Las políticas antiinmigrantes de Donald Trump, quien este viernes asume como presidente de Estados Unidos, librarán la batalla dentro del propio territorio estadounidense.

En más de 150 condados de 26 estados de la Unión Americana, además de varias ciudades y universidades, medidas como la criminalización de las personas indocumentadas —contra quienes Trump ha emprendido una ‘guerra retórica’ de ofensas y amenazas— son rechazadas por varios sectores de la sociedad.

La vía más usual es la negativa de las autoridades locales a cooperar con lineamientos como preguntar a las personas por su estatus migratorio para posteriormente reportarlo al gobierno federal con el fin de deportar a quienes estén en una situación irregular, pero en algunos lugares también se les permite obtener licencia de conducir y acceder a otros beneficios.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump —quien en campaña planteó deportar a hasta 3 millones de inmigrantes—, ya ha advertido cuáles serán sus armas para encarar el desafío a sus políticas: cancelar fondos federales para estas localidades.

¿Será este amago suficiente para doblegar a los partidarios de la inmigración? El cónsul de México en Nueva York, Diego Gómez Pickering, opina que no, al menos en los casos del gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, y del alcalde Bill de Blasio.

“El mismo gobernador y el alcalde han hecho pronunciamientos al respecto de que si llega a haber una presión por parte del gobierno federal, el estado y la Ciudad están tomando previsiones y no cambiarían de ninguna manera la política que han enarbolado ya por décadas”, enfatiza en entrevista.

El cónsul mexicano en Boston, Massachusetts, Emilio Rabasa, tiene la misma perspectiva sobre esta Ciudad, al recordar que el alcalde, Marty Walsh, la declaró santuario, y que la procuradora estatal se ha pronunciado abiertamente promigrante. Y esto se transmite a otros sectores de la sociedad, como el caso de las instituciones educativas que se erigen en santuarios para migrantes.

“Ahora no solamente la Ciudad sino también algunas universidades, puntualmente Harvard, en Boston, Massachusetts, y la Universidad de Middlebury, en Vermont, se suman para proteger a aquellos estudiantes que, siendo indocumentados, están trabajando intelectualmente en estos centros, y ofrecerles protección legal y de todo tipo”, menciona el diplomático.

Rabasa señala que las autoridades locales pueden argumentar que, de acuerdo con la legislación estadounidense, no tienen por qué realizar las facultades de la administración federal, como es la verificación del estatus migratorio de las personas. Esto, podría generar un choque entre gobiernos, lo que — de acuerdon con el cónsul— pondrá a prueba el funcionamiento de la democracia estadounidense.

“Vamos a empezar a ver a partir del 20 de enero, la correlación entre el poder federal y local y, por lo tanto, cómo va a operar ahí el famoso mecanismo de checks and balances, pesos y contrapesos (entre gobiernos)”, comenta.

Nueva York y Boston son dos de las cerca de 25 ciudades ubicadas como santuarios, de acuerdo con un estudio del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte (Colef). El documento contabiliza cerca de 150 condados donde las autoridades locales han refrendado que no cooperarán en tareas de vigilancia migratoria.

IMPLICACIONES SOCIALES

Las motivaciones detrás de esta oposición a las políticas antiinmigrantes van más allá de un posicionamiento político, pues tienen implicaciones económicas y sociales, considera la coordinadora del Observatorio del Colef, Alejandra Castañeda.

La investigadora explica que las autoridades de estas localidades buscan que la Policía se enfoque a mantener la tranquilidad y construir una relación de confianza con la comunidad, en lugar de prestarse a redadas.

“Las policías dependen (mucho) de la confianza de las personas para combatir el crimen común, ese es su trabajo”, indica Castañeda, y añade que retener a estas personas cuesta dinero que el gobierno federal no siempre les reembolsa, lo cual inhibe aún más la cooperación.

El alcalde de Phoenix, Arizona, Greg Stanton, manifiesta en entrevista su preocupación por la intención de Trump de que los gobiernos locales colaboren con sus planes antiinmigrantes.

“Estoy muy preocupado por la retórica del presidente electo que indicó que quiere que las autoridades locales de administración de justicia se conviertan en organizaciones de deportaciones masivas que apoyen sus políticas. Como alcalde, he dicho que no lo vamos a permitir.

«Nuestras fuerzas hacen un gran trabajo en mantener comunidades seguras, en construir una relación positiva con las diversas comunidades en nuestra ciudad, y si por alguna razón permitiéramos que se convirtieran en un departamento de deportaciones masivas, eso arruinaría la confianza de la comunidad, y la haría menos segura”, abunda.

Pese a estas actitudes de apertura, los mexicanos en Phoenix enfrentan una situación de claroscuros, debido a la Ley SB1070 de Arizona, que permite a las autoridades locales verificar la condición migratoria de las personas durante arrestos de rutina, y obliga a los empleadores a checar la situación legal de sus trabajadores.

En esta situación, los consulados tienen la misión clave de defender a los mexicanos ante posibles abusos. La cónsul en Phoenix, Claudia Franco, confía en que la “muy estrecha relación económica y comercial” entre México y esta localidad sea factor para propiciar un mejor ambiente para los migrantes.

“Esperamos que, mediante el diálogo, haya también una disposición a colaborar con el Consulado respecto a la protección de los derechos de nuestros connacionales ahí”, comenta en entrevista.

DESPLAZAMIENTOS

La retórica antiinmigrante de Trump ha despertado inquietud, particularmente de quienes viven fuera de una ciudad santuario, por lo que no se puede descartar un posible desplazamiento de migrantes hacia localidades más amigables, consideró el cónsul de México en Chicago, Illinois, Carlos Jiménez Macías.

“Están migrando hacia Chicago, justamente por su condición de santuario (…) llama la atención de migrantes en otros estados del medio oeste que no se sienten muy seguros, y eso los hace caminar hacia los lugares que son ‘santuario’ de migrantes”, aseveró el funcionario.

Ya se han dado casos en este sentido, como cuando se aprobó la Ley SB 1070 de Arizona, recuerda el cónsul Gómez Pickering, quien aclara que por ahora no se registran movimientos de este tipo en Nueva York. Lo mismo ocurrió en Alabama como consecuencia de otra ley antimigrantes, recuerda la doctora Castañeda, del Colef.

El cónsul de México en Los Angeles, California, Carlos de Alba, también descartó que por ahora se presente una situación generalizada de regreso o desplazamiento de mexicanos en la localidad.

El cónsul Rabasa coincide en señalar que tampoco se observa una tendencia desde Boston, aunque sí preguntas aisladas por parte de algunos connacionales, quienes incluso manifiestan interés por emigrar hacia Canadá. No obstante, el diplomático resalta que sería difícil que se diera un éxodo de migrantes, debido a un “cierto arraigo” hacia las zonas en las que se han afianzado.

“Los muchachos que trabajan en las granjas lecheras de Vermont, ¿van a dejar de ordeñar vacas para irse a la construcción en Boston? ¡Pues no! Están ya entrenados para la ordeña, entonces dejar su trabajo es dejar su ingreso y de enviar sus remesas, no va a ser tan fáciles los desplazamientos”, añade.

Fuente: Expansión