Tras documentarse malos manejos de recursos públicos en la gestión de César Duarte en Chihuahua, el Gobierno de Enrique Peña debe revisar si estuvieron implicados fondos federales y, en su caso, actuar contra el ex Mandatario priista, urgieron senadores del PAN y PRD.
Armando Ríos Piter, integrante de la Comisión Anticorrupción de la Cámara alta, demandó colaboración y coordinación de parte de las instancias federales para fortalecer la investigación estatal y evitar los errores que permitieron al Gobernador veracruzano con licencia, Javier Duarte, ser hoy un prófugo de la justicia.
«El Estado mexicano debe estar atento al desenvolvimiento de estos hechos, y el Estado debe empezar a implementar elementos no mediatizados, no publicitados, no para hacer una campaña en favor de una supuesta intención de ir contra la corrupción, como ha ocurrido en el caso de Veracruz, sino que se dispongan y empleen todos los elementos para verdaderamente evitar que la pifia que ha ocurrido en Veracruz se repita en otras entidades», señaló.
En entrevista telefónica, el perredista dijo que el Gobierno federal debe prestar todos sus esfuerzos para identificar la trama de complicidades que permitió a César Duarte crear empresas fantasma para depositar millones de pesos a proveedores mediante adjudicaciones directas.
«Lo que ha hecho el área de la Función Pública local deberá ser fortalecido con información que la propias áreas nacionales puedan complementar. Para que empecemos a castigar los actos de corrupción, debemos pasar de los hechos mediáticos a las investigaciones puntuales que deslinden responsabilidades», manifestó.
REFORMA publicó hoy que la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua detectó que más del 60 por ciento del presupuesto ejercido en 2015 por la Administración de Duarte se depositó a proveedores fantasma por medio de adjudicaciones directas.
El senador Ernesto Ruffo, también integrante de la Comisión Anticorrupción de la Cámara alta, criticó que los mecanismos de vigilancia gubernamentales, tanto a nivel federal como estatal, no fueron efectivos para evitar este desfalco al dinero de los ciudadanos.
Aunque las autoridades de Chihuahua se reservaron los nombres de los involucrados en el mal manejo de recursos, el panista urgió a que se les dicte medidas cautelares una vez que se hagan las denuncias penales para evitar que en este caso también haya prófugos de la justicia.
«Debe de haber medidas cautelares al asomo de estas evidencias, que tienen que ser valoradas por un fiscal, y por el interés público debería de haber una obligación de arraigo para que estén a la mano quienes tienen que estar respondiendo a las opacidades, que las aclaren», planteó en entrevista.