diferente, construido por los criollos hoy nortemericanizados e impuesto durante siglos con diversas modalidades y fórmulas, violentas la mayoría de ellas no sólo por la sangre derramada sino por la lobotomia mental perpetrada.

Un segmento amplio de la población, más del 80 por ciento, si no es que más, ha sido sometido a una expoliación despiadada e inhumana.

Un dato ilustra esta tragedia. En la actualidad, seis o siete de cada diez no alcanza a cumplir con requerimientos alimentarios suficientes.

La riqueza, el producto social del trabajo colectivo, se concentra en una minoría que impone un modelo depredador para todos los demás.  Menos para ellos. Así se estilaba en la conquista. Aniquilar al nativo. Es imposible construir un país con tamañas desigualdades. Durante decenas de años se ha incubado el huevo destructivo de la serpiente. Que permanentemente se muerde la cola.

El México bárbaro, marginado, expoliado, no despertara para liberarse sino para destruir a todos aquellos que responsabiliza de sus desgracias ancestrales. Y de paso y como consecuencia, a ellos mismos. Por un complejo de culpa y auto castigo que amenaza con no dejar piedra sobre piedra.

Una porción significativa de la convivencia social está contaminada de este odio brutal. Ya no sólo se roba o agrede para intimidar por obtener un bien u objeto codiciado o no tanto, sino que se acompaña de un rencor y violencia desproporcionada y brutal que pretende cobrar facturas ancestrales.

La minoría blanca o blanqueada, vergonzosa o abiertamente trumpista, utiliza a la clase política y aparatos represivos que les sirven para mantener a raya al populacho. Ese mecanismo y otros están desgastados. Ya no funcionan. Pero tampoco son suficientes ni siquiera con el auxilio de los medios de comunicación, educación, familia y religión para mantener una hegemonía cada vez más precaria.

La plutocracia y sus operadores están dispuestos a todo con tal de mantener sus privilegios. Incluso sacrificar el esquema civil de gobernabilidad, agotado, por uno todavía mucho más autoritario y criminal. Están preparando un golpe militar que se devela a partir de las reformas incluso constitucionales, Ley de Seguridad Interna,  que impondrán para legitimar la actuación de los militares en la reprensión, la extensión y profundización de la cobertura nacional de su actuación.  Un golpe de estado que no será blando. Y del manejo de diversos instrumentos, entre ellos la propaganda e información, que incluyen redes sociales, para preparar el terreno y asestarlo.

Ese golpazo. La dictadura perfecta se desmorona. El aumento en el precio de las gasolinas con su efecto recaudatorio y derivación en otros productos y servicios, son una «provocación» que apunta a consolida el terreno con ese fin. El gobierno civil no puede contener el descontento social. Desde hace años. Muchos, más de los que imaginamos, individuos e individuas, están a favor de una solución autoritaria drástica.

Ya no aguantan su propia anarquía y complicidades. Un ogro filantrópico de uniforme y fusil de asalto que imponga orden y respeto.

No importando el costo que se tenga que pagar. La autodestrucción del país para la edificación de otra dictadura más funcional. La diseminación de la antropofagia. El destino nos alcanzó ya.

La irrupción de Trump a la presidencia de nuestro vecino distante favorecerá su implantación quizá con su venía e intervención. Deportar millones de connacionales, poner un arancel a las remesas que impiden un estallido social por su impacto en las regiones más pobres, cerrar la frontera a la inmigración nativa, presionar para que los latinos no ingresen a su territorio y les sigamos haciendo la contención sucia quedándose muy probablemente aquí.

La modificación del TLC que reduciría los beneficios que se obtienen por las exportaciones maquiladoras a ese insaciable mercado de consumo, intimidar a empresas americanas y extranjeras para que tampoco inviertan acá, imponer aranceles leoninos a las exportaciones y otras que todavía no se expelen. Una verdadera bomba nuclear  a la precaria estabilidad resquebrajada existente.

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Es indispensable para el imperio que sus inversiones en el país cada vez más extendidas que incluyen petróleo y otros energéticos fueren  protegidas por el las fuerzas armadas mexicanas. Constituidas casi totalmente por individuos indios  de ese México profundo agraviado. Que se imponga la «paz de los sepulcros» a costa de lo que sea para que el raquítico mercado  nativo adquiera sus servicios y productos.

Shoping de baratijas de mayoría chinas. Incrementar la seguridad de la incontrolable frontera para taponar el flujo del «terrorismo». Eso sí, propiciar la porosidad necesaria para que continúe fluido, el abasto de todo tipo de drogas y de capitales derivado del crimen organizado. Político, económico y de rufianes asociados a ellos.  Los bancos gringos son un espacio monumental para el lavado de dinero proveniente de México y otros países.
Algunos analistas indican que el camino está pavimentado para que un «populista» ajeno al bipartidismo y sus satélites pueda usurpar la primera magistratura en 2018 por la caótica situación del país y la ascensión de Trump en E.U.  Al contrario, se está pavimentado el camino para perpetrar otro fraude electoral aceitando toda la maquinaria que incluye diversas instituciones gubernamentales, INE, Tribunal Electoral política social,  adosado con alianzas y complicidades múltiples. La extensión de la militarización del país y la reprensión previene esta posibilidad en caso de que la votación sea copiosa a favor de esa alternativa populista.  Y el fraude sean tan ostentoso y vulgar que se tenga que aplicar toda la fuerza del estado para reprimir la protesta de los inconformes.  En caso de que esta pudiera generalizarse a partir del caldo de cultivo de la inconformidad social desbordada caótica. La ciudadanía tiene miedo, terror  debido a que está siendo «sensibilizada» desde los medios de comunicación y nuevas tecnologías.

En nuestro país, en el tuyo, de tus hijos y nietos,  se está fraguando, entonces, un golpe de Estado donde los militares tendrán un papel protagónico. Y los medios de comunicación también. Los concesionarios han sido golpistas históricamente.

Bastará como ejemplo recordar las arengas del comandante Salinas Pliego para romper el orden constitucional. Usando como pretexto el asesinato por cuitas de narcos del Pacorro Stanley.

Puede ser no tan cruento pero debido a las condiciones sociales explosivas es muy probable que sea un baño de sangre. En procesos electorales anteriores como el de Enríquez Guzmán o el de Andrew  Almazan  a mediados del siglo pasado, los de Cárdenas en 1988 y posteriores donde ha participado López Obrador, el fraude descarado perpetrado desde el poder económico  y con apoyo fundamental de los medios de comunicación, no requirió entonces la intervención del ejército.

Muy probablemente también con la venia norteamericana. Fueron golpes blandos no exentos de protestas multitudinarias.

Ambos líderes de la «izquierda», optaron por tampoco actuar de manera radical,  a pesar de que una porción significativa de sus partidarios les exigía una rebelión que incluía la confrontación directa con los poderes constituidos pero golpistas electoralmente. Se utilizaron los espacios institucionales para legitimar la victoria de los antagonistas del «líder populista» en turno,  y todo tipo de triquiñuelas que incluyeron pactos en lo oscurito donde el PRI y el PAN y partidos aliados, se aliaron para impedir que una tercera opción reformista pudiera obtener el poder por la vía electoral. El diseño institucional de la oligarquía que controla el país para la «transición democrática» permanentemente inconclusa y mocha, contempla que únicamente organizaciones políticas conservadoras accedan al control de la administración pública.

Tal y como en Estados Unidos, el bipartidismo representado por demócratas y republicanos, unos van a misa a las 7 y otros a las 8,  se alterna en la primera magistratura. Los fraudes perpetrados uen aquel país para imponer a unos y otros están suficientemente documentados también. De democracia nada. Es una forma de menarquia hereditaria disfrazada. Piense en la familia Bush o Clinton.

La militarización del país con el pretexto de combatir el crimen organizado se hace cada vez más extensiva. Tendría que incluir a los barones económicos y clase política. Entonces no es tan generalizada. Vivimos en estado de excepción desde hace años y a partir de que Calderón decreto unilateralmente una «guerra»  que se propagó por todos los confines de México y que en el presente se mantiene con una difusión más discreta y controlada en radio y televisión. Los derechos humanos de los civiles, víctimas colaterales y a veces cómplices, de esta conflagracion nacional, son atropellados persistentemente específicamente por los militares. La tortura, desapariciones y vejámenes variados son generalizados.

Estos en algunos casos muy contados han sido juzgados, en una primera etapa, desde el fuero militar y con posterioridad en el civil. Los atropellos cometidos por ellos, las fuerzas armadas del orden,  son múltiples con el argumento justificativo oficial reforzado desde los medios, de que su función constitucional es otra; como garantizar la seguridad nacional y ayudar a la población en situación de desastres naturales, y no perseguir delincuentes. Analistas variopintos expresan que la tarea  primordial de la milicia es aniquilar al enemigo,  matarlo, y que desconocen los procedimientos institucionales que implican garantizar la seguridad pública. Ejército y marina presionan actualmente para que se les dote de un marco jurídico que permita actuar sin el riesgo de ser enjuiciados debido a que su accionar se encuentra fuera de la ley como resultado colateral del estado de excepción que padecemos.

Ese marco legal, les permitirá entre otras prerrogativas establecer retenes, realizar detenciones arbitrariamente, escuchar e interceptar comunicaciones privadas, es decir, actuar con alto grado dé discrecionalidad e impunidad, tal y como lo hacen en la actualidad pero «protegidos» por la ley. Mientras los civiles estaríamos inmersos en esa especie de estado de indefensión, ley de la selva regidos por la fuerza bruta, brutal.

La Ley de Seguridad Interior  faculta a los militares para restaurar el orden en el país con el total aval del presidente Peña Nieto. Se busca otorgar protección a los militares violadores contumaces de derechos humanos, torturadores y evitar que sean requeridos por la justicia internacional acerca de crímenes de lesa humanidad. Esta ley contempla que la seguridad interior puede estar afectada por el cambio climático, corrupcion, deficiencia de la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico de armas de fuego, desastres y todas aquellas situaciones incluidas en la Agenda Nacional de Riesgos , prevista en la Ley de Seguridad Nacional.

Amenazas a la seguridad interior se consideran los actos violentos que consideren «quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio o en alguna de sus partes». Las Fuerzas Armadas podrán actuar ante «cualquier otro acto u hecho que que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz publicas».  El Ejecutivo tiene discrecionalidad para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad cuando así lo decida o a solicitud de un gobernador o congreso estatal. Ejército y Marina pueden intervenir incluso antes de la declaratoria pues el presidente tiene atribuciones para «ordenar acciones inmediatas» si hay situaciones que «pongan en peligro a la población o debiliten las instituciones democráticas». Por último la información en torno a las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior serán clasificadas como de seguridad nacional por lo que tampoco serán del conocimiento público. Las autoridades civiles tendrán que darles a los militares toda la información de inteligencia que les pidan o más bien les exijan. (Proceso, 2017)

La milicia tiene un temor fundado. El aparato judicial nativo les puede brindar, y de hecho lo hace, protección e impunidad. Pero sería posible que pudieran ser juzgados, incluso los altos mandos, y hasta el presidente de la republica, por instancias internacionales y ser acusados entre otros delitos por crímenes de lesa humanidad. Hay evidencias documentadas de que los militares participan activamente en múltiples negocios que podrían tipificarse de crimen organizado. Algunos analistas refieren a México como estado fallido, narco estado, estado criminal y otras categorías que nada tienen que ver con la democracia.  La lista es amplia. También se encuentra vinculadas, las  fuerzas armadas, a grandes capos que asociados con políticos, a los que patrocinan en sus campañas, forman la gran telaraña nacional de la corrupcion contante y sonante que nos asola. A pesar de las ganancias que obtienen, el riesgo que corren es muy alto mientras los funcionarios de cuello blanco obtienen multiplicadas ganancias impunemente sin mancharse las manos de sangre.

Nunca como en los últimos sexenios, han recibido  presupuestos millonarios de nuestros impuestos que los han dotado de armamento sofisticado y tecnología de punta podrán ser utilizados contra los ciudadanos.  Tal y como lo están siendo en la actualidad para reprimirlos.  Los contratos celebrados para dotarlos de todo tipo de infraestructura y recursos permiten obtener moches que deberían tenerlos satisfechos y tranquilos. Pero no han sido suficientes esas prerrogativas. Cuadros de mandos medios y altos  de militares «nacionales» se capacitan en Norteamérica cuna de agentes golpistas «celebres» por las atrocidades cometidas en distintos países de Latinoamérica. Recuerde al tirano Pinochet.

Manuel Bartlett,  senador y ex secretario de Gobernación afirma que la presión para imponer la Ley de Seguridad Interior se sustenta en la debilidad del presidente Peña Nieto frente al desafío del secretario de Defensa general Cienfuegos y representa «la entrega del Estado mexicano al ejército», «es una insurrección militar», «un putsch». Además plantea que forma parte de la lógica de la integración de México a la seguridad interior de Estados Unidos. El 13 de mayo de 2016 en Colorado Springs, hubo una reunión encabezada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Cárter  a la que asistieron tanto Cienfuegos como el almirante Vidal Soberon, secretario de Marina como integrantes del Comando Norte de Estados Unidos.

«No es un cuartelazo al viejo estilo sino la entrega paulatina de nuestra soberanía» agrega el senador del PT.  Refiere que Felipe Calderón tomó la decisión de meter al ejército en la guerra contra el narcotrafico por mandato norteamericano. La Iniciativa Mérida es un clon del Plan Colombia donde el ejército cumple un papel fundamental. Otros ordenamientos legales han sido aprobados por presión de la secretarías de Defensa y Marina: el Código de Justicia Militar, la ley reglamentaria del artículo 29 Constitucional y la reciente militarización de los puertos mexicanos.  Refiere Bartlett además que Peña Nieto mando a Cienfuegos a presionar a la opinión pública como lo hizo antes en su comparecencia en Televisa cuando el secretario señaló que no tenía porque permitir al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (caso Ayotzinapa) que interrogara a los soldados. Cienfuegos, según Bartlett, debió «ser destituido y mandado al retiro». Develo que «los jefes militares hacen lo que quieren con los gobernadores».

Hay un creciente desencanto de los ciudadanos en general respecto a la utilidad de la democracia según lo consignan distintas encuestas como el Latín barómetro. Además ocho de cada diez cuídanos reprueban la gestión de Peña Nieto. A pesar de que según otras fuentes, el mexicano manifiesta ser uno de los más felices del mundo. Las disputas se resuelven bajo la ley del más fuerte y no pasan por los tribunales; la impunidad es grosera y rampante. Hay un desencanto generalizado de la justicia que se refleja en que la mayoría de los delitos (9 de 10)  no son denunciados en las instancias correspondientes. El abstencionismo y voto en blanco y protesta  ha venido creciendo también como una forma de repudio  y desinterés en los procesos electorales.

Varias campañas promovidas para anularlo tampoco han tenido el resultado esperado. Una parte sustantiva de los votos se intercambian por baratijas o son comprados a partir de dinero del narcotrafico o de programas gubernamentales donde se presiona al elector para que sufrague por determinada opción política. México es una fábrica de pobres a los que mata de hambre para sobornarlos y comprarles el sufragio con bisutería . Y también se expresa de diversas maneras un hartazgo contra los gobiernos civiles que han empobrecido y engañado a la gente. La supuesta alternancia y transición democrática que se vendió barata y difundió prolijamente fue siempre más de lo mismo pero de distinto colorido.

En voz alta y no tanto, se alude a la urgente necesidad de que alguien, incluso un líder mesiánico o los militares, vengan a poner orden en un país que da muestras permanentes de ser ingobernable. Otros sugieren la anexión al vecino del norte como una potencial alternativa a la desgracia nacional que padecemos. Las opciones políticas existentes tampoco representan los intereses de los grupos sociales; las decisiones fundamentales se sustentan en acuerdos cupulares que nada les benefician sino al contrario. Los partidos responden básicamente a los intereses de la oligarquía que manda desde hace lustros. Parece generalizarse la consigna de que «se vayan todos».

El país en las actuales condiciones da muestras palpables de ingobernabilidad permanentemente. Cada vez,  se hace más patente el uso de la fuerza bruta y la presencia intensiva de los militares no sólo en tareas de seguridad pública. Controlan puertos, aduanas,tráfico de personas,penitenciarias, patrullan los mares, dirigen procuradurías, policías, controlan la circulación de transporte en diversas zonas. Con la aplicación de la fuerza y violencia las violaciones a derechos humanos se multiplican.  Como el ejercito esta corrompido por el crimen organizado se puso en circulación a la Marina para que realizara las tareas e investigaciones más delicadas particularmente la captura de los capos más peligrosos. Como el fin justifica los medios se utilizan todo tipo de mecanismos particularmente espionaje en todas sus modalidades. Ejecuciones sumarias, torturas y brutalidad generalizada son las marcas y huellas que ha dejado la intervención castrense. Se reitera a través de los medios de comunicación y de la propaganda oficial que el presidente, en este caso Peña Nieto, es el comandante supremo del ejército y armada, pero en la realidad, cada vez se nota mayor autonomía y una dependencia y subordinación de la administración pública al poder castrense. Con la irrupción golpista de los militares se podrá garantizar una paz de los sepulcros momentánea pero el saqueo continuará. Bastaría revisar lo sucedido en países latinoamericanos que fueron víctima a de asonadas castrenses. Los funcionarios de cuello blanco, aunque mugroso, llenan sus alforjas con absoluta impunidad mientras que los señores de verde olivo, reciben jugosas migajas eso sí pero realizan tareas sucias que los hacen vulnerables a la justicia internacional y los denigran y confrontan con la ciudadanía.

La corrupción es rampante. Baste citar al cártel de gobernadores prófugos y exonerados a base de todo tipo de complicidades y las comisiones que se obtienen por la importación de gasolina de Norteamérica. Además de la denominada como Casa Blanca o blanqueada, y la ordeña sistemática de los ductos de Pemex. Es generalizada en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Propiciada también desde diversas instancias públicas y privadas, es la savia que da vida al bosque social. Muchos se quejan de ella pero la practican consuetudinariamente.

Es un «fenómeno cultural» según la más alta autoridad del país quien no ha estado exento de corruptelas graves que son  tapadas y exoneradas desde el mismo gobierno que encabeza. La justificación que pernea en las conductas individuales es que si otros se benefician de ella por qué yo no. Y se exige que se aplique la justicia en la milpa del compadre pero nunca en la propia. Al parecer, en las condiciones actuales es incontrolable. Los robos del erario público perpetrados desde la administración y por la clase política en general resultan inconmensurables y escandalosos. En diversos estados ascienden a cientos de millones de dólares. No hay dinero ni para pagar la nómina de barrenderos, maestros, jueces y policías que supuestamente la combaten. En el gobierno central con métodos un poco más sofisticados es escandalosa. Cada vez cuesta más trabajo disfrazarla o siquiera justificarla.

Tampoco existen instancias del poder judicial que acoten y castiguen este saqueo permanente. Magistrados y jueces de distintas instancias reciben salarios y presupuesto desorbitado; mecanismo que se está empleando para que no cumplan con su función. La parte baja de esta pirámide se cobra a lo chino exprimiendo a grasitas y desheredados que tienen que caerse con su respectivo cuerno para que » les impartan justicia».

La única manera de tapar el saqueo histórico al que se somete al erario público será una especie de borrón y cuenta nueva que se puede imponer una vez que los militares tomen el poder. A un costo altísimo particularmente contra los ciudadanos rasos. Selectivamente se puede llevar a juicio por corrupcion y otros delitos a aquellos que se considere «enemigos».

La iglesia católica cómplice y legitimadora de la situación actual denuncia que la » mala administración, gasto irresponsable, dilapidación de la riqueza petrolera, corrupción y falta de creación de refinerías son causa de la factura impagable y dolorosa» que paga la población por el alza de las gasolinas. Galván Ochoa (Jornada, 2017) comenta que el gobierno muestra su aparato de seguridad nacional » compuesto de policías, granaderos, grupos de choque, agentes filtrados, espías, bots en redes sociales para apagar cualquier expresión de inconformidad social».  Colectivos pertenecientes a la agrupación Somos más,  aseguraron que la elevación de los precios generará un «efecto devastador en la economía» afirmando además que «el gobierno está detrás de las manifestaciones violentas y de los saqueos». El semanario  Proceso pública que los videos de los saqueos ocurridos en el Estado de México y que se extendieron a delegaciones periféricas de la Ciudad de México muestran a gentes que vestían de rojo presuntamente provienen de la denominada «marea roja» organización que surgió en 2000 para movilizar el voto a favor del PRI que busca un pretexto para la reprensión. Lourdes Morales, doctora en ciencia política, advierte que con la acumulación de abusos de poder y el aumento en la gasolina se está «provocando un estallido social». (Proceso, 2017) .

La ANTAD organismo cúpula de las tiendas comerciales más grandes del país solicitó a raíz de los saqueos y rapiña a más de 400 establecimientos la intervención incluso del ejército. Jenaro Villamil cita como antecedente los rumores propalados en la administración de Echeverría sobre potenciales golpes de estado sustentados en «la desinformación, su mejor caldo de cultivo». Citando a Monsivais refiere que «las clases medias, al ingerir crédulamente cualquier rumor, renuncian al derecho a la información y aceptan y disfrutan su indigencia cognoscitiva y se solazan con la auto compasión». (Proceso,2017) La propagación de rumores sobre el golpe de estado incluyó «uso intensivo de cuentas falsas en redes sociales, (twitter y Facebook) , mensajes anónimos en whatsap, acompañadas con imágenes de saqueos» o supuesta violencia sucedidos en diversos países del Medio Oriente.

Una presunta «teoría del pánico» viralizada en las redes sociales, cita diversos pasos que incluye como corolario del caos supuesto o construido artificialmente que se engrandece al estado como salvador por restablecer el orden y se genera una aparente paz y tranquilidad desviando la atención del origen del problema  y se justifica » la militarización del país», bajo el pretexto de mantener la paz social. Grabaciones anónimas distribuidas en las redes sociales de una supuesta mujer que trabaja en el gobierno  advertía de fuertes rumores «de que el ejército le está dando la espalda al gobierno lo que significa un inminente golpe de estado». Otra voz de un supuesto soldado relataba que les estaban dando la orden de ponerse de civiles » pero saldrían armados y otros uniformados» por lo que se «pondría muy feo»… «Vamos a disparar a fuego abierto… No salgan» concluía. El secretario de seguridad pública capitalina Hiram Almeida afirmó se detectaron más de 250 cuentas falsas difundiendo rumores que fueron desactivadas. Otras incluían cuentas apócrifas de medios como Grupo Fórmula y el diario Excélsior.

Un video en YouTube daba cuenta de un supuesto vecino de Azcapotzalco que muestra una pistola y decía » Peña, mira. Aquí estamos preparados. A punta de vergazos nos vamos a morir todos».