La Procuraduría General de la República no quiere queso sino salir de la “ratonera”. Ofrece recompensas multimillonarias para pescar “peces gordos”, sumergidos en aguas turbulentas de vergüenza.

Ahora toca al ex gobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington, cuya licencia para robar lleva doce años vencida, por lo cual está en la lista negra de los más buscados desde mayo de 2012, y de la que su nombre había desvanecido entre la bruma del tiempo y la desmemoria, hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos metió hilo para sacar hebra; le fueron confiscadas propiedades en Texas, adquiridas con dinero ilícito mediante prestanombres compinchísimos.

Sin duda, la presión de fuera tiene con el “canijo” pendiente al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tamaulipas, quien acusa a Yarrington de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud, en su modalidad de fomento, al haber recibido sobornos a cambio de facilitar tráfico de drogas al Cártel del Golfo y su entonces brazo armado de Los Zetas; cinco testigos protegidos empinaron al ex gobernador tamaulipeco. En febrero de 2014, la justicia le negó dos amparos, uno contra la orden de aprehensión y otro para que cesara su búsqueda en 190 países.

Antes, el 26 de mayo de 2012, el PRI despojó a Yarrington de sus derechos partidistas para taparle el “ojo al macho”. En 2005, aspiraba a contender por la Presidencia de la República… de aquellos lodos no queda ni polvo.

La buena noticia, aparentemente, es que la autoridad no ha quitado el dedo del renglón. La mala, es que la PGR, después de haber investigado sin éxito, se obliga a echar mano del último recurso, al estilo del viejo oeste: ofrecer una recompensa de 15 millones de pesos para capturar al acusado, misma cantidad ofrecida por el prófugo Javier Duarte, lo cual demuestra que la fiscalía federal anda bien despistada.

La ineficacia autoritaria es sistemática. Sólo en los casos de Mario Villanueva, “El Chueco” ex gobernador de Quintana Roo, Jesús Reyna, ex interino michoacano, identificado como caballero templario, y por otras razones Andrés Granier, de Tabasco, las instituciones han tenido éxito.

¿Tres golondrinas hacen verano?

No podemos olvidar que Tomás Yarrington fue gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, y desde aquellos tiempos de gloria y poder había evidencia de su ambición y abusos, sin embargo, las autoridades mexicanas solo se preocuparon por él hasta que el gobierno gringo le puso el ojo encima. Yarrington, sin embargo, sólo es la rama de un árbol torcido, heredero de una narcocasta maldita.

La recompensa ofrecida por PGR, ridícula para muchos, es un síntoma de la desesperación por mostrar que va en serio el combate a funcionarios criminales; ¿provoca codicia ciudadana para conseguir delatores?

De fondo, lo que está en juego es la legitimidad de un sistema acosado por políticos delincuentes; revela el apremio de generar algo de confianza entre la sociedad harta de gobernantes malhechores.

Yarrington, su sucesor Eugenio Hernández (aún no requerido por la ley) lo mismo que los Duarte, Javier (de Veracruz) y César (de Chihuahua), Borge (de Quintana Roo), Herrera Caldera (de Durango), Medina (Nuevo León) o Padrés (de Sonora), no son más que pillos de cuello sucio, de la misma estirpe a la cual pertenecen quienes roban poco.

Las ratas flacas hurtan panes, las gordas, arrasan la panadería completa.

EL MONJE SUSPICAZ: ¿Por qué tuvieron que pasar ocho años desde que Yarrington dejó el cargo hasta que se libró orden de aprehensión en su contra?… pregunta un editorial de El Universal.