La Suprema Corte, empujada por el PRD y Morena, enfrenta un dilema preocupante.

El próximo lunes, el máximo tribunal podría determinar la obligación que deberían acatar los medios de comunicación para dar cabida al derecho de réplica de ciudadanos, políticos y funcionarios, ante informaciones periodísticas que éstos consideren atentatorias a su honra, imagen e intereses.

Dicho de otro modo, la libertad de expresión quedaría coartada por la libertad de replicar no sólo cuando algún aludido sufra a causa una falsedad o inexactitud informativa, sino también cuando lo revelado sea absolutamente veraz, pero resulte infamante a juicio del quejoso.

Qué peligroso resulta confrontar el respeto absoluto a la libre expresión con la imposición de condiciones rigurosas a los contenidos informativos en los medios de comunicación, derecho que no debería ser coartado, más allá de los límites que marcan la Constitución y los tratados internacionales.

El derecho de réplica –si se aprueba el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán– limitaría el ejercicio periodístico profesional a una barandilla burocrática interminable. “Sería regresivo; daría lugar a innumerables abusos y supondría un debilitamiento del ejercicio periodístico (con tufo de censura); habría una ola de demandas de quienes suelen sentirse agraviados por todo tipo de información desfavorable, lo cual desalentaría la labor de escrutinio de la prensa sobre los personajes públicos, en detrimento del derecho a la información”, argumenta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),  organización que agrupa a más de mil 300 publicaciones.

Concesionarios de radio y televisión, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, periodistas y especialistas han expresado su rechazo al proyecto del ministro Pérez Dayán, que debe leerse como una respuesta a acciones de inconstitucionalidad promovidas hace un año por el PRD y Morena contra la ley reglamentaria del artículo 6º. Constitucional. Ambos partidos de izquierda señalan que las actuales disposiciones quedan cortas porque limitan el derecho de réplica solo a la información falsa o inexacta y que este privilegio debe ampliarse cuando el aludido las considere dañinas.

Si esta amplia consideración de que toda información puede ser materia de réplica, queja o querella, la exigencia de reparación del daño prosperaría y los replicantes ocuparían permanentemente los espacios informativos. Se convertirían en virtuales copropietarios de los mismos de acuerdo con sus caprichos, en perjuicio de la libertad de expresión y el derecho de audiencias y lectores a la información contundente, punzocortante, maciza… y precisa.

Ese es el riesgo.

EL MONJE AZULADO: Ricardo Anaya siente lo duro… y lo tupido. La vida maravillosa del ‘joven maravilla’ podría quitarle el sueño de unas alas que lo lleven volando al mayor de sus anhelos. Anaya, y su vida familiar de rey finsemanero –exhibida por EL UNIVERSAL– cuadran más con la máscara de tiranuelo que le achacan sus colegas de partido que con su disfraz de niño bueno; aunque el Tribunal Electoral diga –por ahora– que Anaya no es gandaya, ni canalla…