Guillermina Gómora Ordóñez
Otrora poderosos, hoy los exgobernadores de Sonora, Guillermo Padrés Elías y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, están en desgracia producto de su voraz avaricia y descaro para meterle mano al erario sin pudor alguno.
En el norte del país, en 2009, Padrés prometió, durante su campaña, un “nuevo Sonora”, alejado de la sombra de corrupción, nepotismo, narcotráfico, violencia y sobornos de sus antecesores.
Sin embargo, en los primeros cuatro años de su gestión, la entidad alcanzó niveles históricos de corrupción y nepotismo, uno de sus hermanos, Miguel Padrés Elías, era conocido por cobrar cuotas de 30% a quienes buscan ganar una licitación o emprender un negocio en Sonora.
Sus excesos y malos manejos provocaron en 2014 un incremento de 53% de la deuda pública y alentaron a los integrantes de la organización civil Sonora Transparente a presentar ante la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
En la querella se dijo que Guillermo Padrés acumuló una fortuna en inmuebles, valuados en 100 millones de pesos, en cuatro años de su mandato. ¡Vaya olfato inmobiliario!
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó más de 300 observaciones por desvíos de recursos federales durante la gestión de Guillermo Padrés. Una de ellas: en 2014 donde se malversaron 41 millones de pesos del fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos; otra por más de 4 mil millones que debían ser destinados al programa de escuelas de tiempo completo, al más puro estilo de David Copperfield, “desaparecieron”.
También, en 2014, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició un procedimiento administrativo en contra del mandatario sonorense, por la construcción de una presa en su rancho Pozo Nuevo, ubicado en el municipio de Arizpe, una obra que se hizo sin los permisos correspondientes y captaba agua para su propiedad en afectación de comunidades aledañas. Un “bordo” dijo entonces Padrés, quien terminó destruyéndola.
¡Ah! Y qué tal su playa privada en San Carlos, Sonora, un lugar exclusivo para el esparcimiento de la familia Padrés; mide más de cien metros lineales y se ubica a la orilla del mar de Cortés en el lujoso fraccionamiento Vista Real, sólo pagó 7.5 millones de dólares.
Hoy prófugo, imposible disfrutarla, sus 40 amparos tramitados, de los cuales 28 ya caducaron, no le sirven para vacacionar. La PGR, lo tiene en la mira, recientemente pidió información a autoridades de Estados Unidos y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, relacionada con transferencias por 3 millones 312 mil 175 dólares que hizo la empresa Procesos Automatizados de Manufactura a cuentas del mandatario estatal y algunos de sus familiares.
Por lo que toca al veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, su exceso de confianza lo tiene en la picota; se negó a escuchar los exhortos de su entonces amigo, Enrique Peña Nieto, para abandonar la gubernatura, envalentonado afirmaba el pasado 24 de febrero que no pediría licencia, que los rumores de su salida eran parte del “folklore veracruzano”.
¡Ajá! Su suerte estaba echada y no supo retirarse.
De modo que, empezó el destape de sus tropelías, la ASF confirmó un daño al erario de Veracruz, superior a 15 mil 772 millones de pesos; la PGR investiga a Duarte y al ex tesorero de esa entidad y actual diputado local por Nueva Alianza, Vicente Guillermo Benítez, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal donde hay 35 empresas y 34 personas involucradas y desaparecidos mil millones de pesos.
En materia de inseguridad, los números son de terror, datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, revelan que en Veracruz los asesinatos y los secuestros registraron un crecimiento del 114 y 40 por ciento, respectivamente en 2015.
El estado se posicionó el año pasado como el tercer lugar nacional en denuncias de secuestro sólo detrás de Tamaulipas y Estado de México; y en lo que va de 2016 se colocó en la cuarta posición. En la entidad veracruzana se ha registrado el 10 por ciento de los secuestros en el país. Además, en el sexenio de Javier Duarte asesinaron a 17 periodistas.
Sin embargo, el defenestrado mandatario negaba que hubiera inseguridad en la entidad y presumía que habían bajado los índices delictivos y sólo se registraban “robo de frutsis y pingüinos en los Oxxos”. Bueno, hasta el caso de Los Porkys de la Costa de Oro, encubrió.
De las cientos de fosas y los desaparecidos, ni hablar, su indolencia colocó a los jóvenes de Veracruz en situación de alto riesgo. La Fiscalía General del estado tiene registradas 950 denuncias por desaparición, entre ellas 699 correspondientes a jóvenes de entre 15 y 29 años cuyos casos no han sido resueltos en los 6 años del gobierno de Duarte. La PGR ubica a Veracruz como el primer lugar nacional en desapariciones forzadas, por encima de Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa.
En lo que va del sexenio se han tenido que abrir en total 2 mil 68 averiguaciones previas por igual número de jóvenes desaparecidos, de los cuales sólo localizaron vivos a mil 250. El caso Tierra Blanca a principios de año con 5 adolescentes levantados por 11 policías involucrados, es una muestra fehaciente del mal gobierno de Javier Duarte.
¿Se aplicará la ley a estos ex mandatarios del PAN y del PRI? El gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene la oportunidad de reivindicar el Estado de derecho, tan ausente en esta época.
@guillegomora