De aprobarse en sus términos el presupuesto 2017, los canales 11 y 22, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Radio Educación tendrían otro recorte importante en su gasto. El castigo presupuestal o desprecio a los medios públicos ha caracterizado al gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras los recursos en imagen (publicidad gubernamental) en medios comerciales prevalece casi sin cambios.
El ajuste del cinturón, como consecuencia de menores ingresos petroleros y poco crecimiento de los ingresos tributarios, no ha sido parejo. Recuérdese, por ejemplo, el escandaloso e irracional gasto de alrededor de ¡27 mil millones de pesos! destinados a la compra y distribución de televisores digitales para concretar el apagón analógico de la televisión.
Estos recortes afectan proyectos significativos para la producción de contenidos de calidad. Por ejemplo, la semana pasada Radio Educación informó que postergará, hasta algún día, la realización de la Bienal Internacional de Radio, el principal foro de análisis, intercambio y reconocimiento de producciones radiofónicas de México y América Latina, que estaba por hacer realidad su edición 11 en los primeros días de octubre de este año. La bienal de radio fue un proyecto que desde Radio Educación impulsó la doctora Lidia Camacho, actual directora de la Fonoteca Nacional, en 1996. Veinte años después, deciden en la práctica cancelarlo.
Veamos algunos números. Canal 11 tuvo en 2013 un presupuesto de 643 millones de pesos, en 2014 bajó 30 millones para quedar en 612 millones. En 2015 conservó los mismos 612 millones de pesos, pero en 2016 tuvo un bajón impresionante: 482 millones de pesos y para el 2017 serían 419 millones de pesos. En cuatro años disminuyeron sus recursos en 224 millones de pesos. Entre el 2016 y 2017 será un recorte de 13 por ciento.
Situación parecida ocurre en Canal 22. En 2013 su presupuesto fue de casi 232 millones de pesos, en 2014 disminuyó 30 millones de pesos para situarse en 201 millones de pesos. En 2015 se decidió mantenerlo con el mismo presupuesto de 201 millones, pero en 2016 le quitaron nueve millones de pesos para quedar en 192 millones de pesos. En 2017 se prevé sean 170 millones de pesos. El recorte en estos años llegaría a 62 millones de pesos. La disminución entre el 2016 y 2017 sería de más de 11 por ciento.
Al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, producto de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se le destinaron en 2016 casi 427 millones de pesos, que fundamentalmente se usaron para ampliar su red en el país, así como para producir y adquirir producciones. Para el 2017 el recorte sería brutal: de 200 millones de pesos, para quedar en 227 millones, es decir, un 47 por ciento menos.
El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) tuvo un presupuesto de 211 millones de pesos en 2013, de 191 millones en 2014 y de 183 millones en 2015. Para el 2016, a diferencia del resto de los medios públicos, se le autorizó un incremento a 234 millones de pesos. En el 2017 se prevé le quiten unos 61 millones para quedar en 173 millones de pesos, lo que representaría 26 por ciento menos con respecto al año anterior.
En el caso de Radio Educación, en 2013, su presupuesto fue de 97.7 millones de pesos, en el 2014 de 92.3 millones de pesos, en 2015 de 85.2 millones de pesos y en 2016 de 79.6 millones de pesos. Para 2017 se considera un recorte más, de unos tres millones de pesos, para quedar en 76.3 millones. La diferencia entre el 2013 y 2017 es de más de 21 millones de pesos, casi una cuarta parte del presupuesto contemplado al inicio de esta administración.
En contraste con el trato hacia los medios públicos, otras dependencias se despachan con la cuchara grande en gastos de la publicidad oficial, a través de las oficinas de comunicación social. Por ejemplo, Presidencia de la República tuvo en 2014 un presupuesto de casi 117 millones de pesos en este rubro, en 2015 de 119 millones de pesos (dos millones más), en 2016 aumentó a 156 millones (37 millones adicionales entre un año y otro). Para el 2017 sólo bajaría 2 y medio millones de pesos, al ejercer 153.4 millones de pesos.
Otra dependencia clave, la Secretaría de Gobernación, tuvo un presupuesto de casi 181 millones de pesos en 2016 y para el 2017 se prevé un aumento de unos tres millones para quedar en 184 millones.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que se lamenta de no cumplir con la promesa presidencial de tener más puntos de acceso a internet en instalaciones públicas por el recorte de 26 por ciento a su presupuesto general, sí contará en cambio con más dinero para imagen: de 120.4 millones de pesos en 2016 pasará a 131.5 millones en 2017, lo que implica más 11 millones adicionales entre un año y otro. Incongruencias.
Y los ejemplos continúan.
Ante este panorama, queda claro que el gobierno federal está preocupado por su desgastada y lastimada imagen, pero recurre a la misma estrategia: mantener el costoso gasto de publicidad gubernamental a costa de otros proyectos (como los medios públicos) para incidir -en ocasiones sin éxito- en las líneas editoriales de medios de comunicación comerciales, mientras nos acercamos a la carrera por la presidencia y la renovación del Congreso en el 2018. La añeja promesa del presidente Peña Nieto de regular y transparentar la publicidad oficial o gubernamental (artículo 134 constitucional) sigue sin cumplirse. Y esto es algo malo que casi no se cuenta, pero cuenta mucho y que, además, nos cuesta mucho a los mexicanos.