La búsqueda del mexicano Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz que se convirtió en fugitivo el mes pasado después de haber sido acusado de saquear miles de millones en dinero de los contribuyentes, está cerca de finalizar, según el procurador general de México, Raúl Cervantes.

Duarte desapareció hace un mes y está, o estuvo recientemente, en el estado de Puebla, dijo el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.  Por un tiempo, se dijo que Duarte se escondía en un rancho en el estado sureño de Chiapas.

¿Cómo escapó? Volando, literalmente, en un helicóptero propiedad del Estado. Llegó al helipuerto metido en la cajuela de un automóvil, según un reporte.

Sin embargo, han pasado algunas semanas desde que Cervantes dijo eso, y en ese tiempo el gobierno ha tenido que solicitar la ayuda de la población ofreciendo una recompensa.

El domingo, el gobierno se apoderó de las cuentas bancarias, negocios y propiedades del fugitivo, el tipo de esfuerzo concertado que no ha sido un sello distintivo de la justicia cuando se trata de gobernadores mexicanos.

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Porque antes de Duarte existieron Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, Jorge Torres López, Mario Villanueva, y, hasta la semana pasada, Guillermo Padrés. (Y aún hay más).

Todos gobernadores en algún momento, todos huyeron, arrastrando ruidosos cargos de corrupción que cayeron en oídos sordos.

Los gobernadores deshonestos han evadido por décadas la ley en México, ya sea a través de acuerdos concertados con las administraciones presidenciales o debido a la incapacidad de la policía para atraparlos a ellos o a sus activos, dijo Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Duarte, de 43 años, huyó tan pronto los investigadores dijeron que estaban a punto de atraparlo, generando olas de críticas por haberle permitido escabullirse bajo sus narices.

CORRUPCIÓN

«Muchos gobernadores en México son corruptos», dijo Vigil, cuyo territorio incluía México hasta su retiro en 2004, y quien escribió el libro ‘Metal Coffins: The Blood Alliance Cartel’.

«Es raro que podamos llegar hasta estos gobernadores porque muchas veces se encuentran protegidos» por la administración en turno, agregó Vigil.

Marko Cortés, coordinador de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) coincidió diciendo que el escape de Duarte «podría parecer algo que fue acordado».

En esta ocasión se suponía que sería diferente. Enrique Peña Nieto regresó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia en 2012 supuestamente sobre una plataforma anticorrupción, sin embargo los escándalos continúan.

A principios de este año, Peña Nieto llevó a la Suprema Corte de Justicia a que revocara las leyes aprobadas en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua que permitían al gobernador en turno de esos estados nominar a sus jueces y contralores.

El PRI ha reaccionado a los supuestos crímenes de Duarte expulsándolo del partido.

Flavino Ríos, quien asumió el cargo de gobernador interino en Veracruz, dijo que las autoridades del aeropuerto no sabían que existía una orden de detención de Duarte cuando ordenaron al helicóptero que lo llevara de Xalapa a Coatzacoalcos, una ciudad en Veracruz.

Promesas No Cumplidas

La fuga de Duarte hace que las promesas de Peña Nieto suenen huecas, dijo Alejandro Schtulmann, presidente de la firma consultora de riesgo político con sede en México, Empra.

«Se le permitió escapar literalmente», dijo Schtulmann. «Es increíble que nadie haya estado cuidando los movimientos de Duarte».

Tal vez no, considerando que sólo el dos por ciento de los crímenes cometidos en México terminan en una condena, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«El gobierno federal tuvo mucho tiempo para investigar a Duarte, y esperaron todos estos años», dijo Schtulmann, remontándose a 2013, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal contra Duarte, acusándolo a él ya otros funcionarios del uso ilegal de fondos públicos.

Luego surgieron múltiples quejas, que comenzaron hace dos años, de que Duarte había falsificado la devolución de 4 mil 800 millones de pesos (235.7 millones de dólares) de fondos malversados a su tesorería.

Funcionarios de prensa de Peña Nieto y Cervantes, el procurador general, se negaron a comentar.

Es probable que el presidente se vea afectado por la desaparición de Duarte. «El mayor golpe a Peña Nieto va a ser en próximas elecciones», dijo Schtulmann.

Golpe Al Gobierno

En junio, el candidato del PRI para reemplazar a Duarte sufrió la primera derrota del partido en las elecciones para gobernador en el estado.

El PAN, junto con partidos aliados, ganó siete de las 12 gubernaturas. La elección nacional se llevará a cabo en 2018 y, si las encuestas actuales continúan la tendencia, al presidente y su partido no les irá bien.

A raíz de los informes publicados de que la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, compró una casa a un contratista del gobierno, su nivel de aprobación se desplomó.

Aunque el presidente y su primera dama fueron exculpados tras una investigación del gobierno en 2015 y Rivera vendió la casa, la calificación de Peña Nieto se encuentra en el peor nivel entre todos los presidentes mexicanos en casi dos décadas.

Gobierno Y Cárteles

«Muchos de estos gobernadores corruptos, que roban dinero de las arcas del gobierno de sus estados o reciben dinero de los cárteles, han utilizado gran parte de ese dinero para ayudar a las campañas presidenciales», dijo Alonzo Peña, quien fue subdirector de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos hasta su jubilación en 2010 y que también trabajó como primer agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México.

«Perdieron el control, no hubo más autoridad, los cárteles se convirtieron en la autoridad», añadió.

Hernández, exgobernador de Tamaulipas, fue procesado por las autoridades estadounidenses en 2015 por lavado de dinero. Apareció el tiempo suficiente para ser visto votando allí este año, y continúa en libertad.

Yarrington, también exgobernador de Tamaulipas, dijo primero que no estaba huyendo de una investigación en Estados Unidos por lavado de dinero, y luego desapareció de todos modos. Está en libertad en la Ciudad de México, dice Vigil, a pesar de la solicitud de extradición del gobierno estadounidense.

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Padrés, exgobernador de Sonora, se entregó el 10 de noviembre para responder cargos de lavado de dinero después de estar más de un mes a la fuga. Es la única contribución a esta diáspora de fugitivos electos que proviene de un partido de oposición.

Torres López, gobernador interino de Coahuila, ha sido acusado de crímenes financieros en Estados Unidos y también es fugitivo.

Finalmente está Villanueva, alias ‘El Chueco’, exgobernador de Quintana Roo del PRI. Fue capturado en 2001, después de permanecer escondido por dos años; se declaró culpable en Nueva York en 2013 de un cargo de conspiración para lavar dinero y recibió una condena de 11 años.

Sin embargo sus bienes, que fueron incautados por el gobierno mexicano, fueron devueltos a su familia. El fiscal general del estado de Nueva York, Preet Bharara acusó a Villanueva de permitir que el Cartel de Juárez moviera cocaína libremente a través de su estado, informó la agencia de noticias Associated Press.

Todos los gobernadores que han huido han negado haber cometido delito alguno en múltiples ocasiones, aparte de Villanueva.

Duarte, el gran pez, se benefició en parte de una reciente ley que prohibía su detención hasta que hubiera una orden judicial en su contra. La policía no tenía autoridad para actuar sin ella, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y para cuando la obtuvieron, ya se había fugado.

Además de las acusaciones de desfalco, han surgido noticias que alegan que Duarte y sus asociados robaron fondos del gobierno a través de compañías falsas.

Grupos de derechos humanos lo han implicado en la muerte de periodistas en Veracruz: más de una docena fueron asesinados durante su mandato.

Él ha negado haber cometido delito alguno, y dice que algunos periodistas locales están vinculados a grupos delictivos en la mira de pandillas rivales.

Además cientos de cadáveres han aparecido en fosas comunes en todo el estado de Duarte. Aunque Duarte no ha sido acusado de asesinato, su descubrimiento pone de manifiesto lo poco que ha cambiado.

«La influencia de los gobernadores es tan profunda», dice Schtulmann, de Empra, «que son capaces de corromper todo el sistema».

Fuente: El Financiero