En diez años, ningún juez federal había sido objeto de un atentado mortal, hasta que un sicario disparó a la cabeza de Vicente Bermúdez Zacarías, en calles de Metepec; la imagen es brutal.

Dos semanas antes de la muerte del Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, la víctima fue amenazada por dos sujetos; el impartidor de justicia guardó silencio ante el acoso.

Como varios otros, el Juez asesinado trabajaba con fuego; ordenó la intervención de las comunicaciones de Emma Coronel, última esposa de “El Chapo” Guzmán; frenó la extradición del líder del Cártel de Sinaloa; ordenó prisión provisional a Abigael González Valencia, “El Cuini”, cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación; negó una suspensión definitiva a Miguel Ángel Treviño Morales, líder de “Los Zetas”, dictó formal prisión contra Gildardo López Astudillo, “El Gil”, presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa…

Además, el Juez Bermúdez denunció a su antecesor, Jorge Arturo Porras Gutiérrez, y a su esposa, Mayumi Sánchez Torres, por favorecer contactos irregulares con internos del penal del Altiplano.

No pocos guardaban rencores y ánimos de venganza contra el Juez asesinado… y es ahí donde entramos a un tema de fondo.

¿O los jueces le entran a la porquería, o se mueren en un maldito segundo?

Para evitarlo, el Estado está obligado a revisar protocolos, reforzar la protección a los impartidores de justicia y ofrecerles todas las garantías posibles.

Cualquier atentado contra un Juez es un ataque contra las instituciones; vulnera el Estado de Derecho; manda el mensaje al resto de los jueces que juzgan a criminales peligrosos que más les vale torcer la ley y dejarse sobornar que perder la vida, porque nadie los está cuidando y por tanto son débiles ante el enorme poder delincuencial.

Ante la pavorosa realidad, el penalista Diego Fernández de Cevallos explica que “el juzgador debe ser valiente y honesto por naturaleza, entendiendo que con frecuencia existe el riesgo de que tales valores puedan costarle sentencias de muerte. Sin protección del Estado, el juez no tiene escapatoria, a menos que sea un suicida”, dice Diego en su acostumbrado estilo rotundo.

 

Urge resolver el caso del Juez Bermúdez para demostrar que el Estado no se doblega ante la violencia; si el crimen queda impune, será una vergonzosa victoria de la barbarie por encima de cualquier ley.

EL MONJE BRUJO: Más sabe Miguel Ángel Yunes por diablo. El gobernador electo de Veracruz pone a bailar “la bamba” a políticos, comentócratas y periodistas. Antes de que un juez federal “obsequiara” a la PGR la orden de aprehensión contra de Javier Duarte, Yunes ya había denunciado en los medios la fuga del presunto culpable. Ese “son” no lo baila el secretario de Gobernación. ¿Yunes pretende imponer agenda y de paso blindarse para evitar que el venidero día de muertos, sus propios fantasmas salgan de archivos y sepulcros judiciales, descarrilen su gobierno nonato… y le vengan a jalar las patas?