Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al secuestro, afirma que las reformas a la Ley de Víctimas aprobadas este día en la Cámara de Diputados, son un retroceso y una simulación al decir que se va a atender a las víctimas del delito, pero está siendo elitista y es inequitativa.
En entrevista para el espacio de José Cárdenas, explicó que la citada Ley es inequitativa, porque mientras a las víctimas del delito les exigen una sentencia condenatoria, es decir, «que tenga un juez una sentencia condenatoria, donde diga que condena la reparación del daño, sólo así tendrá derecho la víctima del delito a ir por una reparación del daño a la Comisión Ejecutiva».
En cambio, dijo, «los que les violan los derechos humanos, en un 90 por ciento es gente imputada, gente que de alguna manera dañó a la sociedad, pero no le pudieron comprobar el ilícito, no hubo prueba suficiente y ahí con una simple recomendación, de cualquier comisión, ya sea nacional o internacional o por una institución de derechos humanos, les van a dar una compensación».
Miranda de Wallace apuntó que a estos últimos no les ponen límites, pues le han pagado entre cuatro y cinco millones de pesos, mientras que a las víctimas del delito el máximo al que tienen derecho es a un millón 40 mil pesos, es decir «los meten a la misma bolsa pero con reglas diferentes».
Agregó que a quien ya fue lastimado por un delincuente, el ciudadano al que el gobierno no le prestó la protección, le siguen revictimizando en esta ley.
«Es una simulación de ley, porque lo que están haciendo es tener dos mil millones de pesos, para cuando el Estado viole Derechos Humanos y esa sea la caja por la que estén pagando estas violaciones en que incurre el gobierno, pero no es víctima del delito», subrayó Miranda de Wallace.
Recordó que cuando la diputada Lia Limón García, del PVEM, «podrá atraer algún caso, va atraer los casos relevantes, como los que sacan en los medios, pero no va a ser el común denominador del 90 por ciento de los ilícitos que se cometen en los estados.
«Actualmente, sólo seis comisiones en los estados cuentan con un fondo minino, en cuatro años nunca logró la lay que teníamos vigente, que obligara a los estados a que atendieran a las víctimas. Hoy tampoco la vana obligar porque no existe una pena para que puedan repercutirles el gasto, es decir solo le van a repercutir el gasto a aquellos a quienes decidan atraer el caso y que los tenga que indemnizar la Comisión Ejecutiva».
Finalmente, lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto haya empeñado su palabra en una propuesta que Alto al secuestro hizo en el mes de enero para las víctimas. «Él prometió que les iba dar protección; el Presidente Enrique Peña Nieto dijo que iba a proteger a las víctimas, y hoy tanto el Senado como la Cámara de Diputados de su partido, traicionaron la palabra empeñada del presidente Peña Nieto».