Gabriel Casillas
La semana pasada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a la Cámara de Diputados el “Paquete Económico 2017”, que consta de tres documentos: (1) Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), que son los supuestos sobre las variables macroeconómicas más relevantes, con los que se proyectan tanto los ingresos, como algunos gastos. El pronóstico de crecimiento del PIB, así como el precio del petróleo proyectado y la estimación sobre el tipo de cambio se encuentran entre los supuestos más importantes; (2) la iniciativa de Ley de Ingresos, que contiene las proyecciones sobre los ingresos que va a obtener el gobierno; y (3) el proyecto de Presupuesto, que es la propuesta sobre los gastos que llevará a cabo el gobierno en el año fiscal 2017.
El proceso de aprobación de parte de los legisladores tiene tres fechas importantes hacia delante: (1) 20 de octubre, la fecha límite que tiene la Cámara de Diputados para aprobar la Ley de Ingresos, para que posteriormente sea turnada a la Cámara de Senadores; (2) 31 de octubre, la fecha límite para que nuestros senadores aprueben (o rechacen) la propuesta de ingresos que enviaron los diputados. Cabe mencionar que si en cualquiera de las dos cámaras el plazo límite se vence, el Ejecutivo puede solicitar una prórroga ante el Congreso siempre y cuando no exceda del 31 de diciembre del presente año, de acuerdo con lo señalado en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 74 de nuestra Carta Magna; y (3) 15 de noviembre, fecha límite que tiene la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos 2017.
Voy a dedicar el resto de esta columna a comentar sobre cuatro aspectos de la propuesta de presupuesto que entregó la SHCP a nuestros legisladores:
(1) Los supuestos son realistas e inclusive conservadores. Destaco no sólo el pronóstico de PIB entre 2 por ciento y 3 por ciento, sino la plataforma de producción de petróleo por debajo de los dos millones de barriles diarios. Esto marca una diferencia con los paquetes de años pasados que incorporaban supuestos más difíciles de lograr;
(2) En mi opinión, el recorte que se propone al gasto tiene dos temas clave: (a) Por un lado, permite lograr las tres metas a las que se habían comprometido: (i) Déficit cero para el 2018, excluyendo Pemex y CFE; (ii) superávit primario para el 2017; y (iii) detener la trayectoria ascendente de la deuda e inclusive, si las cosas llegaran a salir ligeramente mejor, la deuda (como porcentaje del PIB) podría empezar a disminuir tan pronto como en el 2017; y por otro lado (b) el recorte propuesto de 239.7 mil millones de pesos (mmdp) es sobre el presupuesto aprobado para el año fiscal 2016, por lo que si tomamos en cuenta los esfuerzos que el gobierno federal llevó a cabo con los recortes anticipados anunciados en febrero de este año (132.3 mmdp), así como en junio (31 mmdp), el recorte efectivo que queda por llevar a cabo en 2017 es de 76.4 mmdp. Así, el esfuerzo de consolidación fiscal propuesto para el año que entra es menor que el de 2016, en donde se podrán alcanzar metas fiscales mejores a las que se habían comprometido, pero sin tener un impacto tan negativo en el crecimiento de la economía;
(3) La deuda ya incorpora la absorción de pasivos laborales relacionados a pensiones de Pemex y CFE -que suman alrededor de 340 mil millones de pesos-, una deuda que estaba en el horizonte, pero que administraciones anteriores no habían reconocido. En este sentido, reitero que veo muy posible que la deuda pueda empezar a disminuir –como porcentaje del PIB-, tan pronto como en 2017; y
(4) Con esta propuesta de paquete económico, considero que la calificadora Standard and Poor’s -que recientemente modificó la perspectiva de deuda soberana de México de ‘estable’ a ‘negativa’-, no degradará la calificación de México y anticipo que durante su periodo de evaluación de 24 meses, volverá a caracterizar la perspectiva como ‘estable’. Esto debido a que S&P justificó principalmente la modificación de su perspectiva a la posibilidad que observan ellos que la deuda gubernamental pueda alcanzar un nivel de 48% del PIB para 2018, que con lo que el gobierno federal está proponiendo llevar a cabo, no va a suceder.
En resumen, considero que el paquete económico 2017 es realista y orientado a recortar gasto, con un compromiso firme de consolidar las finanzas públicas, más allá de lo que el gobierno se había comprometido anteriormente.
*El autor es Director General Adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte.
Twitter: @G_Casillas