Los cerca de 7 mil miembros que se calcula que tienen las FARC debían haber abandonado sus campamentos ocultos en zonas recónditas de Colombia para ir a las áreas de desarme, a más tardar el 6 de diciembre. El traslado no se ha producido.

Este movimiento está contemplado en el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre por el Presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder insurgente Rodrigo Londoño, Timochenko.

Después debían haber comenzado con la entrega de armas a la ONU e iniciar la creación de un movimiento político legal.

Casi una semana después, el repliegue sigue pendiente. Los guerrilleros esperan en unos lugares de preagrupamiento, pactados según un protocolo de seguridad alternativo, a que «estén despejados los caminos de obstrucciones jurídicas», en palabras del comandante Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC.

La hoja de ruta que la guerrilla debe seguir desde el 1 de diciembre, el denominado día D, cuando el Congreso colombiano refrendó el acuerdo, está vigente, pero no se cumple al milímetro.

Durante el final del proceso de negociación, los máximos dirigentes de las FARC les recordaron una y otra vez a los representantes del Gobierno que no se moverían de sus campamentos hasta que no estuviera aprobada la Ley de Amnistía, que sacará de las cárceles a unos 300 guerrilleros, según los cálculos de la insurgencia.

Para que se cumpla esta primera condición lo más pronto posible, la Corte Constitucional debe aprobar esta ley, a través de un mecanismo extraordinario conocido como «fast-track». Sin embargo, el Alto tribunal, por el momento, ha postergado su decisión al 12 de diciembre.

Sin Ley de Amnistía vigente, ni indultos aprobados, las FARC no se moverán. Y tampoco lo harán si no se suspenden las órdenes de captura que pesan sobre algunos de sus integrantes.

«Es comprensible que nadie emprenda movimientos hacia las zonas veredales si se corre el riesgo de ser detenido», explica Márquez.

«No permitamos que la paz quede enredada en una telaraña jurídica tejida por la insensatez, que puede atrapar por años nuestra esperanza y nuestro futuro. No es justo. Que nadie nos arrebate el derecho a vivir en paz».

Cuando todo el capítulo jurídico esté cerrado, las FARC comenzarán un camino hacia las 20 zonas veredales transitorias y los siete campamentos en los que oficialmente transitarán a la vida civil.

En todo este proceso estarán acompañados por el mecanismo tripartito compuesto por el Gobierno colombiano, la ONU y representantes del ya ex grupo armado.

El problema en este momento es que estos lugares, repartidos por todo el territorio colombiano y ubicados cerca de donde tradicionalmente las FARC operaban, no están preparados.

«No podemos ser irresponsables y entrar donde no hay dónde dormir y resolver las necesidades básicas», asegura Jesús Santrich, otro de los negociadores del Gobierno en La Habana.

La guerrilla tiene 30 días, desde el denominado día D, para instalarse en estos lugares. Este margen, que vencerá el 31 de diciembre, es al que se aferran todos los integrantes del mecanismo para asegurar que cumplirán con el calendario.

El Gobierno es el responsable de financiar el avituallamiento de las zonas, desde el material para construir las camas, a la comida, hasta proveer de atención médica a los guerrilleros a través del Ministerio de Salud. Pero, debido al retraso, han solicitado a la Misión de la ONU en Colombia ayuda para la puesta en marcha. Las FARC, tras varias visitas al terreno, también han ofrecido su colaboración con mano de obra.

Una vez que se termine de construir la infraestructura de las zonas veredales y los servicios básicos estén garantizados, los guerrilleros ingresarán con sus armas. Cada fusil será identificado con un código de barras que incluirá información sobre su tipología y el dueño al que pertenece. Hasta estos lugares también llegarán otros materiales de guerra como lanzacohetes o ametralladoras. Este inventario se comparará con el que ya han entregado las FARC a la ONU y que no ha trascendido por seguridad.

Por tanto, durante un período de tiempo, hasta que se lleve a cabo el almacenamiento en contenedores ubicados en los propios campamentos, los guerrilleros irán armados para su autodefensa en caso de que se produzca algún tipo de incidente con grupos ajenos al proceso de paz.

De manera paralela, se destruirá armamento inestable -como bombas o granadas- fuera de estas zonas.

Antes de la celebración del plebiscito del 2 de octubre, en el que los colombianos rechazaron el primer acuerdo de paz, la guerrilla destruyó una pequeña parte de su arsenal como gesto simbólico. Guerrilleros especializados en explosivos y funcionarios de Naciones Unidos viajarán hasta las caletas donde está escondido este tipo de material bélico.

Cuando hayan pasado 180 días, que empezaron a contar el 1 de diciembre, las FARC deberían haber entregado todas las armas y pasado por un proceso de formación para reincorporarse a la vida civil.

Al día siguiente, el Gobierno y la guerrilla se encargarán, ya sin el acompañamiento del mecanismo tripartito, de trasladar todo ese material, considerado chatarra, a una ubicación para crear tres esculturas que rememoren el final de más de medio siglo de conflicto armado.

Una de ellas se instalará en Nueva York, sede de la ONU. Otra en La Habana, ciudad de las negociaciones durante los últimos cuatro años. Y la tercera, en algún lugar de Colombia, territorio ya de paz, siempre que la otra guerrilla, el ELN, comience su tránsito hacia el final de la violencia y el repunte del paramilitarismo no impida el anhelo del país los últimos 52 años.

Fuente: Reforma