El senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, aseguró que la reforma constitucional en materia de justicia laboral que desaparece las juntas de conciliación y arbitraje, dará seguridad jurídica al empresario, pero sobre todo al trabajador, en especial a aquel que por algún despido injustificado «se encuentra con coyotes a las afueras de la Junta de Conciliación y Arbitraje».
En entrevista para el espacio de José Cárdenas, comentó que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, había solicitado al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que mediante foros, escuchando a la academia, a colegios de profesionistas y a la ciudadanía, se pudiera advertir cuáles eran las preocupaciones o inconformidades en materia de justicia cotidiana.
«En el ámbito laboral se admitieron inconformidades e incluso reclamos, como incertidumbre jurídica, simulación de contratos de trabajo, desempleo provocado deliberadamente, despidos injustificados, incumplimiento en materia de salarios o de horarios de trabajo; o contra, sindicatos fantasmas, emplazamientos de huelga, sindicatos blancos, contratos de protección, todo eso que ocurre, sin generalizarlo, en muchos espacios», señaló el legislador.
Ante este panorama, dijo, la iniciativa del Presidente de la República propone modificar el artículo 107 y 123, para desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, y en su lugar establecer tribunales laborales que pertenecerán a los poderes judicial, federal y estatal.
«En el ámbito de la conciliación, en el orden federal, un órgano con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión y en su manejo interno, presidido o encabezado por una persona, mujer u hombre, que acredite capacidad, experiencia y conocimiento en el ámbito laboral, y ese órgano tendría una función exclusivamente de conciliación, cuya tarea será llevar un registro nacional de contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales y sus dirigencias», acotó.
Brugos indicó que la persona que encabece este órgano será elegido entre una terna que propondrá el Ejecutivo federal al Congreso de la Nación.
Explicó que una vez que el Senado de la República ha aprobado esta reforma constitucional, ahora deberá ser avalada por la Cámara de Diputados, después por los congresos estatales y, de tener la aprobación de la mayoría de éstos, regresa al Senado para que se promulgue y publique.
Destacó que con esta iniciativa se pretende proteger los genuinos derechos laborales de los trabajadores y de las organizaciones.
«Para que haya una organización laboral que sea seria, creíble y auténtica representante del interés laboral se va a requerir, entre otras cosas, que su dirigencia sea electa por los trabajadores da través de un voto personal, directo y secreto», con lo que se echaría abajo los «sindicatos blancos» al servicio de los patrones, apuntó Enrique Burgos.