Estos decretos anuncian además el cierre de 15 medios de comunicación, en su mayoría prokurdos, y la supresión de las elecciones para el rectorado en las universidades. A partir de ahora será el presidente Recep Tayyip Erdogan quien elija a los rectores entre los candidatos seleccionados por el Consejo de Enseñanza Superior (YÖK).
Turquía se encuentra en estado de emergencia desde el intento de golpe de Estado. Las autoridades turcas acusan a Fethullah Gülen, un predicador exiliado en Estados Unidos, de haberlo instigado; él lo desmiente.
Desde el 15 de julio, más de 35 mil personas fueron detenidas en Turquía y decenas de miles de profesores, policías y magistrados, despedidos o suspendidos de sus cargos.
Estas purgas preocupan a los aliados occidentales de Turquía y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que temen que el estado de emergencia vigente sirva de excusa para reprimir a la disidencia.
Erdogan afirmó el sábado que su gobierno someterá al Parlamento el restablecimiento de la pena de muerte.
Las autoridades turcas afirman, por su parte, que las medidas de excepción tomadas durante el estado de emergencia son necesarias para eliminar los riesgos de sedición, y enfrentarse a la doble amenaza «terrorista» del grupo Estado Islámico (EI) y del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).
En una reacción al cierre de los medios de comunicación prokurdos anunciada por decreto, el jefe de filas del Partido Democrático de los Pueblos (HDP, prokurdo), Selahatin Demirtas, declaró: «pronto, todas las cadenas de televisión retransmitirán en directo cada vez que Erdogan tosa».