El contralor General del gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo, aseguró que Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, posiblemente incurrió «en actos ilegales y al margen del estado de derecho» al exigir a sus empleados hasta el 30 por ciento de sus sueldos para destinarlos a la operación de supuestos programas sociales o a la organización de cajas de ahorros para posteriormente invertirlos en la presunta compra de materiales faltantes en la demarcación.
Ante cuestionamientos en su comparecencia por el vicecoordinador del grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y actual presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, Raúl Flores, Rovelo señaló que la Ley Orgánica «no otorga facultades a las delegaciones para administrar cajas de ahorro, y que la determinación de sueldos y salarios es competencia única de la Oficialía Mayor, por lo que jurídicamente no es procedente la generación de cajas de ahorro en la delegación».
«Respecto a algunos servidores públicos de la delegación Cuauhtémoc que aportan de manera voluntaria hasta el 50 por ciento de sus salarios para destinarlo a la operación de programas sociales, eso no es posible, solo Layin (el alcalde nayarita, famoso por sus desplantes), repartiendo billetes en alguna feria de alguna parte del país lo hace, pero eso no es correcto jurídicamente», ironizó.
Lo anterior, luego de que el diputado local recordara la serie de anomalías que han surgido a raíz de que el pasado 15 de septiembre el ex director jurídico y de gobierno de Ricardo Monreal, Pedro Pablo de Antuñano, fuera detenido con 600 mil pesos en efectivo sin que pudiera explicar su procedencia, y sólo pudo argumentar que ese recurso era parte de un donativo para una fundación o asociación civil.
Rovelo dijo que de conformidad con los artículos 104 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, y 303 y 325 del Código Fiscal, «los donativos en efectivo que reciban las dependencias, órganos desconcentrados, asociaciones y entidades deberán siempre enterarse a la Tesorería de la Ciudad de México, y los servidores públicos, en estricto cumplimiento al principio de legalidad, tienen que hacer lo que la ley determina».
Fuente: MVS