César Camacho, coordinador Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, aseguró que el incidente entre el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda, y la diputada de Morena, Araceli Damián, provoca una lesión a la relación republicana entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Ello luego de que, durante su comparecencia ante comisiones en San Lázaro, el secretario se dirigió a la legisladora a quien expresó: «No estudié psiquiatría para entenderla a usted», debido a que ella le recomendó estudiar las cifras sobre pobreza que presentó durante su ponencia.
En entrevista con José Cárdenas, el priista descartó que las expresiones de Luis Enrique Miranda sean misóginas, ya que no descalifican a una mujer, sino que se trata de una reacción inesperada, «somos compañeros de militancia, pero nos parece a todas luces indebido este comentario». No obstante señaló que habrá que valorarse que el secretario reconoció su error y expresó una disculpa.
Indicó que ya que el secretario es un funcionario federal, no corresponde al Poder Legislativo censurar o reconvenir sus acciones, «no es nuestra estructura constitucional, nuestro diseño de relación entre poderes, no hay en nuestra constitución votos de censura, ni nada que se le parezca. Yo creo que estas expresiones de valor político que se vertieron este día, acreditan que, no obstante hay diferencias naturales entre las bancadas, en este tema mostramos una actitud razonablemente unánime».
Camacho Quiroz destacó que durante la Junta de Coordinación Política se tocó el tema en donde se convino que la expresión no es comedida entre las bancadas.
Camacho Quiroz reprobó la actitud de Luis Enrique Miranda, sin embargo apuntó que lo consiguiente es mantener una relación que contribuya a que el país siga adelante, legisle y haga frente a los pendientes externos.
Por otro lado, respecto a la aprobación de la reforma a la Ley de Puertos, que permite que la seguridad de estos pase a manos de la Secretaría de Marina, señaló que con ello se dota de facultades para combatir el crimen organizado, principalmente y negó que se trate de un «autogolpe de Estado».
«Es robustecer la base jurídica, con la cual las fuerzas armadas interviniendo, jugándose el todo por el todo, en la coadyuvancia con el Estado mexicano, en la investigación y persecución de delitos y delincuentes, quienes se han sofisticado, la delincuencia organizada es más transnacional que nunca y este país no se puede dar el lujo de poner en riesgo la soberanía y la estabilidad».
Camacho Quiroz sostuvo que la Ley se aprobó ante la inaplazable necesidad de contar con un marco jurídico para darle seguridad a las fuerzas armadas y a los ciudadanos, «no podemos olvidarnos que el marco en el que nos movemos es el de un Estado democrático, en donde no puede haber lugar para los caprichos, decisiones unilaterales y los excesos de la autoridades so pretexto de que están combatiendo al crimen organizado».
Descartó que con ello se violenten las garantías de organizaciones civiles, no gubernamentales, quienes también se unieron a la discusión de la reforma a la ley, «el reto, nada fácil, es respetando los derechos de las personas ser eficaces, en el combate a un flagelo o a una amenaza».
El coordinador priista se dijo a favor de que las fuerzas militares regresen a su cuartel, aunque no parece algo posible en el corto plazo, «si no logramos ser eficaz en el combate frontal al abatimiento de las maneras del crimen organizado».
Finalmente, César Camacho Quiroz reiteró «es absurdo pensarlo como un golpe de Estado, un golpe de Estado lo menos que necesita son leyes, cuando se impone por la fuerza un acuerdo se rompe el Estado de derecho, lo que se trata es hacer que todo lo que háganlas autoridades se apegue a la ley, pegándose a la ley será fiscalizable, será posible llamar a cuentas y las organizaciones tendrán un lugar como gente capacitada, representante de una sociedad civil, cuyo protagonismo nadie puede poner en duda».