Tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México de la Ley de Vivienda, Fernando Zárate, diputado de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), apuntó que, en particular, el Artículo 94 permite al gobierno local captar la plusvalía de la propiedad, para asignarlo a los sectores que las autoridades consideren.
En entrevista con José Cárdenas señaló «el problema es que está eliminando del patrimonio de las personas, una parte de esa ganancia lícita. Lo que harán es encaminarlos fuertemente a compensar el desarrollo urbano y redistribuirlo correctamente; esa es la mano del Estado, no dejan que el mercado se ajuste de manera natural entre la oferta-demanda».
Con ello, aseveró, el gobierno interviene directamente a la propiedad y a la economía, «el tema es la ganancia económica que el gobierno capta, en detrimento del patrimonio y en detrimento del concepto de propiedad privada».
El diputado destacó la importancia de la propiedad privada, «te da el derecho a disfrutar, usar y disponer, disponer incorpora la ganancia, es parte intrínseca de la propiedad, que se pueda convertir en dinero. Cuando alguien entra en tu esfera jurídica, entra a tu propiedad y te quita una parte, un tercio, un cuarto, te está mochando una parte la propiedad, esa violación es peligrosísima en el libre mercado y democracia».
Fernando Zárate aseguró que este hecho se trata de una doble tributación y tiene un tinte confiscatorio, «esto es un tema meramente económico, una intervención desproporcionada, sin fundamento constitucional, pero sobre todo, interventor muy grave en la economía de los ciudadanos».
Apuntó que este mecanismo intentó anexarse por la vía del Programa General de Desarrollo, la Constitución de la Ciudad de México y ahora por la Ley de Vivienda, «a mí no me van a engañar, habrán otros que se dejarán llevar por otras voces, a mí no me hablen de intenciones, el artículo 94 es muy claro y ahí existe una inconstitucionalidad gravísima».
Hizo un llamado a la sensibilidad y buena voluntad del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para vetar la ley, y replantearla desde cero, para integrar a grupos interesados, sociedad civil y constructores.
«Estoy a favor de la Ley de Vivienda, de la vivienda popular, pero no este tipo de reformas que en realidad pareciera que están escondiendo populismo, a costa de los que siempre pagan impuestos, y los que están intentando hacer un patrimonio en su vida», indicó.
Asimismo sentenció que si el poder político no participara para reformar sus propias leyes, «vamos a acabar con un control judicial. Ante abusos de autoridad e inconstitucionalidades de este tipo, el Poder Judicial de la Federación (PJF) tendrá que intervenir, vía juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias inconstitucionales».