En Guerrero “hay un problema muy dramático” en el tema de las desapariciones, aseguró el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, Jab Jarab.
En conferencia de prensa, Jarab reveló que en una reunión que sostuvieron el martes 6 con el secretario general del Gobierno guerrerense, Florencio Salazar Adame, y con el fiscal general Xavier Olea Peláez, le entregaron un informe que indica que de enero de 2013 a la fecha se han registrado 409 casos de desaparición en los municipios de Acapulco, Iguala y Chilapa.
El hecho de que haya “150 desaparecidos en tres años en un solo municipio, sí es un problema dramático”, apuntó, de acuerdo con información publicada en el diario El Sur.
Luego de dos días de labores en una “misión conjunta” con el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH, Ismael Eslava Pérez, el representante de ONU-DH calificó como “muy preocupante” la información que recibieron del gobierno guerrerense, en el sentido de que entre octubre de 2015 y noviembre de 2016 tiene contabilizados 2 mil 428 homicidios dolosos.
Añadió: “Hay un problema muy dramático, vamos a hacer todo para que se multipliquen los esfuerzos auténticos para resolver y dar certidumbre a las familias, es una de las cosas más tristes escuchar que las personas quieren saber si su familiar está muerto y dónde se encuentra su cuerpo”.
Y dijo que las desapariciones y los obstáculos en las instancias de justicia que encuentran las familias no deberían de existir.
Al término de su gira de trabajo en la ciudad de Chilapa, donde se reunieron con unos 50 familiares de desaparecidos, el representante de la ONU-DH y el primer visitador de la CNDH informaron que la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE) no cuenta con los recursos humanos y materiales para enfrentar la preocupante situación en materia de violación a los derechos humanos en la entidad.
Los organismos documentaron que las familias de las víctimas no tienen acceso a la justicia, que hay desplazamientos forzados en zonas controladas por el crimen organizado y que prevalecen reiteradas amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Fuente: Proceso