El senador Jorge Luis Preciado presentó el 7 de octubre una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde propone se autorice a cualquier mexicano portar armas para su defensa.
Ante el rechazo en el Senado, Preciado Rodríguez busca que su iniciativa adquiera el nivel de ciudadana, por lo que busca recaudar las firmas necesarias.
Al día de hoy, la propuesta suma 30 mil firmas de las 120 mil que requiere para que se presente como iniciativa ciudadana. Además, este miércoles encabezará un foro para discutir este tema.
El legislador explicó que propuso «una reforma al artículo décimo constitucional. Para explicarlo diré que actualmente la Constitución en su artículo 10 establece, desde hace 150 años, que las personas pueden poseer un arma en su domicilio para su legítima defensa…».
Entrevistado en el noticiero de José Cárdenas, el excandidato panista al gobierno de Colima expuso que «hay personas que las pueden portar con un permiso especial, por parte de la Secretaría de la Defensa, para traerla consigo o en su auto.»
El planteamiento de la reforma que promueve es que «ante la cantidad infinita de delitos que se están cometiendo en negocios, en los vehículos, el robo indiscriminado a domicilios, pues que se flexibilice la ley porque a pesar de que la Constitución ya lo permite, la ley sigue siendo muy restrictiva, no le dan un permiso a cualquiera.»
Consideró que «mucha gente puede estar en contra porque ignora el contenido de la iniciativa o no sabe que actualmente hay tres millones de mexicanos que tienen armas y que en esos tres millones de permisos no se ha generado ningún conflicto.»
Indicó que en la Federación Mexicana de Tiro hay 125 mil afiliados con armas y rifles «y tampoco con esas armas se ha generado un solo delito en la historia de entrega de armas. Realmente si hay una cultura de portación en el país la tuvimos por 150 años, hasta 1972.»
Aseveró que la intención de la propuesta «no es que la gente se mate entre ella, ni que la gente sustituya la policía. Lo que estamos planteando es que ante la imposibilidad de que el gobierno ponga un policía por cada ciudadano o ante la imposibilidad de llegar al lugar donde se está cometiendo un delito (…) tenga el legítimo derecho a defenderse y ese es un derecho legítimo.»