Benjamín Torres Uballe
Son absolutamente reprobables, desde cualquier ángulo en que se analicen, los saqueos y la violencia bajo el pretexto del aumento a las gasolinas y el diésel. Las verdaderas protestas sociales por el inmoral e injustificado gasolinazo son, además de obligadas, bienvenidas. En ello estamos incondicionalmente de acuerdo. No debemos quedarnos cruzados de brazos ante un abuso más.
La violencia fue incitada desde las redes sociales por grupos que así lo quieren. Los malquerientes de Morena y de su propietario, Andrés Manuel López Obrador, los señalan de estar detrás de los llamados a saquear las tiendas, plazas comerciales y gasolineras. Hasta hoy no le han probado nada al tabasqueño, quien niega tales acusaciones y culpa al gobierno de la anarquía imperante.
A los males que aquejan a la enorme mayoría de la atribulada sociedad mexicana —como son la violencia, los millones de connacionales en pobreza, la profunda desigualdad, la falta de un estado de derecho real, la escaza creación de fuentes de empleo y, sobre todo, la desbordada corrupción que impera entre la clase política y las esferas gubernamentales— debemos agregar las dantescas escenas —vistas en todo el mundo— de turbas robando lo que estuviera a la mano en los comercios.
Insistimos, la violencia y el saqueo son reprobables. Intentar justificarlos es imposible y muy sospechoso, no sólo porque deslegitimiza y enturbia la oposición a un acto inmoral, indigno y lesivo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, sino porque en México ya no cabe más violencia que aumente el terror y la confrontación entre connacionales. El repudio ahí está.
En vano son las demagógicas justificaciones oficiales al aumento a las gasolinas, diésel y al precio del gas LP. Nadie cree en éstas. Tampoco en el tibio mensaje del Presidente cuando ya los asaltos y vandalismo a los comercios estaban en marcha. La población ha sido testigo otra vez del desesperante e ineficaz “estilo” de la actual administración: reaccionar en vez de prevenir.
Hoy, México padece dos clases de saqueos: el de ciertos sectores que, alentados por fuerzas oscuras, desean ver al país incendiado y que hicieron de las suyas en contra de la propiedad privada, so pretexto del mencionado gasolinazo, y el más constante y más pernicioso: el de la clase política. Y este último no es exclusivo de un partido político, todos lo practican efusivamente.
No obstante, es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien con todo mérito se distingue a la hora de analizar los saqueos a la patria. Desde Mario Villanueva, pasando por Andrés Granier y Tomás Yarrington (prófugo), hasta llegar a los casos recientes de Javier Duarte (también prófugo), Roberto Borge y César Duarte, quienes conforman una lista de algunos de los “distinguidos y ejemplares” ladrones de cuello blanco priistas que saquearon impunemente los recursos de los mexicanos.
Y el multicitado saqueo político se lleva a cabo desde hace muchos sexenios, no es privativo del que sufrimos en el presente. Sin embargo, tan lucrativa “afición” de plano se quitó el disfraz en la alta militancia priista de la actualidad. Por ejemplo, se conoció que Javier Duarte saqueó recursos públicos en Veracruz por una cifra estimada en alrededor de 35 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación alertó con anticipación de la podredumbre en el gobierno jarocho. El gobierno federal no quiso ver lo que ahí sucedía. Sospechosamente, el ejemplo de la nueva clase priista aún está prófugo. La vox populi asegura que todavía se le protege en el PRI.
Pero la sustracción del erario igualmente se dio con singular entusiasmo en Quintana Roo, con otro gobernador tricolor, Roberto Borge, y según denuncias, en Chihuahua sucedió lo mismo con César Duarte. Es de todos conocido que el Revolucionario Institucional perdió en las tres entidades mencionadas. Ni el más ingenuo de los mexicanos considera que el saqueo de los tres pillos gobernadores era desconocido en Los Pinos. Esto lo hace mayormente perverso e intolerable.
“¿Qué hubieran hecho ustedes?”, preguntó el mandatario mexicano cuando débilmente intentó establecer una serie de desesperadas explicaciones al repudiado gasolinazo. Las respuestas son sencillas, nada complejas. Podríamos empezar —al igual que él— por abandonar su zona de confort y adentrarse en la cotidiana realidad de los mexicanos: inseguridad, corruptelas de la clase política, precario estado de derecho, despilfarro de recursos públicos, puestos de trabajo insuficientes y un mediocre y limitado sistema de educación pública, entre otras pesadillas nacionales.
También Peña Nieto podría considerar que su partido y gobierno dejen de defender y proteger a pillos como los ex gobernadores mencionados en párrafos anteriores. Incluso, dejar de imponer como funcionarios a sus amigos —Raúl Cervantes Andrade (PGR), Luis Enrique Miranda Nava (Sedesol) o Aurelio Nuño Mayer (SEP)—. Ése pudiera ser un inicio. Y conste que no mencionamos escándalos como el de la Casa Blanca y los 43 normalistas, para no echar más leña al fuego.
Sacar a integrantes del Gabinete a declarar con desesperación en los medios la cantaleta que de no haber decretado el alza a los combustibles hubiese ocurrido una hecatombe económica y social, atenta contra la inteligencia ciudadana. Es evidente la incongruencia y lo endeble de los argumentos gubernamentales, pues en plena “crisis” seguimos enterándonos de cómo prevalece el “saqueo” de la alta burocracia en el INE, la SCJN, en las dos Cámaras del Congreso, y no hay que olvidar las ilegales indemnizaciones que se otorgan los amigos presidenciales, tal como lo hizo el actual dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, en la CFE.
De todo lo anterior se desprende que, efectivamente, hay de saqueos a saqueos. Ambos atentan contra la democracia, legalidad y bienestar de los mexicanos. Al respecto —y como siempre, la opinión más valiosa es la de los lectores—, cabe preguntarles: ¿ustedes qué harían? ¿No se levantarían pensando en joder a México, igual que lo asegura el presidente Enrique Peña Nieto?
@BTU15