El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, confirmó que interpusieron denuncias penales en la Fiscalía General del estado, en contra de cuatro titulares de Juntas de Conciliación y Arbitraje por llevar a cabo juicios laborales a modo y despojar de sus bienes a empresarios, ejidatarios y particulares en los municipios de Cancún y Tulúm, además, dijo, por estos hechos también se investiga al exgobernador Roberto Borge.
En entrevista para el espacio de José Cárdenas, el mandatario indicó que se han presentado varias denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la venta irregular de terrenos propiedad del estado, que eran parte de la reserva territorial de Quintana Roo por mil 500 hectáreas, mismas que fueron vendidas a un precio muy por debajo de su valor comercial.
«Hace una semana se hizo la presentación de estas denuncias en el Ministerio Público local, por malos manejos en las juntas de Conciliación y Arbitraje que había sido una forma que se utilizaba para hacerse de tierras y enajenar algunos terrenos que no tenían por qué quedarse con ellos, hacían algunas acciones que iban encaminadas a generar juicios laborales falsos y luego permitían que se tomarán estas tierras como parte de un embargo, eso era parte de un sistema de corrupción que se ha llevado en Quintana Roo», explicó el mandatario estatal.
Indicó que este día, presentó al igual que todo el gabinete del gobierno estatal, la declaración 3de3, como una muestra de la lucha contra la corrupción que se pretende realizar en su administración.
«Estaremos presentando algunas denuncias más derivadas de las conclusiones de auditorías que estamos realizando en diversas dependencias del gobierno del estado y también serán denunciados ante las autoridades correspondientes», agregó Carlos Joaquín González.
Señaló que los delitos que se les imputan a los funcionarios investigados son desvío de recursos, abuso de autoridad, adquisición y procesos de licitación amañados, entre otros temas que han revelado las auditorías y revisiones.
Carlos Joaquín González apuntó que tras las denuncias, el gobierno del estado como el Congreso hizo un llamado para solicitar un arraigo en contra de los funcionarios y evitar que evadan a la justicia; «sin embargo, hasta el momento no tenemos ninguna comunicación oficial que responda a esta situación».
Concluyó que la renuncia del fiscal general de Quintana Roo, Carlos Arturo Álvarez Escalera, designado por el exgobernador Roberto Borge, la semana pasada, «es parte de los trabajos que llevamos a cabo en este proceso de blindaje durante el proceso de transición que, evidentemente, buscaba mantener este sistema de impunidad y que afortunadamente hoy esto ha terminado».