La advertencia del secretario de la Defensa Nacional, con indignación iracunda y lengua de fuego, va en serio. Fuerzas Federales no descansarán hasta que los atacantes del convoy militar sean juzgados, ¿o abatidos?

El general Salvador Cienfuegos ha declarado la guerra a la banda de sicarios asesinos, integrada en su mayoría por ex soldados, marinos, policías federales desertores y judiciales sinaloenses traidores. Será una cacería sin tregua, con toda la fuerza necesaria para atrapar a quienes el jefe militar calificó de “enfermos, insanos, bestias y criminales”.

El hecho es que “criminales al servicio del narcotráfico han vulnerado la última frontera de la seguridad nacional”, advierte el periodista Raymundo Riva Palacio.

Detrás de la retórica violenta –desusada para un funcionario de esa envergadura– debemos leer impotencia ante la debilidad institucional y una enérgica protesta de los militares que combaten a la delincuencia organizada sin una ley que proteja sus acciones en las calles, desde hace una década. También, la urgencia de evitar que la moral de la tropa decaiga ante la falta de apoyo presidencial para las Fuerzas Armadas; el presupuesto para 2017 les ha quitado 45 por ciento para la adquisición de armas, vehículos y equipo estratégico.

El maltrato presupuestal no reconoce el costo que los militares han tenido que pagar en la guerra contra el narcotráfico. En nueve años los criminales han matado a 468 soldados y herido a casi cuatro mil.

El Ejército ha sido institucional a pesar de que los gobiernos panistas de Fox y Calderón, y del priista Peña Nieto, han quedado a deber, no sólo presupuesto para recursos, sino reconocimiento como salvaguarda de la seguridad interior. Las últimas tres administraciones se han negado a reformar las leyes relativas a la seguridad nacional para proteger a las Fuerzas Armadas en el ejercicio de labores de seguridad pública que no les corresponden.

La reacción del secretario de la Defensa Nacional no solo es justificable sino entendible. No hay fecha para que el Ejército se retire de las funciones de seguridad pública asumidas ante la emergencia criminal y la negligencia, corrupción y complicidad de las policías civiles y la falta de compromiso de gobernantes de estados y municipios. No se puede negar la posibilidad de que mañana pueda llegar un Presidente que someta juicio a soldados por haber actuado como policías, violando la ley.

El Ejército está herido… y humillado; hay descontento evidente entre los jefes militares y la tropa. Eso es muy peligroso.

EL MONJE SONORENSE: La colección de pillerías en los gobiernos estatales, es absolutamente inconcebible. Empresas fantasmales en la contratación de obras públicas, infraestructura pública en la construcción de obras privadas; concesiones ilimitadas, desvíos, nepotismo, abuso de poder y excesos majaderos. Un buen ejemplo es el panista Guillermo Padrés, en Sonora, quien enfrenta algo peor que la suerte del veracruzano Javier Duarte, el quintanarroense Roberto Borge o el chihuahuense César Duarte, ovejas negras del priismo, puestos como ejemplo de la lucha tricolor moralizante. Mientras Padrés colecciona amparos, por un lado y órdenes de aprehensión por el otro, su partido hace maniobras por cobijarlo y Ricardo Anaya junto con Luis Felipe Bravo Mena, adalides panistas en la lucha contra la corrupción, hacen gárgaras de agua bendita, pero no se atreve a condenar y menos castigar al bandido blanquiazul.